La fertilización asistida será regulada por ley

Sin ninguna ley que regule la actividad, las técnicas de fertilización asistida se practican en nuestro país desde hace más de 20 años. Sólo en la Capital funcionan alrededor de diez centros que cobran entre 7000 y 10.000 pesos por la realización de estos tratamientos. Sin embargo, hasta el momento no existe un marco legislativo que los contenga.

Ahora, con el fin de resolver una gran cantidad de dilemas éticos, bioéticos, jurídicos, religiosos y hasta de la técnica misma, en el Senado de la Nación hay tres proyectos que comenzaron a discutirse en las comisiones de Salud y Deporte, Legislación General, y Población y Desarrollo Humano. Pero con el fin de contemplar las distintas opiniones y antes de configurar un proyecto de ley definitivo, el martes último se realizó la primera de una serie de reuniones que tendrán lugar en el recinto parlamentario hasta septiembre.

En concreto, se trata de las iniciativas propuestas por las senadoras nacionales Luz Sapag (Movimiento Popular Neuquino), Adriana Bortolozzi de Bogado (Frente para la Victoria, Formosa) y Haide Giri (PJ Córdoba), quien presidiría la Comisión de Salud luego del traspaso de la senadora Alicia Kichner a la cartera de Desarrollo Social.

Entre algunos de los aspectos más importantes que se mencionan en los proyectos, y que debido a la ausencia de una legislación nacional han generado varios conflictos desde el inicio de estas prácticas, figuran:

• la donación de células germinales (óvulos y espermatozoides) por parte de terceros;

• la transferencia al útero, en un solo acto, de un número de ovocitos a criterio del profesional;

• la aceptación de la criopreservación de embriones para su reimplantación o adopción prenatal;

• el reconocimiento jurídico de la maternidad biológica a quien llevó adelante el embarazo,

• y diversas posturas que generan polémica vinculadas con el reconocimiento de la condición humana, la integridad física, el derecho a la familia y al conocimiento de los padres.

"En líneas generales, los tres proyectos se acercan bastante a las necesidades que hoy plantea nuestra sociedad. Pero todavía es necesario discutir varios puntos, como por ejemplo que ninguno de los textos actuales define la esterilidad como una enfermedad, lo cual debe ser contemplado por la ley", dijo a LA NACION el doctor Claudio Chilik, director de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, que el martes último participó en el Senado de la primera Mesa sobre Aspectos Técnicos, donde también disertaron reconocidos expertos en la materia.

Embriones congelados

Para el doctor Sergio Pasqualini, director de Halitus, "regular la actividad puede ser muy útil siempre y cuando la ley no sea restrictiva, es decir que no les quite chances a los resultados que la técnica puede ofrecer". En este sentido, el experto considera que "ningún profesional que hoy realice estas técnicas puede estar en contra de la criopreservación de embriones, una herramienta clave para que la pareja, ante un eventual fracaso, pueda requerir una nueva implantación".

Sobre este punto, el proyecto de Sapag (y con muy pocas diferencias con respecto a las otras dos propuestas) establece que, si existieran embriones supernumerarios, quedaría permitida su criopreservación en orden de evitar un embarazo múltiple. "Los embriones criopreservados se podrán guardar en ese estado hasta un período de cuatro años. Vencido el plazo, los padres biológicos, una vez notificados, deberán aceptarlos o autorizar la disposición judicial de éstos para su adopción prenatal, perdiendo en este último caso todos los derechos sobre los embriones cedidos", menciona el texto.

Pero éste es uno de los temas que despiertan la polémica, ya que se vincula directamente con la discusión sobre el momento en que se inicia la vida y en que existe la condición de persona. "La ley debe prohibir el congelamiento de embriones como resultado de tratamientos de fertilización asistida. Es un gravísimo atentado contra los derechos de la persona, que es reconocida como tal en el inicio de la fecundación", afirma Fernando Toller, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad Austral.

Según un estudio sobre la regulación en los países europeos, las leyes vigentes en España y Gran Bretaña otorgan el estatuto de persona al embrión a partir del día 14 después de la fecundación, y de ello se deriva la permisividad respecto a la experimentación en embriones in vitro. Y sólo la ley noruega prohíbe de forma expresa la donación de embriones, permitiendo su criopreservación durante un período inferior a 12 meses y con el único fin de ser transferidos.

El doctor Sergio Provenzano, jefe del Departamento de Ginecología del Hospital de Clínicas, cree necesario, aunque no esté contemplado en los proyectos, que la regulación fije un tope para la transferencia de ovocitos: "Tanto para evitar los embarazos múltiples como para prevenir riesgos en la mujer, no deben transferirse más de tres. Y ése será el límite permitido en los tratamientos que, a partir de octubre, realizaremos en el hospital. Será la primera experiencia en el país en un centro público, y con valores inferiores a los 2000 pesos".

Donación de óvulos

En la Argentina, la donación de óvulos (y de espermatozoides) es una práctica en aumento. Y los centros que la emplean afirman que se utiliza en un porcentaje que varía entre el 15 y el 30% de los tratamientos. Pero uno de los motivos manifiestos de los donantes, además de un fin solidario, tiene que ver con lo económico, ya que en compensación por los gastos en los que incurren durante el tratamiento reciben entre 500 y 1000 pesos por donación.

Pero en el artículo 11 del proyecto presentado por Haide Giri se detalla que "la donación de gametos es un contrato gratuito, escrito y secreto, concertado entre el donante y el centro autorizado".

Por Por Soledad Vallejos <br/> De la Redacción de LA NACION

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