Leyes rígidas y a la vez flexibles

Al cabo de una superficial averiguación de antecedentes y constituyendo un domicilio obviamente inútil, donde no se los podrá notificar de nada, más de la mitad de los presuntos delincuentes detenidos por la Policía Federal en 2003 vuelve a quedar en la calle, sin más que una pérdida de tiempo que lo distrajo de sus tareas.

Las alternativas ante semejante situación no son muchas: o la Policía se equivoca al detenerlos, o los magistrados no tienen la posibilidad concreta de atender personalmente tantos casos, o la ley ordena detener y poner a disposición de un juez, en casos que los magistrados creen que no requieren de su atención personal.

Mayor control

No parece tratarse de la primera alternativa, pues resulta difícil equivocarse 11.545 veces en un año, sin que la catarata de sanciones y procesos penales que ello debería desatar empuje a medidas correctivas, desde capacitación policial hasta, justamente, un mayor control judicial de las detenciones.

Tampoco parece que los recursos volcados a la Justicia sean escasos. Por un lado, el gasto consolidado de la Argentina en el área es el 1,09% de su PBI, frente a un promedio inferior al 0,4% en América, incluido EE.UU.

Por el otro, un cálculo superficial nos permite concluir que en la ciudad de Buenos Aires hay aproximadamente 300 detenidos por semana para 90 juzgados penales de primera instancia, repartidos entre cinco fueros (Correccional, Instrucción, Menores, Criminal y Correccional Federal y Penal Económico), y similar cantidad de fiscales.

Sí, puede ser que estos recursos estén mal distribuidos, con bolsones ociosos, y otros, sobrecargados de trabajo.

Finalmente, resta analizar el eventual desfase entre las expectativas de la sociedad, cristalizadas en las leyes, con la acción del sistema penal.

Todo se perdona

Es cierto que cuando un extranjero conoce nuestras normas rápidamente debe ser advertido de que, si bien parece estar todo prohibido, todo se perdona, que se trata de leyes rígidas de cumplimiento flexible.

Parece incomprensible para la sociedad que, en casos similares, algunos jueces hacen trasladar al detenido a sede judicial antes de ponerlo en libertad, mientras otros instruyen a los comisarios para que los liberen directamente.

¿Vale la pena que la policía detenga personas que los jueces no querrán ver? ¿Cómo lograr que los liberados luego se presenten para someterlos a proceso? ¿Deberían los jueces hacer un esfuerzo y tomar cartas en todas las detenciones, de modo presencial? ¿Correspondería uniformar las instrucciones para las comisarías y hacerlas públicas, en vez de dejarlas libradas a la discrecionalidad del juez de turno?

Estas preguntas invitan a revisar el sistema de persecución penal, a entender qué está pasando y qué se puede hacer.

Todo esto, de cara a la sociedad, para terminar con la imagen de la "calesita", en la cual los detenidos entran por una puerta y salen por la otra... ¿legalmente? Pues a mayor sensación de impunidad, más inseguridad.

Por El autor es director de Fores - Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia.

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