Presupuesto 2026: volvería a caer la inversión en ciencia y estas son las tres áreas con más ajustes
De aprobarse la propuesta del Ejecutivo, con excepción de la propia Secretaría de Ciencia y Tecnología, en términos reales el sistema científico caería a mínimos históricos
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Con el proyecto de presupuesto 2026, la caída de inversión en ciencia parece seguir su curso de manera paulatina pero constante. Hace poco, la organización Fundar señaló que es necesario reformar el sector, pero advirtió que la falta de continuidad en la política científica favorece la “fuga de cerebros” y golpea el desarrollo del país.
En su discurso, el presidente Javier Milei no hizo mención a incrementos específicos para el área, a diferencia de lo que sí anunció en salud, subsidios para discapacidad o educación. Con excepción de la propia Secretaría de Ciencia y Tecnología, en términos reales el resto del sistema científico caería a mínimos históricos de aprobarse la propuesta del Ejecutivo, aunque la magnitud de la caída no sería abrupta. Varios investigadores consultados califican lo proyectado como “un dibujo” difícil de concretar.
Desde la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, a cargo de David Genua, explicaron que la baja estimada para 2026 sería de apenas 1% en la Función Ciencia y Técnica respecto de 2025, y que la Secretaría tendría un aumento del 39%. Sin embargo, como 2025 ya exhibió cifras muy bajas, la tendencia de deterioro se mantiene.
¿Qué entra en la bolsa de la Función Ciencia y Técnica? El Conicet, la Secretaría —antes Ministerio— de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), el INTA, el INTI y otros organismos de investigación.
Hoy el presupuesto destinado a la Función Ciencia y Técnica es el más bajo de las últimas tres administraciones, en todos sus rubros, y de aprobarse el nuevo proyecto se profundizaría aún más. La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (I+D+i) es la más golpeada: ya sufrió un recorte del 76,5% y caería a casi 78% en 2026 respecto de 2023.
La Conae se redujo en 2025 un 34% y, con la nueva propuesta, alcanzaría un 59% menos que en el arranque de la administración libertaria. En el caso del INTA, el recorte de este año fue del 39% y llegaría al 50% en 2026. El INTI, en tanto, ya perdió la mitad de su presupuesto y con el plan libertario bajaría hasta 61,39% en comparación con 2023. Todo esto, claro, bajo la premisa de que se cumpla la proyección inflacionaria incluida en el presupuesto.
“Yo no veo un terrible ajuste nuevo en este presupuesto. Si querés, sería un leve empeoramiento de un sector que ya está en el suelo”. Así lo resumió Jorge Aliaga, físico, exdecano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA y miembro del directorio del Conicet, al analizar el texto que el Gobierno envió al Congreso. Según él, más que una poda abrupta, lo que se observa es la continuidad en el deterioro de la mayoría de los organismos de Ciencia y Técnica, reflejando la baja valoración estatal hacia el sector.
El artículo 30 del proyecto de ley también deroga los artículos 5, 6 y 7 de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Aliaga explicó que esas modificaciones buscan anular disposiciones que establecían incrementos anuales o bases de financiamiento: “Acá lo que están haciendo es lo mismo que intentaron el año pasado: eliminar todo eso”, advirtió.
Una agencia débil e investigadores en espera
La Agencia I+D+i, presidida por Natalia Irene Avendaño desde octubre del año pasado, es el organismo más golpeado de la Función Ciencia y Técnica. En términos simples, funciona como un ente de promoción científica. Capta financiamiento internacional —además de contar con presupuesto propio— para sostener tres fondos: Foncyt, dedicado a la ciencia básica, con 4723 proyectos; Fontar, orientado a la innovación tecnológica en pymes, con 718; y Fonarsec, que impulsa la creación de nuevas empresas de base tecnológica, con 87. La mayor parte de esos recursos proviene de la banca multilateral, en especial del BID, el Banco Mundial y el BCIE. Desde la agrupación Defendamos la Ciencia denunciaron que el 80% de los fondos del BID se recortaron en abril de este año.
En diálogo con LA NACION, la exfuncionaria Alicia Caballero explicó hace unos meses que hasta finales de septiembre del año pasado —cuando renunció— se había ejecutado menos de la mitad del presupuesto 2024. Reiteró que durante su gestión no logró concretar muchos proyectos activos dentro de la agencia. Uno de los más relevantes son los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT), que financian investigaciones por dos años, cubriendo insumos, viáticos y publicaciones. Desde que asumió Milei, no se otorgaron becas nuevas.
Desde el Gobierno aseguraron que han revisado los “programas e instrumentos” y trabajan en el lanzamiento de “nuevos mecanismos de financiamiento, con procesos más ágiles y un enfoque centrado en el desarrollo productivo”, aunque casi dos años después del inicio de la gestión todavía no hay anuncios concretos. “Lo que tienen que entender es que la administración pasada tenía todo desordenado y asignó presupuesto que no existía. Tuvimos que reorganizar todo”, añadieron.
Mientras tanto, todos los proyectos de la convocatoria 2022 de los PICT siguen paralizados. Florencia Yanniello, doctora en comunicación social, es una de las investigadoras afectadas: “Mi proyecto aborda la prevención de incendios en la Patagonia Norte, un problema crítico en la región. Accedimos al primer desembolso, pero el segundo nunca llegó. El Gobierno afirma que se ejecutó todo, pero a nosotros no nos llegó”, denunció.
Además, Yanniello forma parte de un grupo de científicos aceptados por el Conicet que llevan dos años sin resolución.
1250 científicos en espera del alta
Son 850 investigadores que esperan desde 2022 su incorporación formal al Conicet. “Fuimos seleccionados por concurso público y se anunció que 850 personas habíamos sido aceptadas, pero dos años después seguimos en un limbo”, contó Yanniello.
De ese total, 595 continúan trabajando en la academia gracias a becas posdoctorales extendidas, que solo cubren un estipendio sin antigüedad ni aguinaldo. Otros 255 no tienen beca alguna: algunos dictan clases, otros emigraron y muchos más se dedican a tareas ajenas a la investigación.
Hace un mes se publicaron los resultados de la cohorte 2023: otros 400 científicos quedaron en la misma situación. En total, 1255 investigadores esperan resolución. El presupuesto para estas becas depende directamente de la Función Ciencia y Técnica, que se desplomó en los últimos años y que el Ejecutivo proyecta recortar aún más.
Desde el año pasado, el Gobierno —a través del secretario Darío Genua y del vocero presidencial Manuel Adorni— justificó estas medidas como parte de la estrategia para “sanear el Estado”. Ante los reclamos, desde la Secretaría respondieron que “no hay presupuesto” ni “están habilitados ingresos”. En privado, reconocieron que “no hay voluntad política” para resolverlo.
“Nos están desmantelando”
La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) es otro de los organismos más golpeados. Según denuncias, uno de sus proyectos estrella, el lanzador Tronador II, quedó detenido, al igual que la segunda versión de los satélites Saocom. “Con ese desarrollo, Argentina dio un salto tecnológico e incluso exporta hoy componentes satelitales y productos derivados de la industria satelital como es el caso de los radares de Invap”, explicó Emiliano Baum, coordinador IT del segmento de territorio y representante de ATE en la Conae.
Según el presupuesto abierto, muchos de esos programas apenas ejecutaron la mitad de los fondos disponibles; otros, como el satélite SABIA-Mar para monitoreo de, entre otras cosas, la pesca ilegal, no superan el 10%, y algunos directamente no ejecutaron recursos vigentes, como el Saucom 2.
Consultadas, las autoridades de la Conae no dieron declaraciones. Desde la Secretaría de Ciencia, en cambio, aseguraron que anunciarán un reordenamiento del sector en el marco de un nuevo Plan Espacial Nacional y la creación de un hub espacial “para posicionar al área como actor estratégico y geopolítico, motor de innovación y desarrollo”. Añadieron que próximamente darían definiciones, aunque no dieron más precisiones.
Más allá del Tesoro, la Conae sostiene dos de los cinco préstamos del BID dedicados a ciencia y tecnología, por un total de 91,1 millones de dólares, destinados al desarrollo de satélites. El Ejecutivo informó a LA NACION que gran parte ya fue ejecutada y que restan 1,15 millones por desembolsar.
La Conae atraviesa hoy la mayor caída presupuestaria desde su pico en 2013. “En su mejor momento tenía 315 empleados y hoy quedamos 250. La mayoría eran técnicos y científicos que emigraron, gente altamente capacitada”, señaló Baum.
Según él, cada semana renuncia un trabajador en Vehículo Espacial Nueva Generación S.A., empresa dedicada a la actividad espacial donde la Conae es el principal accionista.
“Nosotros analizamos incendios, inundaciones y hasta sacamos un reporte que anticipó la expansión del dengue en el norte argentino tras la deforestación. Pero hoy ni siquiera autorizan la compra de grasa para mantener antenas que cuestan apenas 500 dólares y son la base para generar datos”, denunció Baum. “Lo que creemos es que nos están desmantelando. Nunca habíamos recibido un recorte así”.
El Gobierno rechazó la idea de desmantelamiento y reitera que busca reordenar el sector. Pero para Baum y sus colegas, el mensaje es claro: “Trabajamos con agencias de Italia, Europa y Estados Unidos. Ellos nos valoran más que nuestro propio Gobierno”.
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