La Policía Federal recuperó más de 82.000 ampollas de fentanilo contaminado en cuatro provincias
Se trata de las unidades pertenecientes a los lotes comprometidos que investiga el juez Kreplak
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La investigación por la circulación de fentanilo contaminado sumó un capítulo clave: el recupero judicial de más de 82.000 unidades, todas pertenecientes a los lotes comprometidos.
Este es el capítulo final de un trabajo de investigación que hicieron efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina a través de distintos operativos en Buenos Aires, Formosa, Córdoba y Santa Fe, en el marco del “Plan de Recupero Judicial del Fentanilo Contaminado”, impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación. El objetivo era ubicar y retirar del circuito sanitario las ampollas alteradas que ya habían sido distribuidas en establecimientos de salud de distintas jurisdicciones.
El juez Kreplak había anticipado ya una semana atrás ante los diputados de la comisión investigadora que esta semana se iba a disponer junto al Ministerio de Seguridad de la Nación el retiro de 45.000 ampollas que están en custodia y que se iba a disponer de la desintervención sobre los otros cinco lotes que no estuvieron asociados con el daño causado por la contaminación para ponerlos a disposición de la Anmat, que es el organismo que dispuso la prohibición de comercialización y uso de los productos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.
La causa del fentanilo contaminado se había activado tras un dato que encendió alarmas en el sistema de vigilancia sanitaria: la muerte de 58 personas, cifra que continuó en aumento, asociada al suministro de fentanilo contaminado microbiológicamente. A partir de esos reportes, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) presentó una denuncia ante la División Delitos contra la Salud Pública de la PFA. En esa presentación se señalaban irregularidades detectadas en un laboratorio proveedor, lo que llevó a los investigadores a reconstruir el recorrido completo del producto y su distribución.
Con ese marco, intervino el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, con la Secretaría Nº 8 de Ramiro Riera. Desde allí se ordenó profundizar las tareas de investigación, que incluyeron inspecciones, pedidos de documentación y relevamientos en establecimientos de salud y distribuidoras.
La Policía Federal Argentina, junto con la Secretaría de la Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio de Seguridad y equipos técnicos de la ANMAT, avanzó en trabajos de campo que permitieron identificar a dos laboratorios vinculados a la provisión del fentanilo adulterado. Al mismo tiempo, el relevamiento reconstruyó una red de 187 droguerías, sanatorios y clínicas asociadas a su distribución. Dentro de ese circuito, los registros confirmaron que 40 establecimientos habían incorporado a su stock ampollas correspondientes a los lotes comprometidos.
Como esos centros de salud estaban localizados en distintas provincias, la PFA pidió la colaboración de sus delegaciones federales con jurisdicción en cada una de las zonas afectadas. Los responsables de los establecimientos fueron notificados y procedieron a resguardar las ampollas bajo actas compromisorias de depósito judicial, un mecanismo que preserva el material hasta que la justicia disponga su destino.
Tras esa primera etapa, equipos de la fuerza y personal de ANMAT avanzaron en el secuestro, traslado y guarda del fentanilo recuperado. Las más de 82.000 ampollas quedaron bajo custodia en instalaciones de la agencia regulatoria, mientras se esperan peritajes y nuevas medidas judiciales.
La causa, que sigue activa, mantiene bajo investigación 173 muertes presuntamente vinculadas al uso de fentanilo contaminado. Por su dimensión sanitaria y judicial, el caso es considerado uno de los episodios más graves de los últimos años vinculados al control y la seguridad de medicamentos en el país.
Ahora, todos los elementos secuestrados quedaron a disposición del juzgado interviniente en el expediente “Fentanilo adulterado”, que continuará delineando los pasos de la pesquisa y las eventuales responsabilidades penales.
Un giro técnico dentro del expediente
La causa por el fentanilo contaminado incorporó en las últimas semanas un insumo central: el análisis que el Cuerpo Médico Forense elaboró a pedido del juez federal Ernesto Kreplak. Ese estudio tomó 40 historias clínicas de pacientes fallecidos —parte de un universo mayor de 173 muertes bajo investigación— y trazó un panorama claro. En 38 de los casos, los especialistas detectaron infecciones bacterianas vinculadas al anestésico adulterado producido por Laboratorios Ramallo SA y elaborado por HLB Pharma Group SA, cuya prohibición había sido dispuesta por la ANMAT siete meses antes.
La pericia intentaba resolver un punto crucial: si los fallecimientos ocurridos en hospitales y clínicas de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba tenían relación directa con los microorganismos identificados en las ampollas recuperadas. Los peritos encontraron coincidencias en la mayor parte de los pacientes analizados y confirmaron la presencia de Klebsiella pneumoniae, Klebsiella variicola, Ralstonia pickettii y Ralstonia mannitolilytica. En dos historias clínicas no fue posible establecer ese vínculo por falta de hemocultivos, lo que impidió documentar la bacteria asociada al cuadro final.
El informe describe que las infecciones provocadas por esos gérmenes pueden evolucionar rápidamente hacia la falla multiorgánica y señalan que, en este tipo de casos, el desenlace puede ocurrir en menos de un mes. La recomendación final de los peritos fue revisar la situación clínica de pacientes que hubieran recibido órganos de donantes infectados, un punto que la justicia evalúa incorporar al resto de las medidas pendientes.
Responsabilidades y cifras dentro del expediente
La investigación judicial mantiene 14 personas procesadas, entre ellas directivos y responsables técnicos de ambas compañías. Cuatro están detenidos en el penal de Marcos Paz: Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo; Diego García, directivo de las mismas firmas; Javier Martín Tchukrán, director de Manufactura; y José Antonio Maiorano, director técnico responsable de la producción y liberación de los lotes adulterados.
Nilda Furfaro, madre de los hermanos García, y Carolina Ansaldi, directora técnica de Laboratorios Ramallo SA, cumplen arresto domiciliario.
Los otros ocho imputados —Eduardo Darchuk, Edgardo Gerardo Antonio Sclafani, Rocío del Cielo Garay, Dayana Arzolidys Astudillo Bolívar, Adriana Iudica, Wilson Daniel Pons, María Victoria García y Víctor Pablo Boccaccio— están procesados sin prisión preventiva.
Los cargos incluyen adulteración y distribución de medicamentos destinados a uso sanitario (agravada por muerte), comercialización de fármacos adulterados, incumplimiento del recupero obligatorio, violaciones a normas de Buenas Prácticas de Fabricación y control de calidad, coautoría funcional, administración fraudulenta y responsabilidad penal empresarial.
Según la documentación incorporada, el lote 31202 contenía 154.530 ampollas, mientras que el 31244 estaba integrado por 151.430 unidades. Tras distintos operativos —allanamientos, secuestros y órdenes de presentación— se lograron recuperar 64.003 ampollas del primer lote y 121.233 del segundo.
El expediente, identificado como FLP 17371/2025, involucra hospitales públicos, clínicas privadas, organismos regulatorios y laboratorios farmacéuticos. Por la dimensión del daño, la cantidad de pacientes bajo análisis, las fallas detectadas y la evidencia técnica acumulada, la justicia considera este episodio como la tragedia sanitaria más grave registrada en el país.
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