Los quinteros bolivianos que luchan para poder trabajar

En el comedor del mercado de frutos de Escobar hay un televisor encendido que concentra la mirada de unos doscientos bolivianos en torno de una colorida fiesta folklórica.

Eran las 14 de ayer. Para muchos, la primera hora de descanso después de una semana de trabajar de sol a sol con la esperanza de que la tierra produzca. Porque si no, no habrá jornal.

Desde el galpón de enfrente se cuela un aroma a frutas y a verduras recién cosechadas que se mezcla con el olor a milanesa frita: el menú del día que los agricultores compran por un peso y reparten entre sus numerosos hijos.

De repente, la puerta principal se abre y en pocos segundos los bolivianos se apresuran a levantar las sillas, recoger los restos y ordenarse en una desprolija fila. Cada uno muestra el número que tiene en la mano, para ser el primero en entrar.

Son indocumentados. Sólo 200, de los tantos que dejaron el Altiplano para conseguir trabajo. Ayer, el consulado de Bolivia colocó un puesto en el mercado de frutos para otorgarles documentos de ese país y certificados de antecedentes. Dos elementos indispensables para que comiencen los trámites legales de radicación en la Argentina y puedan ejercer tareas asalariadas.

En los últimos meses, los agricultores bolivianos de las zonas de Escobar, Matheu, Zárate y Campana fueron víctimas de más de 60 asaltos, que, según fuentes policiales, incluyeron saqueos, palizas e intimidaciones xenofóbicas hacia una comunidad que tiene casi 150.000 miembros en la zona norte del Gran Buenos Aires.

Estos episodios fueron las causa de que muchas familias decidieran regresar a su tierra. Así lo aseguró Francisco Janco Condori, presidente de la colectividad. "Pero no son la mayoría, que sí quiere quedarse aquí y ser respetada", dijo.

"No soy nadie"

Eleonora Chacón tiene 33 años y una esperanza: "Dejar de ser nadie".

"¿Qué puedo hacer sin documentos? -dice la mujer, desde su metro y medio de altura-. Acá no soy nadie, porque no tengo documentos. La otra vuelta nos robaron, nos ataron y nos pegaron. A mí, a mi mamá, que es mayor, y a mis hijos. ¡No sabés los moretones que nos dejaron! Pero no hicimos la denuncia porque, ¿qué nos iban a oír, si somos ilegales?" Eleonora llegó desde Potosí hace ocho años. Tuvo dos hijos, que tienen documentos argentinos: Luis, de siete años, y Mariana, de cinco. Eso significa que le corresponde el derecho legal de residir en el país hasta que sus hijos tengan 18 años.

El 18 de junio último viajó dos horas en colectivo hasta la Dirección General de Migraciones para hacer los trámites de la residencia. No se la dieron. En cambio, le extendieron un certificado de expulsión. "Quieren sacarnos del país, pero no es legal", reclamó la mujer.

Los agricultores bolivianos trabajan en las quintas. Arrancan a las siete y no descansan hasta las 19. Cobran entre 20 y 30 pesos por semana. "Y si no hay verdura, no nos pagan nada", aseguró Ignacia, una boliviana de 25 años que ayer acudió al puesto con su hijo Alexander (de tres) colgado en la espalda.

Miedo a la ciudad

"Desde que vine de Tarija, hace siete años, nunca fui a la Capital, me da miedo. Hay mucha gente y si me piden documentos no me van a dejar volver para acá", dice la mujer.

Ayer se presentó ante el puesto del consulado boliviano. Contó su caso y un empleado le explicó cómo debía hacer para legalizar su situación.

La mujer oscilaba entre la alegría y el desconcierto: el sábado próximo por fin tendrá un documento.

Carlos y Rosario Yucra llegaron hace 4 años desde Santa Cruz de la Sierra con su hija Carla y una promesa de trabajo. Resultó fallida.

"Los cien pesos que me pagaba la mujer por limpiarle la casa no me solventaban. No me alcanzaba para comprar los pañales y la leche de mi hija. Cuando me presenté en la municipalidad para que me dieran una ayuda, me pidieron el pasaporte. Como no tenía, me mandaron de vuelta a mi casa", contó la mujer.

Su marido no tuvo mejor suerte: es albañil. "Cuando me presento a un trabajo, me piden el documento. Por ahí me emplean igual, pero se aprovechan de mi situación y no me pagan. Y como soy ilegal no los puede denunciar", dijo.

Por Evangelina Himitian

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