Los recuerdos de los vecinos y de un policía sobre el hallazgo del anestesista, y un nuevo foco en la investigación: las cámaras de seguridad
El hombre fue hallado muerto el 20 de febrero y la causa avanza sobre la trazabilidad de los fármacos y las grabaciones de las cámaras del lugar donde vivía
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El anestesiólogo Alejandro Zalazar, de 31 años, hallado muerto el pasado 20 de febrero tras una sobredosis de propofol y fentanilo -dos fármacos de uso anestésico intravenoso e intrahospitalario- vivía en un edificio ubicado en Juncal 4622, entre Godoy Cruz y Sinclair, en el barrio porteño de Palermo, junto a las vías del tren de la línea San Martín. Fue allí donde su cuerpo fue hallado sin vida y con una vía conectada en el pie. En su departamento también se hallaron medicamentos anestésicos, detalló el SAME, lo que dio inicio a una serie de averiguaciones para determinar su origen.
LA NACION recorrió la cuadra y habló con vecinos del edificio para intentar reconstruir los hechos de ese día. En un primer momento predominó el silencio: varios aseguraron no estar al tanto de la muerte del médico. Sin embargo, al mencionar las noticias recientes y a partir de la información que comenzó a circular, algunos empezaron a reconocer el caso.
Luciana, una de las vecinas del edificio, recordó que alrededor de las 16 bajó a pasear a sus perros y se encontró con el despliegue. “Había muchos policías, ambulancias y bomberos. Empecé a preguntar y me contaron que había fallecido un chico joven. No sabía el nombre ni nada, pero sé que era joven, de unos treinta y pico”, relató.
Según explicó, con el correr de las horas intentó reconstruir lo sucedido a partir de comentarios informales dentro del edificio. “Como tengo cierta confianza con los de seguridad, me dijeron que no sabían exactamente la causa, pero creían que era algo súbito, como que había fallecido durmiendo. También escuché algo de problemas cardíacos”, sostuvo.
Además, agregó que, según le comentaron, la preocupación por Zalazar empezó cuando no respondía el teléfono. “Los compañeros de trabajo lo llamaban y el chico no contestaba. Había faltado esa mañana. Entonces se empezaron a acercar amigos y después los familiares, hasta que pudieron entrar con llave y ahí lo encontraron”, afirmó.
Ese mismo 20 de febrero Luciana tenía un evento en el edificio. “Yo estaba haciendo un asado con mi familia en la parrilla, que da para este lado, y me recuerdo que alrededor de las 23 se llevaban el cuerpo en una bolsa negra”.
Al ser consultados sobre si recordaban situaciones previas, como fiestas o incidentes en el edificio, varios vecinos aseguraron no tener conocimiento de episodios relevantes. Desde la seguridad del complejo evitaron brindar información sobre lo ocurrido. El encargado, en tanto, no respondió a las consultas y tampoco facilitó contactos del administrador del edificio.
Una pareja señaló que recién ayer había tomado dimensión del hecho. “Hoy con las noticias entendimos que lo sucedido el 20 de febrero estaba relacionado con la muerte de este chico”, dijeron, aunque evitaron dar más detalles. Al igual que el resto de los vecinos consultados, pidieron resguardar su identidad.
LA NACION pudo averiguar, a partir de fuentes de la Comisaría Vecinal 14-C, ubicada en República Árabe Siria 2961, que Zalazar registraba problemas personales y/o laborales, aunque por el momento no hay precisiones al respecto. “Él vivía solo, no tenía animales. Ese día (20 de febrero) estuvo solo y acá se dieron cuenta sus compañeros cuando tenía que ir a trabajar y no fue. Unos amigos empezaron a llamarlo y no contestaba. Después llegaron amigos y colegas en su búsqueda, y finalmente su hermana y su madre”, contó un policía de la dependencia.
Las cámaras de seguridad
En el marco de la investigación, uno de los puntos centrales es el relevamiento de cámaras de seguridad. Para acceder a las grabaciones, la Fiscalía General de la Nación ubicada en Cerrito al 449, solicitó a la comisaría realizar el relevamiento, lo que requirió un pedido formal. Se trata de un trámite que puede presentar limitaciones técnicas, ya que algunas cámaras no funcionan o conservan imágenes por un período reducido, en algunos casos, de apenas 24 horas. Además, existen dispositivos que solo permiten la visualización en tiempo real y no almacenan registros, lo que obliga a verificar cuáles cámaras efectivamente guardan imágenes.
Este medio pudo saber que hubo inconvenientes administrativos en el proceso: en un primer pedido se envió material que no correspondía debido a un error en el número de sumario, lo que obligó a repetir el procedimiento para obtener las grabaciones correctas.
Por el momento, la Fiscalía logró acceder a las imágenes correspondientes al 20 de febrero, día en que Zalazar fue hallado muerto. Ahora solicitó a la comisaría ampliar el pedido al 19 de febrero, con carácter urgente, con el objetivo de contar con ambos días para el análisis.
Zalazar vivía en una construcción moderna de gran tamaño y fachada gris, con seguridad privada y amenities como pileta, gimnasio, SUM, parrilleros, pileta en la terraza, Sky Club y habitaciones para huéspedes. El complejo cuenta con 22 pisos, dos departamentos por planta en cada sector y cocheras. Allí viven mayoritariamente familias y parejas jóvenes.
En los comercios cercanos al edificio, el hecho pasó también prácticamente inadvertido. En Rosedal Café, empleados aseguraron no recordar a Zalazar como cliente ni haberse enterado de lo ocurrido. “No, ni siquiera escuché que lo hayan comentado. Me acordaría”, dijo una trabajadora. Otro empleado agregó: “Es raro porque cuando pasa algo así los clientes suelen hablar, pero esta vez no escuchamos nada”.
En un local lindero al edificio, Ariadna Ferreira Nieto, de Brother’s Company, recordó la presencia policial durante varias horas ese día. “La policía estuvo bastante tiempo. Yo cerré el local a las 20 y todavía estaban ahí”, contó a LA NACION. Y concluyó: “No era cliente del local, no lo conocía. De hecho, cuando pregunté en su momento, me habían dicho que la persona que había muerto era un señor mayor”.
El caso
Zalazar murió por una sobredosis de propofol y fentanilo, dos fármacos que se administran por vía intravenosa en distintos procedimientos médicos, como estudios endoscópicos y cirugías. Su dosificación se realiza mediante bombas de infusión que regulan la cantidad suministrada según múltiples variables clínicas. Una administración indebida puede generar una depresión respiratoria severa, conocida como apnea, que requiere asistencia ventilatoria inmediata.
En su departamento se hallaron medicamentos anestésicos, lo que dio inicio a la investigación. A partir del análisis de la trazabilidad de los fármacos encontrados en su hogar, se estableció que pertenecían al Hospital Italiano de Buenos Aires. Ese dato derivó en un procedimiento interno dentro de la institución, donde se identificó a un anestesiólogo de planta y a una residente de tercer año de anestesiología como presuntos responsables del robo y de la posterior distribución de las drogas.
Una vez establecido que los anestésicos provenían del Hospital Italiano, el centro médico abrió un sumario interno para determinar responsabilidades y establecer cómo se produjo la salida de sustancias controladas del establecimiento. Según comunicó la institución, los dos profesionales implicados fueron apartados de sus cargos “por robo de estupefacientes”.
Según informaron fuentes judiciales consultadas por LA NACION, la causa por el faltante de propofol se inició el 23 de febrero pasado y quedó registrada bajo el expediente N° 8922/2026. El 12 de marzo se ordenaron tres allanamientos, que tuvieron resultados positivos y estuvieron a cargo de la División de Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad.
La investigación apunta a una presunta administración fraudulenta en perjuicio del Hospital Italiano, con hechos que se habrían extendido desde 2023 hasta mediados de febrero de 2026.
En ese marco, se dispuso la prohibición de contacto entre los imputados Hernán Boveri y Delfina Lanusse, así como la prohibición de salida del país. Ambos fueron indagados los días 18 y 25 de marzo y también se ordenaron declaraciones testimoniales, mientras continúan en curso diversas medidas de prueba.
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