Masacre de Flores: el condenado no será expulsado del país y continuará preso
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LA NACION
Después de la angustia ante la posibilidad de que el asesino de su familia fuera expulsado del país y recuperara así la libertad en España, su país natal, Matías Bagnato recibió con alivio la noticia originada en los tribunales: la Cámara Nacional de Casación Penal confirmó el rechazo al pedido de extrañamiento presentado por la defensa de Fructuoso Álvarez González, condenado a prisión perpetua por asesinar a los padres, dos hermanos y a un amigo de la familia Bagnato.
En su cuenta de la red social Twitter, Matías Bagnato sostuvo: "Por fin! Me acaban de llamar del juzgado. Le negaron libertad al asesino de mi familia. Queda preso. Gracias a todos".
La masacre de Flores ocurrió el 17 de febrero de 1994 en la casa de la familia Bagnato, en Baldomero Fernández Moreno 1906, cuando Fructuoso Álvarez González roció la propiedad con combustible y generó un incendio.
Por ese ataque murieron el padre de la familia, José Bagnato, de 42 años; su esposa Alicia Plaza, de 40; sus hijos Fernando, de 14, y Alejandro, de 9 y Nicolás Borda, de 11, un amigo del menor de los chicos que esa noche se había quedado a dormir. Matías, de 17 años, fue el único que se salvó, al saltar desde la planta superior de la casa a la calle. Álvarez González, quien era pareja de una prima de Plaza, fue condenado a prisión perpetua en noviembre de 1995. En 2004 fue extraditado a España para completar la pena, pero en 2008 lo liberaron y desde entonces, Matías Bagnato, denunció que era víctima de amenazas e intimidaciones por parte del hombre que mató a su familia.
En 2011, Álvarez González fue detenido nuevamente debido a las amenazas contra Bagnato. El arresto se concretó un año después que el condenado había regresado al país.
Los fundamentos del fallo
La resolución que rechazó el pedido del condenado fue firmada por los camaristas Luis Niño, Luis García y Gustavo Bruzzone.
"Otorgarle la libertad a este monstruo significa ponerme preso a mí, yo paso a estar detenido, todos saben que tengo protección porque él me amenazó y demostró en sus actos que su intención es matarme", había dicho Bagnato en su declaración ante los camaristas durante la primera audiencia oral en la que se escuchó a un damnificado antes de resolver, algo previsto en la ley de víctimas sancionada el año pasado.
El juez de Ejecución Penal N° 1, José Pérez Arias, había rechazado en 2017 el planteo de Álvarez González y su abogado defensor, Rubén Alderete Lobo, presentó entonces un recurso ante la Cámara de Casación.
"No existe una vía ni judicial ni administrativa para que una persona promueva el dictado a su respecto de una decisión administrativa o judicial que ordene la cancelación de la residencia, la declaración de irregularidad de la residencia, o la expulsión", expresaron los magistrados en la resolución.
Además, los camaristas recordaron que cuando Álvarez González fue puesto en libertad en España tras ser extraditado en 2004, "los tribunales argentinos declararon que la pena de prisión perpetua no se había agotado y dispusieron la detención del condenado y la reanudación de la ejecución en un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal".
"El objeto del caso es decidir si el condenado extranjero tiene un derecho a reclamar por vía judicial una determinada actuación administrativa para ejecutar un acto administrativo de expulsión del territorio. La respuesta es negativa", concluyeron los magistrados en la resolución.
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