La fiscalía cambió la carátula del derrumbe de Parque Patricios e imputó a los dueños de la constructora
La causa pasó a investigarse como estrago culposo agravado; entre los acusados figuran directivos de Cosud, responsables técnicos, directores de obra y funcionarios del Banco Hipotecario por presuntas fallas estructurales y omisiones de control
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LA NACION
A casi dos meses del derrumbe ocurrido en el complejo habitacional Estación Buenos Aires, en el barrio porteño de Parque Patricios, la Justicia dio un giro clave en la investigación. La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 31 reformuló la carátula del expediente e imputó penalmente a los dueños y directivos de la empresa constructora Cosud, junto con una extensa nómina de responsables técnicos, directores de obra y funcionarios vinculados al control del proyecto.
La fiscal María del Rosario Selvatici resolvió que el hecho sea investigado como estrago culposo agravado por haber generado peligro para la vida, una calificación provisoria que eleva la gravedad del caso y amplía el alcance de las responsabilidades bajo análisis. La decisión surge de un decreto en el que la fiscalía fijó nuevamente el objeto procesal de la causa y detalló, de manera exhaustiva, las conductas que se atribuyen a más de veinte personas físicas.
El expediente tiene como eje el colapso parcial de la losa de planta baja sobre el estacionamiento del primer subsuelo del Sector 2 del complejo, ocurrido el 3 de marzo, cerca de las 4.45 de la madrugada. El derrumbe provocó la evacuación total de las 171 unidades habitacionales, la clausura preventiva del edificio y una serie de operativos de emergencia que involucraron a la policía, Bomberos y el SAME.
Según la hipótesis fiscal, el colapso no fue un hecho imprevisible sino la posible consecuencia de una acumulación de falencias técnicas y omisiones sostenidas en el tiempo. Entre los puntos centrales, se investiga la existencia de vicios estructurales en la ejecución de la obra, una sobrecarga indebida sobre la losa colapsada y la ausencia de un sistema de drenaje eficaz en el patio central que se encontraba sobre ese sector.
Además, la fiscalía sostiene que la empresa y los responsables técnicos desatendieron durante años reclamos documentados por filtraciones y problemas estructurales, algunos de los cuales datan de 2022 y fueron canalizados mediante cartas documento y correos electrónicos formales. Esas advertencias, según la fiscalía, no habrían sido atendidas de manera adecuada antes del derrumbe.
Entre los principales imputados figuran Rudi Guido Boggiano Leupolt, presidente del directorio de Constructora Sudamericana S.A. (Cosud); Carlos Rubén Bertrán, vicepresidente; Néstor Raúl Caputo y Martín Cittadini, directores de la firma; además del apoderado Carlos Alberto Rochi, la arquitecta Mónica Fabiana Rzepa, en su rol de representante técnica, y Julio Momo, jefe de obra. A todos ellos se les atribuye haber ejecutado el Sector 2 del complejo con defectos estructurales en la losa que finalmente colapsó y haber autorizado o tolerado una sobrecarga incompatible con el diseño original.
La imputación también alcanza a los responsables del área de postventa de la constructora. En ese tramo de la investigación, la fiscalía puso el foco en tareas de perforación e impermeabilización realizadas poco antes del derrumbe sobre una losa que ya presentaba filtraciones y cuyo compromiso estructural era conocido. Esas intervenciones, según el decreto, se habrían ejecutado sin un proyecto técnico previo ni órdenes de trabajo formales.
Otro capítulo relevante del fallo involucra a quienes tuvieron a su cargo la dirección y el control de la obra. Están imputados directivos y técnicos de las firmas encargadas de esa función, a quienes se les reprocha haber omitido el control adecuado de la ejecución conforme al proyecto estructural y haber aprobado tanto la recepción provisoria como la definitiva de una obra que ya presentaba defectos significativos. La fiscalía señaló, además, que esos problemas no fueron informados en los reportes mensuales elevados al Banco Hipotecario.
En ese punto, la investigación también avanzó sobre el rol del Banco Hipotecario, en su carácter de fiduciario del programa Procrear. Fueron imputados varios de sus apoderados y funcionarios por un presunto incumplimiento del deber fiduciario de control de la obra, pese a haber tomado conocimiento documentado de las filtraciones y del compromiso estructural del sector que colapsó. En particular, se cuestiona la firma del acta de recepción definitiva cuando los problemas aún no habían sido resueltos.
La lista de imputados se completa con el ingeniero responsable del diseño estructural del Sector 2, cuya memoria de cálculo será sometida a análisis pericial para determinar si contemplaba correctamente las cargas reales y si el recubrimiento de los hierros era adecuado para las solicitaciones que debía soportar la losa.
Además de definir las imputaciones, la fiscalía ordenó una megapericia técnica interdisciplinaria. Para ello, solicitó la intervención de la Universidad de Buenos Aires, que deberá aportar ingenieros civiles, estructuralistas especializados en hormigón armado, un ingeniero hidráulico y arquitectos legales. El objetivo es evaluar, entre otros puntos, la adecuación del diseño original, el impacto de las perforaciones posteriores, la eficacia del sistema de drenaje y si el derrumbe era previsible y evitable.
La decisión también formalizó la situación procesal de todos los imputados, a quienes se notificó de la causa en su contra y se les garantizó el derecho a designar defensor. Además, se los habilitó a proponer peritos de parte y a participar en las medidas de prueba.
La causa judicial avanza en paralelo a los trabajos técnicos en el edificio, que permanece bajo investigación y con sectores aún clausurados.
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