Pesca ilegal: denuncian que empresas extranjeras penalizadas operan con bandera argentina en la ZEE

De los 354 barcos poteros de bandera argentina que pescaron calamar el año pasado, el 68% pertenece a capitales de empresas asiáticas, sobre todo chinas, según registros de la propia Cámara de Armadores Poteros Argentinos (CAPA) publicados esta semana por medios regionales. Si bien desde el Consejo Federal de Pesca aseguraron que esto “no es una mala palabra”, tanto organizaciones ambientales especializadas en pesca como Mongabay Latam y la revista Time han denunciado que, en el pasado, varias de esas compañías fueron penalizadas por realizar pesca ilegal o no declarada sobre la milla 200 del mar argentino, además de tener múltiples denuncias de violaciones a derechos humanos.

La Ley Federal de Pesca dispone en su artículo 27 bis que ninguna firma asociada, de una forma u otra, a estas prácticas debería tener permiso para capturar calamar o cualquier otro producto de la pesca, mucho menos en la Zona Económica Exclusiva (ZEE), el área de explotación exclusiva de los argentinos. Desde las organizaciones advirtieron que la falta de ciertos requisitos regulatorios y la escasa transparencia de los datos públicos favorecen la proliferación de lo que denominan “empresas fachada”: sociedades constituidas en el país, con buques de bandera argentina, cuyo control último está en manos extranjeras. Uno de los casos señalados es el de Univpesca.

Se trata de una compañía que operó en el país hasta 2016 y que el Círculo de Políticas Ambientales (CPA) y Sin Azul No Hay Verde identificaron en una investigación reciente como subsidiaria de China National Fisheries Corporation (CNFC), una de las mayores operadoras pesqueras estatales de China. Esta firma había sido sancionada en 2005, luego de que la Prefectura Naval detuviera a un buque operado por la compañía china. Se trataba del pesquero Zhong Yuan Yu 1, que pescaba calamar de manera ilegal dentro de la milla 200 y no sería la última detención vinculada con la gigante estatal.

En 2006, el Gobierno nacional y el Consejo Federal Pesquero le denegaron a Univpesca el permiso para operar dentro de la ZEE justamente por su vínculo con la empresa china. Sin embargo, en 2014 la subsidiaria volvió a solicitar su registro ante las autoridades argentinas y esta vez fue aprobado. ¿Qué ocurrió en el medio?

Lo que para algunos fueron detalles, para Milko Schvartzman, experto en pesca ilegal del CPA, constituyó un momento clave y sucedió en 2013. Desde 2006 y hasta ese año, embarcaciones extranjeras que cambiaban tripulación y bandera podían obtener matrícula nacional si cumplían requisitos como “ser integrante de un grupo empresario con planta en tierra, haber cumplido los compromisos asumidos en proyectos de explotación anteriores y no tener participación ni vínculo jurídico con embarcaciones, armadores u operadores que pesquen en la ZEE argentina sin permiso, es decir, en actividades consideradas pesca ilegal según la FAO y la Argentina”, según detalla la investigación del CPA.

De acuerdo con ese trabajo, antes se exigía una declaración jurada que hiciera explícitas esas condiciones, precisando que no existía relación con compañías involucradas en este tipo de actos. Sin embargo, en 2013 el trámite se simplificó y se eliminó la obligación de incluir a las firmas vinculadas.

Desde entonces, el CPA detectó un incremento de sociedades registradas para pescar calamar con capital proveniente, principalmente, de China. En febrero de 2014, el Consejo Federal Pesquero aprobó la operación de dos buques de Univpesca: el Ming Wang y el Ming Yuan. Lo hizo pese a que años antes el mismo organismo había rechazado la solicitud por violar el artículo 27 bis.

Ante la consulta, Carlos Cantú, miembro histórico del Consejo Federal Pesquero, se mostró sorprendido por el caso y explicó que no conocía la historia de Univpesca ni la modificación de los requisitos de registro, ya que “hubo un sinnúmero de cambios a lo largo del tiempo”. No obstante, confirmó que hoy no se exige consignar el nombre de las empresas asociadas a los proyectos solicitantes.

“Los proyectos [que se aprueban] se componen de una operatoria que detalla qué se va a hacer, qué buque lo hará y cuáles son sus capacidades técnicas. También debe estar expresado el origen del barco y su bandera anterior. Las empresas vinculadas al solicitante no constituyen un requisito formal”, detalló. Aclaró además que toda la documentación es recopilada por la Subsecretaría de Pesca de la Nación y luego enviada al Consejo que toma la decisión final.

Para Raúl Cereseto, presidente de la Fundación Latinoamérica de Sostenibilidad Pesquera (Fulasp) y organizador del Foro PescAR, el informe no refleja la realidad. “No coincido con esa mirada. Es posible que algunas compañías con licencia hayan adquirido un casco usado de otra que tuvo algún antecedente de pesca ilegal, pero es un informe cuyo enfoque no termino de comprender. Las firmas argentinas pueden tener permisos y también capital extranjero; hay muchos casos, no solo en la pesca sino en otras actividades productivas. De lo contrario, no habría industria”, sostuvo.

Actualmente Univpesca ya no opera en la ZEE. Según el CPA, en 2016 transfirió los permisos de los buques Ming Wang y Ming Yuan a Zhou Yu 9 y Zhou Yu 10. Estas embarcaciones pertenecen a una operadora de bandera argentina llamada COFC, que tanto el CPA como una investigación especial de Mongabay Latam también identificaron como subsidiaria de China National Fisheries Corporation, señalada como matriz de otras empresas armadoras que actúan en la zona.

“Para encontrar estos vínculos accedimos a bases corporativas internacionales e investigamos artículos periodísticos nacionales e internacionales. Así determinamos que hay muchos casos como el de Univpesca. En varios, el beneficiario final era la empresa estatal china”, describió Schvartzman. LA NACION se contactó con la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca para conocer los criterios con los que recopila la información de los solicitantes y si está al tanto de situaciones como estas. Al cierre de este informe no hubo respuesta.

A estas denuncias se suman otras que apuntan a lo mismo: una falta de regulación y fiscalización de la pesca también en aguas nacionales. Una es la escasa presencia de observadores a bordo. Según un reporte del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, el año pasado solo siete buques, sobre un total de 78, contaron con observadores que cubrieron apenas nueve viajes de 354. Cantú señaló que la función de estos técnicos es científica y estadística y que el Inidep no es autoridad de aplicación. Aun así, reconoció que registran la cantidad capturada y las especies extraídas, datos clave para los informes que luego llegan a las manos del Consejo Federal Pesquero, el cual —aseguró— pondera sus decisiones con esa información. Agregó que en cada barco hay un inspector dependiente de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca encargado de fiscalizar.

Para las organizaciones socioambientales consultadas, persiste una fuerte carencia de información pública sobre embarcaciones, armadores, permisos, antecedentes empresariales y eventuales sanciones. Para subsanar esa falencia proponen crear un Registro Público de Embarcaciones y Permisos Pesqueros, accesible de manera virtual, que concentre esos datos y aporte mayor transparencia al sector.

“En la Argentina, la información clave sobre la flota pesquera está fragmentada y dispersa en resoluciones del Consejo Federal Pesquero; no se publica en un formato accesible ni en tiempo real, lo que dificulta el control estatal y ciudadano”, señalaron. “Se trata de implementar un registro online que se actualice periódicamente y contribuya a reforzar la transparencia de toda la cadena, sumando gobernanza”, agregó Schvartzman, quien recordó que, aunque la Ley Federal de Pesca prevé un registro específico, “la información no se publica de forma abierta ni en línea, lo que limita el control efectivo de la flota”.

Cereseto discrepa: “En el sector hay acceso a la información pública; hay más mito que realidad en torno a eso. Sí creo que hace falta más transparencia y publicidad; siempre hay margen para mejorar”, afirmó. Y añadió: “Todas las decisiones se publican en un acta al día siguiente de cada sesión; hay revistas especializadas que las retoman y existen espacios para plantear cuestionamientos permanentes sobre las políticas públicas”.

Más allá de esa difusión administrativa, el portal de datos abiertos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca funciona de manera irregular. En distintas pruebas realizadas por LA NACION no se pudo acceder al mapa disponible y hubo dificultades para ingresar a la base pública. En un sector atravesado por antecedentes de pesca ilegal, cambios regulatorios y estructuras societarias complejas, la calidad y accesibilidad de los datos públicos se vuelven un elemento clave para garantizar control, trazabilidad y transparencia.

Por Jorgelina Hiba y Matías Avramow

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