Piden un sistema integral para combatir la delincuencia juvenil

Aunque el tema viene discutiéndose desde hace años, el asesinato del camionero Daniel Capristo a manos de un menor de 14 años y las declaraciones del juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni , volvieron a instalar en la agenda oficial y pública la discusión sobre la baja en la imputabilidad de los menores.

De hecho, la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados comenzó esta semana a analizar los 11 proyectos que buscan reformar el actual sistema tutelar por un régimen penal juvenil.

Los magistrados no quedaron al margen del debate. En una entrevista con lanacion.com , el juez Abel Fleming, presidente de la Federación de Magistrados de la Argentina, se mostró de acuerdo con la creación de un régimen penal juvenil, aunque consideró que el castigo no es una herramienta eficaz para combatir el delito, y recalcó la necesidad un programa integral de seguridad y justicia.

Además, anunció que el 27 de mayo próximo, a las 13 horas, más de ocho mil magistrados y funcionarios judiciales del país reclamarán en los distintos edificios de tribunales medidas globales para mitigar la inseguridad.

"Bajar la edad de la imputabilidad, como única medida, sólo agravaría el problema, contribuiría al mayor colapso del sistema judicial y pondría en mayor crisis la actual falta de sitios de alojamiento y de asistencia. Esto muy poco aporta, si no forma parte de un plan integral en materia de seguridad y justicia. Es una crisis global que exige respuestas globales y simultáneas", expresó el magistrado desde El Salvador, donde se desarrolló la Asamblea de la Federación Latinoamericana de la Magistratura.

En relación con la edad mínima, Fleming propuso la de 14 años, acorde a la de otros estados como Italia, Alemania, España y Uruguay, pero hizo hincapié en la aplicación de herramientas de mediación, reparación, integración de la víctima y medidas socioeducativas de control extramuros.

"Hay que evitar el largísimo encierro, con menores depositados en lugares de hacimiento y promiscuidad, y remplazarlo por una intensa actividad educativa, asistencial y de control postliberación", reflexionó.

En ese contexto, reconoció que la discusión no se encaró oficialmente con anterioridad porque no se quiso asumir el costo social y político.

"Cuando hablamos de la responsabilidad penal de los mayores, podemos dar por sentado que la responsabilidad de los castigados les pertenece, pero cuando hablamos de la responsabilidad penal de un niño o de un joven, no podemos atribuir la culpa sólo a estos, sino que debemos girar la mirada hacia los adultos, la educación, la familia, la sociedad. En ocasiones sirve postergar la discusión bajo el manto protector que siempre proporcionan otras urgencias", analizó.

Ventajas y desventajas. Respecto al procedimiento, el juez opinó que una ley específica penal juvenil traería muchos beneficios a la Justicia, y permitiría ganar en previsibilidad. Aunque, para otorgarle celeridad, los fiscales deberían poder seleccionar que casos impulsar y cuáles no.

"Siempre una justicia especializada actúa con ventaja, pero habría que descargar de la actual Justicia Penal de menores los asuntos que requieran actuación de menor complejidad. Esto tiene que ver con la propuesta que realizamos de creación de un nuevo cordón de asistencia primaria del conflicto mediante un sistema simplificado en los procedimientos y desconcentrado geográficamente que podría tomar a cargo algunas franjas de la problemática penal de menores de menor densidad", opinó.

Mucho más que castigo. A pesar de estar de acuerdo con la reforma del actual sistema, Fleming consideró que es insuficiente para combatir la inseguridad e insistió, como otros colegas, en la necesidad de instalar medidas de prevención que van más allá del castigo o la pena.

"Con la era Blumberg, la Argentina aprendió que el encarcelamiento no corrige al encarcelado, ni sirve para evitar delitos futuros. Los delitos se evitan con prevención, con educación ciudadana, con control, con planes de alfabetización popular en derechos y obligaciones, con exaltación del valor de la ley y el respeto del otro como precio para evitar la convivencia salvaje", manfiestó.

Y agregó: "Pensar en que desde las penas vamos a modificar los extendidos comportamientos sociales instalados en la cultura del desorden y de la trasgresión a la Ley, es pensar que se puede hacer ortopedia social desde el castigo. Si la respuesta es únicamente punitiva tendríamos que convertir a la sociedad Argentina en una sociedad de controlados y controladores".

Por Constanza Longarte

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