Piden derogar la ley que permite espiar charlas telefónicas o por mail

Diputados de diferentes partidos, encabezados por el justicialista Cristian Ritondo, presentarán mañana un proyecto para la derogación de la ley que obliga a los proveedores de servicios de Internet a almacenar durante 10 años información de sus clientes.

Los diputados analizan también la posibilidad de redactar una ley correctiva, tras realizar una serie de consultas con expertos en informática que coincidieron en destacar que la norma avasalla los derechos individuales de los usuarios.

En diálogo con LA NACION LINE, Ritondo explicó los alcances del proyecto: “Necesitamos que esto se vuelva a discutir porque se planteó que podría ser inconstitucional; por lo menos debe someterse a una discusión con técnicos informáticos, donde también participen hombres del derecho y sin duda, analistas en el tema de seguridad”.

El legislador opinó que "es inexplicable e imposible de contener que durante 10 años esté todo lo que pasa por Internet y las comunicaciones guardadas y que una empresa sea la que lo pueda almacenar".

Agregó que "esto significa que cada empresa tendrá que invertir una gran cantidad de dinero que terminarán pagando los usuarios. Se tiene que estudiar más en profundidad. Esto es demasiado abundante y no se deben vulnerar los principios más básicos relativos a la privacidad e intimidad".

La ley debería entrar en vigencia a partir del 31 de julio. Sin embargo, Ritondo aseguró que confían en una rápido salución del tema. "Creo que se va a dar una pronta discusión porque el presidente de la Comisión (Osvaldo Nemirovski) ha planteado que va a requerir por lo menos modificaciones".

El Gobierno

Esta mañana, el Gobierno expresó que esperará a que "se expida la Justicia" antes de evaluar si aplica alguna modificación a la polémica ley de Telecomunicaciones, que dispone el archivo de llamadas telefónicas y mails por diez años, con el objeto de combatir el delito, en especial los casos de secuestros extorsivos y narcotráfico.

Un integrante del Gabinete nacional, que pidió el anonimato, dijo que "el Gobierno va a esperar las presentaciones que se realicen ante la Justicia y que ésta se expida antes de tomar alguna decisión.

Consultado por DyN, el ministro de Justicia, Horacio Rosatti, se excusó a responder, mientras que el jurista Daniel Sabsay dijo no encontrar "cuál es la fundamentación para la reglamentación de este decreto, que crea una situación abusiva en la cual todos vamos a estar permanentemente espiados", se quejó.

En declaraciones a radio Mitre, Sabsay opinó que, con esta normativa, "todos pasan a ser sospechosos", y la norma violaría "la zona de reserva de la intimidad".

En tanto, el diputado nacional Mauricio Bossa (UCEDE-Córdoba), uno de los tres legisladores que rechazó el proyecto, lo calificó hoy como "una gran locura y una enorme fantasía".

La ley de Telecomunicaciones (25.873), sancionada el 17 de diciembre de 2003 en la última sesión ordinaria del Senado, sobre tablas y sin debate parlamentario, fue reglamentada a través del decreto 1653 del 9 de noviembre del año pasado.

Las normativas señalan que las prestadoras de telecomunicaciones, incluidas las de telefonía móvil, deberán almacenar los datos de sus clientes: a quién llaman y qué llamadas reciben, la duración de los contactos y en qué lugar se encontraba el aparato en el momento de la comunicación.

También deben quedar archivados los contenidos de sitios visitados, salas de chat, correos electrónicos enviados y recibidos.

En declaraciones a radio Continental, Bossa consideró que la normativa "es anticonstitucional, porque establece que todos los ciudadanos están bajo sospecha".

"Se están metiendo con nuestra intimidad, y declaran que todos somos potencialmente sospechosos violando el precepto constitucional que dice que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario", agregó.

Bossa destacó que "éste fue un esquema que sugirió la SIDE al presidente del bloque del partido Justicialista, José María Díaz Bancalari, diciendo que ellos necesitaban que las empresas de telecomunicaciones les proveyeran gratuitamente escuchas telefónicas para casos sospechosos, y surge este proyecto que dice mucho más que esto".

"Técnicamente es un proyecto casi imposible de llevar a cabo; ni siquiera la película ´Misión imposible´ contempla tal tipo de tecnología. Esto suena a una gran locura, una enorme fantasía, y revela una increíble incapacidad de quien ha reglamentado la norma", agregó.

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