Polémica en Tigre. Quieren alojar presos donde ahora viven lagartos y carpinchos, pero los vecinos se oponen

“Acá hay carpinchos, lagartos, cuises, aves, todo. Esto es un humedal. Hay todo un ecosistema viviendo en estas tierras, que tiene una función ambiental. Además, estamos los vecinos que no fuimos consultados y que nos oponemos a que se instale aquí una alcaidía, donde van a alojar entre 300 y 900 presos. Eso va a ser el fin de la calma para esta zona”, asegura Yésica Weinberg, que tiene su casa en dique Luján, en el partido de Tigre, a dos kilómetros del lugar en el que el Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires tiene proyectado levantar un centro para trasladar a los presos de las comisarías, hasta que tengan resuelta su situación.

Se trata de un proyecto que impulsa el gobierno provincial, en cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó tomar medidas para resolver la situación irregular de miles de presos, que tras ser detenidos permanecen alojados en comisarías, en condiciones de hacinamiento por no contar con espacio para trasladarlos en las cárceles. La iniciativa es impulsada por el ministro Julio Alak, que tiene planeado abrir centros en otros partidos bonaerenses como Escobar, Quilmes, Berazategui, entre otros proyectos. En todos los casos, son unidades de un tamaño reducido, que, aseguran no superarían los 300 detenidos, aunque los vecinos temen que debido a la alta demanda, en la práctica se triplique la capacidad original. LA NACION consultó a los voceros del Ministerio de Justicia sobre los reclamos de los vecinos, pero no obtuvo respuesta.

Aunque los vecinos hablan de alcaldía, así lo escriben en las pancartas con las que se manifiestan en distintos espacios, en rigor, explican en el municipio de Tigre, a cargo de Julio Zamora, es una alcaidía, con una letra “i” entre la a y la d. Mientras que alcaldía es el lugar donde vive o gobierna el alcalde, alcaidía hace referencia al lugar en el que cumplen su detención las personas que fueron arrestadas, y que están a disposición de la fiscalía local hasta que se resuelva su situación. Esto es, si se los procesa y pasan a cumplir prisión preventiva en una cárcel o si se los pone en libertad mientras siguen su proceso.

“En la actualidad, se encuentran alojados en las comisarías de Tigre más de un centenar de detenidos, al cuidado exclusivo del personal policial, que debe ocuparse de su custodia, alimentación, traslados a sede judicial y otras tareas relacionadas. Este personal debería estar afectado a las tareas propias para las que fue capacitado: patrullaje, prevención e investigación de delitos, así como a la seguridad integral de las y los vecinos del partido. La construcción de la alcaidía permitirá trasladar, en un plazo no mayor a las 48 horas a todos los detenidos de las comisarías y reafectar así al personal policial, recursos, móviles y presupuesto a tareas de seguridad ciudadana”, asegura el intendente Zamora.

Preocupación en Escobar

Otra de las alcaidías proyectadas, la que se levantará en Escobar, a unos 20 kilómetros de la de Tigre, también generó el rechazo de los vecinos. Allí, el proyecto está más avanzado y se levanta en los terrenos cercanos al cementerio local. “Es una locura. Después de esto, nuestras casas no van a valer nada. Y yo desde hace ocho años me mudé acá con mi familia porque buscábamos verde y tranquilidad. Es injusto que nos instalen una cárcel a ocho cuadras. Es muy triste porque sentimos que nadie nos escucha. Dicen que se hicieron estudios de impacto ambiental, y cuando planteamos nuestro punto dicen que nosotros discriminamos a los detenidos, que ellos también tienen derecho a estar en un espacio como este. No se trata de discriminar. Me gustaría saber si las autoridades quisieran tener a pocas cuadras de la casa en la que viven sus hijos una cárcel, con todo lo que eso implica”, apunta Nadia González, que tiene 42 años, es madre de dos varones y estudia abogacía.

Desde el Ministerio de Gobierno del partido de Escobar explican que desde el comienzo mantuvieron reuniones con los vecinos y que tras explicarles que esta alcaidía va a “mejorar la seguridad” en la zona, el panorama habría cambiado. “Nosotros tenemos cinco comisarías, y en cada una hay alojadas detenidos. Como partido nos inscribimos en este proyecto de la provincia para resolver una problemática histórica. Acá tuvimos distintas fugas, porque las comisarías no están preparadas para alojar detenidos. Hemos llegado a tener 78 detenidos, con el personal policial afectado a esto. En pos de mejorar la seguridad del distrito, se avanzó en solucionar el alojamiento de personas detenidas. Para que tengan alojamiento en un lugar adecuado. Es algo que se requiere para mejorar la seguridad del distrito”, asegura Nicolás Serruya, secretario de Seguridad de Escobar.

En Tigre, según los planos, el complejo tendrá 5423 metros cuadrados cubiertos de superficie y 599 metros cuadrados semicubiertos, en un predio de 33.728 metros cuadrados. Habrá 221 celdas: 13 en un pabellón, 52 en módulos y 156 en el edificio principal. Los vecinos de Tigre no se quedan quietos. Todas las semanas se suman a algún evento o festival para hacer oír el reclamo. Desde la intendencia de Zamora aseguran que se los ha escuchado, pero que se trata de un proyecto de alcance provincial que fue consensuado en el Concejo Deliberante tanto por el oficialismo como por la oposición. Los vecinos son activos a la hora de las pancartas. Por ejemplo, hace algunos días llevaron su reclamo ante la directora de Aysa, Malena Galmarini, que no sólo es referente de Tigre, sino que la empresa proveedora de agua de red tiene un predio junto al lugar en el que se proyecta construir la alcaidía.

“Esta debería ser un área protegida. Las mismas autoridades, antes de que apareciera este proyecto hablaban de la importancia del área como humedal capaz de contener inundaciones. Pero ahora el discurso cambió. Nos dicen que se hizo un estudio de impacto ambiental, pero descreemos de su objetividad. Esto no es una alcaidía solamente, esto va a ser una penitenciaría. Y toda esta zona, desde Dique Luján hasta Villa la Ñata, es un pueblo chico donde todos los vecinos nos conocemos. El impacto va a ser ambiental y social también. Queremos que nos escuchen”, apunta Virginia Bergara, de 49 años, que atiende una despensa y vive con sus hijas a un kilómetro y medio del lugar en el que está proyectada la alcaidía.

“Nos apoyan vecinos y abogados ambientalistas. Sentimos que muchos se llenan la boca hablando de la importancia de la ley de humedales, pero cuando tienen que tomar decisiones, hacen todo lo contrario. Estas tierras son un humedal, si existiera la ley, no se podría hacer el proyecto. Sin embargo, ahora las autoridades de Tigre dicen que como en mitad de los terrenos hay un camino construido, que se conoce como Vía Muerta, este espacio ya no cumpliría como su función. Pero no es cierto. Dicen justamente lo contrario a todo que siempre dijeron”, apunta Weinberg.

Los vecinos de Dique Luján y barrio La Ñata lanzaron una convocatoria en Change.org para evitar la instalación de la alcaidía. Casi 6000 vecinos ya firmaron.