Pérez Volpin: a dos años de su muerte, cómo sigue la causa judicial

"Seguiremos buscando más verdades y justicia por Débora. Como familia esperamos que su caso sea emblemático para que estos hechos no se repitan ni queden impunes", dijo Enrique Sacco, quien era la pareja de la periodista y legisladora porteña Débora Pérez Volpin en conmemoración del segundo aniversario de su fallecimiento.

El 6 de febrero del 2018, Pérez Volpin fue a atenderse al Sanatorio La Trinidad de Palermo por un fuerte dolor abdominal. Los médicos le hicieron una endoscopia, pero de ese procedimiento-que debía ser de rutina- ella salió sin vida.

Su partida causó una enorme conmoción social y una intensa búsqueda de justicia por parte de sus familiares. A dos años del fatídico hecho, LA NACION dialogó con las partes involucradas.

Hasta el momento hay dos causas penales en torno al caso. Una por homicidio culposo y la otra por posible encubrimiento y falso testimonio.

En relación a la primera, en agosto pasado, el médico endoscopista que asistió a Débora, Diego Bialolenkier, fue condenado -por la responsabilidad penal de su muerte- a tres años de prisión condicional e inhabilitado para ejercer su profesión por siete años y seis meses.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 8, encabezado por el juez Javier Anzoátegui, resolvió que el fallecimiento de la paciente se produjo a raíz de un paro cardíaco respiratorio ocasionado por la perforación del esófago durante la endoscopia, calificando la conducta de Bialolenkier, como imprudente y negligente. Por su parte, la anestesióloga Nélida Puente, fue absuelta, pero la medida fue apelada por la familia de la periodista.

Veredicto

En el segundo aniversario de la muerte de Débora, que tenía 50 años en ese entonces, Sacco, su pareja por siete años, expresó su opinión en torno al veredicto: "Nada nos va a cambiar lo que ocurrió pero al menos el juicio oral y la posterior condena a uno de los médicos responsables, nos aportó tranquilidad. Eso nos permite hoy transitar con más calma y confianza el camino hacia la verdad y la justicia plena".

Nada nos va a cambiar lo que ocurrió pero al menos el juicio oral y la posterior condena a uno de los médicos responsables, nos aportó tranquilidad

Tras el fallo del tribunal, el abogado del endoscopista Diego Bialolenkier, Mariano Cúneo Libarona, solicitó la absolución de su defendido: "Es imposible que el endoscopio haya producido el resultado lesivo. Bialolenkier no es responsable del hecho", argumentó.

Ambas apelaciones se encuentran en la Cámara de Casación y a la espera de ser revisadas, según explicó el abogado de la familia de la periodista, Diego Pirota. "No estamos buscando venganza, solo queremos justicia. Aceptamos la pena que decidió el juez para el endoscopista y pedimos su cumplimiento efectivo. Cuestionamos la absolución de la anestesióloga porque consideramos que tiene un grado responsabilidad en la causa. No puede quedar impune ni seguir atendiendo a otros pacientes como si nada hubiese pasado".

Cuestionamos la absolución de la anestesióloga porque consideramos que tiene un grado responsabilidad en la causa

En torno a la apelación de la anestesióloga, su abogado defensor Eduardo Gerome, dijo: "La familia está en todo su derecho de recurrir a otras instancias. De igual manera, la sentencia que dictó el tribunal oral en base a la absolución de Puentes fue tan fundamentada y precisa que la fiscal del caso, decidió no apelar. El informe médico forense declaró que su accionar fue adecuado pero que el evento catastrófico -la perforación- fue tan categórico que ninguna maniobra la hubiese sacado adelante".

Con respecto a la segunda causa, desde el comienzo del caso, la familia había denunciado a la clínica por posible encubrimiento de la muerte. En el último día del juicio por el fallecimiento de Pérez Volpin, el 2 de agosto pasado, el juez Javier Anzoátegui ordenó que se investigue la eventual comisión de delitos por parte del Sanatorio de la Trinidad de Palermo, donde falleció la periodista, y a la empresa Galeno.

Sus dos directores habían declarado como testigos los días previos en el Palacio de Tribunales. Para la fiscal de ese caso, María Luz Castany, había quedado claro "el intento de encubrimiento de la Trinidad". Así comenzó esta nueva causa en la que se investiga el rol de la institución.

En este marco, para la querella -que representa a la familia de la periodista- existían indicios suficientes para que declararan cinco representantes de la empresa. En noviembre pasado, pidieron que Eduardo Cavallo, director médico de Galeno; Roberto Martingano, director médico del Sanatorio de la Trinidad, Sebastián Alfredo Cecchi Gallo, médico gastroenterólogo, Miriam Eliana Frías, la instrumentadora que presenció la endoscopía y Claudia Esther Balceda, instrumentadora y jefa de quirófano del Sanatorio de la Trinidad de Palermo, fueran citados a indagatoria.

En diciembre, el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°57 estableció que Roberto Martingano, Miriam Frías y Claudia Esther Balceda deberían concurrir a prestar declaración indagatoria en el mes de febrero (13, 14 y 17).

Al director de La Trinidad, Roberto Martingano, lo acusan de entregar registros cardíacos incompletos, que ocultarían que Pérez Volpin no estuvo conectada a los monitores desde el comienzo del procedimiento. Desde esa institución y de la empresa Galeno declinaron hacer declaraciones a LA NACION sobre este nuevo paso procesal.

Evasivas

A Miriam Frías, que en el primer juicio brindó respuestas evasivas, la acusan de incurrir en falso testimonio. A Claudia Esther Balceda, que también omitió información porque no podía desconocer las características ni el recorrido del endoscopio utilizado aquel día.

Sobre otro de los imputados, Pirota recordó: "En el caso del endoscopista Cecchi, se lo acusa de lavar el endoscopio y retirar los restos de sangre que servían para demostrar que Débora había sido perforada. Es como limpiar las huellas dactilares de un arma de fuego".

El abogado defensor de la causa, Vadim Mischanchuk dijo: "No hay elementos de prueba suficientes en el expediente que acrediten que haya existido encubrimiento. Cada uno explicará y ofrecerá las medidas de prueba que considere apropiadas en relación al hecho que se investiga".

El delito de encubrimiento prevé penas de prisión de seis meses a tres años. En tanto que si se comprueba el falso testimonio, la condena es de cuatro años e inhabilitación absoluta por el doble de ese tiempo.

LA NACION intentó contactarse con los hijos de Debora -Luna y Agustin Funes- y con su madre, Marta Lea Volpin, que prefirieron no emitir declaraciones.

Enrique Sacco, por su parte, compartió en su cuenta de Instagram un conmovedor video y un mensaje en homenaje a los dos años del fallecimiento de Débora, con los hashtags #AmorEternoxDebora y #JusticiaxDebora: "Estamos cada vez más cerca de lograrlo. Y es por eso que reclamamos la revisión de la absolución del otro médico también responsable, así como seguimos buscando que todos aquellos que encubrieron la muerte de Debora y mintieron a la justicia reciban la sanción que la ley establece. Débora es irreemplazable, está y estará siempre en mi. Me ha dejado el legado de su amor eterno, de Agustin y Luna por siempre mis hijos del corazón y de toda su familia que es mi familia".