Preocupan los riesgos para los vigiladores en las garitas

El caso del vigilador de Olivos que fue asesinado anteayer al intentar frustrar un asalto reavivó la polémica sobre la regulación de la seguridad "particular".

Según un sondeo realizado en 2008 por la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (Caesi) junto al sindicato de seguridad privada, aproximadamente el 80% de garitas está en situación irregular y aseguran que ese porcentaje se mantiene en la actualidad.

"Hay diferentes grados de irregularidad. Por un lado, están los agentes que no pertenecen a ninguna de las empresas de seguridad habilitadas. Y por otra parte, hay casos en los que el vigilante ni siquiera cuenta con el permiso del municipio para colocar la garita y ejercer su tarea", explicaron a lanacion.com desde Caesi.

"Por lo general se trata de un grupo de vecinos que se juntan y contratan a una persona que no pertenece a ninguna de las agencias habilitadas", indicó Aquiles Gorini, presidente de la cámara.

La formalización del puesto garantiza algunas cuestiones básicas, como que la garita cuente con vidrio blindado, baño químico y luz eléctrica. Además, si el vigilador está registrado, debe contar con un seguro.

"La gente sabe que existen estos requisitos, pero a veces, por ahorrar dinero, inventan estos puestos y no tienen en cuenta el riesgo en el que ponen sus vidas y la del vigilador", dijo Gorini.

Habilitaciones. Según datos de la Dirección General Fiscalizadora de Agencias de Seguridad Privada (DGSAFP), la provincia cuenta con 1147 garitas habilitadas, de las cuales 305 pertenecen a empresas de seguridad y las otras 842 son particulares.

"Para habilitar a un vigilador de manera particular, los vecinos tienen que realizar un trámite que nos permite llevar el registro de cada puesto, su ubicación y si cumplen con todos los requisitos", explicó a lanacion.com Carlos Sottini, director de la Dgsafp.

El trámite requiere que los vecinos particulares o una persona jurídica presenten un acta en donde se establezca, entre otras cosas, la constitución de una comisión vecinal, quién será el representante legal, a qué domicilio irán las notificaciones relacionadas con la garita y el o los vigilantes que quieren poner en funciones y un certificado de antecedentes de la provincia de Buenos Aires y de Reincidencia en Estadística Criminal de la Nación de todos los integrantes de la comisión vecinal y de los serenos que van a trabajar.

Además, deben contar con un seguro que resguarde al sereno (así se le llama al vigilante "informal") y presentar un croquis con él o los lugares donde desean que se instalen las garitas.

"Muchos vecinos desean tener seguridad pero no quieren pagar los costos que genera hacerlo en el marco del convenio. Eso es lógico. Pero en casos como el del vigilante de Olivos, les termina saliendo mucho más caro", dijo Sottini.

"El vecino tiene una responsabilidad solidaria sobre la vida del vigilante particular, sobre todo porque no hay una empresa que responda por él", añadió.

Por otra parte, Sottini aclaró que, si bien ellos proceden a clausurar la garita si no cumple con los requisitos, no pueden retirarla de la vía pública porque esto le corresponde al municipio.

"La clausura se hace con una faja de seguridad. Si la garita no es retirada, lo más probable es que al tiempo alguien la vuelva a utilizar", explicó.

El rol del vigilador. Si bien no están autorizados a portar armas, ya que desempeñan su trabajo en la vía pública, la función que cumplen los vigiladores es fundamentalmente disuasiva. "Quienes trabajan para las agencias habilitadas reciben una capacitación que les permite saber cómo actuar en estas situaciones", explicó Gorini. "Su rol es intentar disuadir, observar y dar la alerta en caso de algún hecho sospechoso. En última instancia pueden llegar a intervenir, pero al no portar armas esto los pone en gran desventaja", aclaró.

Por su parte, Sottini puso énfasis en el hecho de que ni los vigilantes privados ni los serenos cumplen funciones policiales. "Si pertenecen a alguna empresa, es más probable que estén preparados para saber cómo responder ante un hecho delictivo. Se les exige un examen psicofísico y realizan un curso de capacitación", dijo el funcionario.

"En el caso del vigilador de Olivos, si hubiese contado con esa capacitación, tal vez no hubiese intervenido en el asalto, ya que habría sabido que su función es llamar a la policía, dar la alerta", explicó. "O al menos hoy habría una empresa que respaldara la situación", concluyó.

Por Sol Amaya

• Inseguridad

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