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Polémica por un plan para prolongar la Diagonal Sur y construir garajes
El proyecto oficial recoge uno de 1907; se incluye la expropiación de lotes; desacuerdo opositor
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LA NACIONLaura Rocha
El gobierno porteño quiere extender la avenida Julio A. Roca, también conocida como Diagonal Sur. Para conseguirlo, envió a la Legislatura un proyecto que incluye expropiaciones, un llamado a concurso público y la construcción de cocheras subterráneas.
El proyecto, que en rigor toma una reforma prevista en 1907, ratificada en 1968 y convertida en ley en 2000, llegó el viernes pasado a manos de los legisladores e inmediatamente despertó polémica.
La iniciativa persigue prolongar la Diagonal Sur entre las avenidas Belgrano y 9 de Julio. Para ello, es necesario expropiar 37 lotes y desafectar otros tres que son propiedad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
El subsecretario de Planeamiento Urbano porteño, Héctor Lostri, indicó: "Es una de las tantas medidas que complementan poner «el Norte» en el Sur. Si uno estudia la apertura de la Diagonal Sur como un hecho aislado, se equivoca. Esto es parte de la construcción simbólica del área central de la ciudad de Buenos Aires que es muy importante. La Diagonal Norte se realizó completa".
Según ese funcionario, significa poner en igualdad de condiciones los accesos desde el Sur: "Hay un eje formado por la Avenida de Mayo y dos diagonales. Abriendo la Diagonal Sur, lo que se hace es acercar la Plaza de Mayo a San Telmo y a Constitución".
El gobierno que encabeza Mauricio Macri realizó varias intervenciones en el área central de la ciudad y convirtió calles en espacios peatonales, como la calle Reconquista o la calle Suipacha, dentro del denominado Prioridad Peatón.
"Esta reforma acompaña operaciones en el área central mucho más sutiles, como el plan de Prioridad Peatón. Se podrá, además, encauzar el transporte público y restringir el auto particular, que es el tercer factor por tener en cuenta cuando se diseña una política pública", agregó Lostri.
El proyecto ingresó en la Comisión de Planeamiento de la Legislatura, cuya presidenta es la peronista Silvina Pedreira. Ella no se opone a la apertura de las calles, pero sostiene que no está claro el destino del uso del subsuelo.
"Que las trazas son preexistentes no hay ninguna duda. Incluso, los dueños de los lotes que están allí saben que están sujetos a expropiación. El problema es la falta de información sobre el concurso público y la concesión a la empresa que lo gane para que explote los estacionamientos subterráneos que se quieren hacer", indicó a LA NACION.
El proyecto, que consta de cuatro artículos, autoriza en el tercer apartado a construir y concesionar por 20 años para su explotación un "estacionamiento público" subterráneo. Según la iniciativa, podrá ser explotado por parte del ganador del concurso internacional del proyecto y precio, o por terceros.
Contradicción
Pedreira señaló además que esa intención va en contra de lo que se pregona: "No sólo falta información. La concesión y la construcción del estacionamiento público se contradice con el espíritu de lo que es el plan Prioridad Peatón".
Eduardo Epszteyn, de Encuentro Progresista y Popular, opinó que la iniciativa "va en contra del Código de Planeamiento Urbano y del Plan Urbano Ambiental, que proponen desalentar el uso de automóviles en el área central. Por el contrario, con un estacionamiento en ese lugar, se promueve la llegada de vehículos a esa zona".
El bloque de la Coalición Cívica también se mostró en desacuerdo con la iniciativa.
El proyecto oficial no detalla la cantidad de lugares para estacionar ni su ubicación. Todo eso quedaría definido en el concurso público. Según los argumentos que figuran en la iniciativa se persigue "configurar una nueva área de oportunidad estratégica, que colabore con la política oficial de desarrollo de la ciudad hacia el Sur".
Cabe recordar que el gobierno planifica mudar a la zona sur el Centro Cívico. Además, incluyó en el proyecto de presupuesto para el año próximo 70 millones de pesos para concretarlo.
Esa iniciativa de mudanza de la sede del gobierno y de otras dependencias que el macrismo viene prometiendo realizar desde que asumió en 2004 prevé la construcción de un nuevo edificio en la avenida Amancio Alcorta y Perdriel para la nueva sede gubernamental, todas las oficinas y dependencias de la Jefatura y Vicejefatura de gobierno, la Jefatura de Gabinete y los ministerios de Desarrollo Urbano, Ambiente y Espacio Público, Desarrollo Económico, Hacienda y Educación.
La iniciativa también promueve la mudanza de varias dependencias que hoy están funcionando en el microcentro. También ese ejercicio presupuestario, que prevé gastos por 32.705 millones de pesos, incluye nuevas peatonalizaciones de calles o extensiones de existentes como son las cerradas al tránsito vehicular Tacuarí, Bolívar, Perú y 25 de Mayo. El plan incluye, además, a la calle Uspallata, en Parque Patricios.
Por Laura Rocha
