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La Justicia quiere escuchar la opinión de un niño de 7 años antes de decidir su adopción
Hace cinco años que está en guarda provisoria; una cámara ordenó que se lo cite
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PARA LA NACIONGabriela Origlia
CÓRDOBA.- Tiene apenas siete años y ya pasó por varias familias. Ahora la Justicia ordenó que se lo escuche y se tenga en cuenta su opinión para definir si lo dan en adopción. La novedosa decisión fue tomada por la Cámara en lo Civil, Comercial, de Familia y Trabajo de Río Tercero, integrada por los magistrados Juan Carlos Benedetti, Carlos Conti y Ariel Macagno.
Además del niño, la Cámara también se dispuso que sus padres biológicos sean citados y aclaren su posición "con relación a la entrega en guarda" de su hijo.
La resolución judicial se fundamenta en las exigencias de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la ley nacional 26.061 de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes "para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales". Además, se dispone la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba.
El menor está en guarda provisoria desde 2010. Desde entonces, el matrimonio con el que vive pide la adopción. Como el tiempo pasó y no hubo definiciones, la Cámara ahora exhortó al juez de Control, Menores y Faltas a que, en un plazo no superior a los tres meses, dirima definitivamente "la situación jurídica" del niño.
La Cámara le reclama al juez que resuelva la situación de manera definitiva, ya que los procesos relacionados con "la adopción, la guarda y la custodia de menores en su primera infancia deben ser manejados con una diligencia y celeridad excepcionales por parte de las autoridades".
En diálogo con LA NACIÓN, el camarista Benedetti explicó que la causa les llega por la apelación del asesor letrado que representa al menor: "Estamos convencidos de que la situación del chico debe resolverse de alguna manera; se han excedido los plazos prudenciales para que el tema siga sin respuesta. Por eso ponemos plazo para la búsqueda de una solución y sostenemos que debe ser convocado si es conveniente".
El juez explicó que la competencia sobre estos asuntos es relativamente "nueva", ya que deriva de la ley 26.061, que fue promulgada en 2005 y que crea un sistema de protección de los derechos de los niños. La norma tiene como base el conjunto de políticas públicas básicas y universales para el pleno desarrollo de los chicos en todas las áreas (educación, salud, cultura, recreación, participación ciudadana) y define las responsabilidades de la familia, la sociedad y el Estado en relación con esos derechos.
"En función de esa ley y para que se cumpla es que planteamos la necesidad de una definición sobre dónde va a quedar el niño, que por ahora sigue en la familia de guarda. No es prudencial que un caso de este tipo se extienda durante tanto tiempo", insiste Benedetti.
La historia de la criatura comienza en 2009 cuando su mamá biológica lo entrega a una mujer a quien le habría prometido darle unos $ 300 por mes para que lo cuidara. Lo dejó y desapareció, por lo que el niño fue devuelto a unos familiares, quienes lo cuidaron por un tiempo.
A mediados de 2010, la Justicia recibió el pedido de entregar al menor en guarda judicial a un matrimonio. El padre biológico del chico fue informado y consultado, y expresó su voluntad para que su hijo fuera entregado en adopción.
En el caso de la madre, fue citada varias veces por la Justicia, pero no se presentaba. Cuando lo hizo, dio una respuesta ambigua respecto de su voluntad sobre si aceptaba que la pareja que tenía al niño en guarda lo adoptara definitivamente.
En esa instancia, se produce la intervención del asesor letrado del Juzgado, quien apeló la decisión del juez de Control, al argumentar que debía recurrirse al Registro Único de Adoptantes y no dárselo al matrimonio que ya lo tenía en custodia. Además, planteó que la madre del chico había recibido "intimidaciones" para entregar al niño.
Durante cinco años, la causa fue pasando de una instancia judicial a otra sin que la situación del niño se resolviera. Frente a esta prolongación de los tiempos, la Cámara resolvió ordenar que se convoque a los padres biológicos y al chico para que expresen claramente qué desean.
