La noche se reserva el derecho de admisión

Dos de la madrugada de un sábado. Esta cronista observa la entrada de un local bailable en Palermo. La fila para ingresar es larga y el personal de seguridad organiza el orden de entrada. Es el turno de una pareja de jóvenes. Esperan unos minutos, hasta que el "patovica" le permite el acceso. Desliza la delgada soga que separa la calle de la puerta y dice: "Pasá". Primero entra la chica, luego intenta pasar su pareja, pero se da cuenta, con sorpresa, de que la soga volvió a su lugar y ya no puede avanzar. Desconcertado, observa al hombre, que mira hacia otro lado. La mujer le llama la atención: "Es mi esposo". No hay respuesta. Mientras tanto, el tumulto de gente alrededor de la entrada continúa. Varios se percatan de la situación y de que la única diferencia entre él y los que sí pueden entrar es el color de la piel y la vestimenta, pero no dicen nada. La esposa también se da cuenta de que no se trata de un error: el "patovica" sabe que están juntos. Ella empieza a repetir en voz cada vez más alta que lo dejen pasar. Es inútil, nadie parece escucharla, ni siquiera el hombre encargado de la seguridad del lugar, que mira por sobre la cabeza de la mujer hasta que, ya harto, le dice: "Bueno, vos tampoco entrás", y la "invita a salir" con un gesto poco amable. Ella se resiste y mira a su esposo: "Vení, entrá", le dice. El "patovica", ya molesto, la empuja con fuerza fuera del sector delimitado por la soga. Gritando, indignada, la mujer se aleja, de la mano de su esposo, que permanece en silencio.

Esta situación se produce en diferentes lugares del país. Los implicados en el juego de acceso a discreción a los lugares de entretenimiento nocturno no son solamente el personal de seguridad, sino sus empleadores; es decir, los dueños de los locales. Refugiados en el "derecho de admisión"-que suelen exhibir en carteles en la entrada- eligen quiénes puede entrar o no a sus establecimientos. El problema aparece cuando niegan el acceso, con base en criterios como el color de piel, la contextura física, la posición económica y los rasgos étnicos, entre otros.

"Vos sí, él no". El derecho de admisión no estuvo reglamentado en la Argentina hasta 2008, a partir de la promulgación de la ley 26.370 que creó el Registro Nacional de Controladores de Admisión y Permanencia (Rencap), que depende del Ministerio del Interior. Según esa ley, el derecho de admisión "es el derecho por el cual la persona titular del establecimiento y/o evento se reserva la atribución de admitir o excluir a terceros, siempre que la exclusión se fundamente en condiciones objetivas de admisión y permanencia, que no deben ser contrarias a los derechos reconocidos en la Constitución Nacional ni suponer un trato discriminatorio para las personas"

Oscar Castellucci, padre de Martín, asesinado en la puerta del local "La Casona" en Lanús en 2006, y director de la Asociación Civil Martín Castellucci, promovió activamente la creación de esa ley, y estuvo presente en el acto de lanzamiento del Rencap en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno bonaerense, junto a Daniel Scioli, en septiembre de este año. Según Castellucci, "el derecho de admisión existe, los dueños de los boliches pueden exigir que no entre, por ejemplo, gente en zapatillas. Pero esto tiene que ser igual para todos. Una de las condiciones que reclama la ley del registro es que si hay requisitos de admisión, estén explícitos y visibles. Además, en la provincia de Buenos Aires se exige que en caso de querer modificarlas, los dueños tengan que avisar antes a la autoridad de aplicación".

Vías de denuncia. Hasta la reglamentación del Rencap, la única regulación existente era la ley antidiscriminación, que no establece vías de denuncia rápida ni organismos reguladores específicos. La nueva ley promueve la creación de una línea telefónica gratuita para efectuar acusaciones, que ya funciona (0800-222-0080).

Según datos del Inadi, la cantidad de denuncias por discriminación en acceso a locales nocturnos que se recibe es ínfima. De las 1659 que hubo en 2009, sólo 14 fueron sobre ese tipo de segregación específica. En 2010 la cifra disminuyó: de 1164 denuncias totales, 9 fueron por ese motivo. El trámite no es extenso: los denunciantes deben presentarse en la sede principal del Inadi o en alguna de sus delegaciones provinciales, donde pueden recibir asesoramiento.

Desde el Inadi explicaron a lanacion.com que cuando se presentan denuncias de discriminación, existe una vía rápida de resolución del conflicto, y una formal. La primera es un procedimiento breve: el Inadi realiza una gestión de buenos oficios, comunicándose por vía telefónica con la persona o el organismo señalado como autor o responsable de la presunta discriminación para solicitarle que cese la conducta denunciada.

La vía formal consiste en la realización de una investigación, tomando declaraciones testimoniales, recabando información y escuchando a las dos partes del conflicto. Luego se hace un juicio informal, de tipo administrativo, a cuyo término el Inadi emite un dictamen de opinión técnica jurídica que señala si la conducta denunciada encuadra o no en los términos de las normas antidiscriminación. Ese dictamen se notifica a las partes, y el acusador puede hacerlo valer en alguno de los órganos administrativos o judiciales que tengan competencia para resolver el conflicto imponiendo sanciones o determinando responsabilidades.

"Si bien la ley 24.515 que crea el Inadi no le otorga facultades para sancionar ni poder de policía, sus opiniones como organismo especializado en la materia tienen su peso específico a la hora de hacerlas valer frente a otros organismos con competencia", señaló Julián Díaz Bardelli, coordinador de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Asistencia y Asesoramiento a Personas en Situación de Discriminación del Inadi. Un caso paradigmático es el de Sofía Botto, una joven de 19 años que en febrero de este año no pudo ingresar al local bailable Madame, en Santa Fé, porque le denegaron el acceso alegando que era "gorda". Luego de la intervención de la delegación del Inadi en esa provincia, la diputada nacional Verónica Benas (ARI) presentó un proyecto de declaración para repudiar el acto discriminatorio

Para Castelluci, "sería bueno que las fuerzas de seguridad y la justicia comprendiesen que estos delitos tienen que ser penados. Generalmente están desvalorizados, cuando se hace una denuncia por discriminación no dan bolilla." ¿Qué podía hacer aquella mujer, además de gritar indignada y no volver a ese lugar? Denunciarlo al Inadi, y ahora al Rencap, son dos opciones viables.

Por Brenda Struminger

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