Presupuesto. Denuncian fuertes ajustes en la política ambiental
Según los especialistas, el proyecto del Gobierno impulsa menores partidas para la protección de bosques, el control de la contaminación y el manejo del fuego
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El proyecto de presupuesto que el gobierno de Javier Milei presentó este lunes expone con claridad, según los expertos consultados por LA NACION, la marginación que su agenda asigna a la protección ambiental y a la atención de la crisis climática. Para los especialistas, la reducción de fondos destinados a este área no constituye un hecho aislado ni sorpresivo: es, más bien, la confirmación de una línea de continuidad en la administración libertaria desde su llegada al poder en diciembre de 2023.
Según se detalla en el proyecto de ley de presupuesto 2026, la función de Ecología y Medio Ambiente enfrentará una caída del 21% en términos reales respecto de lo designado en el año en curso, considerando la inflación promedio. El monto total previsto asciende a 213.721 millones de pesos. Hasta agosto pasado se había ejecutado poco menos del 60% de lo aprobado, lo que anticipa un fuerte impacto sobre gran parte de las políticas de conservación y protección de bosques nativos.
La contracción no se limita a un área en particular: alcanza a la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, al saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, a la protección de bosques nativos y al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF). “El presupuesto para bosques nativos es 96% inferior a lo que debería según lo estipula la ley y cayó un 31,27% con respecto a la asignación de 2025”, advirtió Ariel Slipak, economista e integrante del equipo de análisis presupuestario de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). La baja presupuestal en esta ley no es exclusiva del gobierno libertario, en la historia de la Ley de Bosques, jamás se llegó a lo estipulado. Sin embargo, este sí sería el mínimo histórico.
Los fondos destinados a bosques se dirigen principalmente a productores agrícolas, bajo la lógica de incentivar la conservación y la reforestación dentro de un ordenamiento territorial aprobado por los gobiernos provinciales. Sin embargo, la reducción casi total de esos recursos compromete la eficacia de esos planes. “Sin financiamiento, los ordenamientos pierden su función. No hay presupuesto para que se implementen correctamente”, señaló Matías Cena Trebucq, analista económico en FARN.
En paralelo, la asignación de fondos a la Subsecretaría de Ambiente tendría una baja en términos reales del 32,7%. En la Administración de Parques Nacionales se proyecta un incremento real del 25,68% con respecto a este año, aunque, al comparar con los recursos disponibles en 2023, todavía implica una caída acumulada del 26,3%. Este tipo de contrastes, advirtieron los expertos, muestra cómo los aumentos anunciados en algunos rubros no logran compensar la pérdida de capacidad presupuestaria que viene arrastrándose desde hace dos años.
La organización FARN también enfatizó que, en el marco del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) y el empeño del Gobierno de expandir actividades productivas como la minería, la energía y la agricultura, la política ambiental debilitada suma presión sobre ecosistemas que ya enfrentan altos niveles de degradación. Cena Trebucq destacó en particular el Programa de Evaluación y Control Ambiental, destinado a financiar estudios de impacto ambiental previos a proyectos de envergadura.
Estos estudios son fundamentales para prevenir daños en cuerpos de agua, suelos, biodiversidad o incluso en la salud de las comunidades. “En el nuevo proyecto de presupuesto se contempla una caída del 54,2% [en el Programa de Evaluación y Control Ambiental]”, precisó el economista, y agregó que las reducciones no se limitan a lo financiero: también disminuye la cantidad de inspecciones destinadas a controlar efluentes industriales y residuos peligrosos.
Otro de los recortes significativos se observa en el SNMF —que depende del Ministerio de Seguridad desde principios de año—. Según los cálculos de FARN, para el año próximo habría una caída del 51,85% del presupuesto que se asignó a ese servicio para este año. La comparación muestra una reducción drástica de la capacidad de respuesta frente a incendios forestales, un problema que en los últimos años ha escalado en magnitud. Si bien el presupuesto del manejo del fuego no solo se compone de lo designado al SNMF, los expertos plantean que es un primer indicador. “Falta analizar cuánto asignará Parques Nacionales y el Ministerio de Seguridad a este tema”, añadió Slipak.
“Esto refleja lo que Milei sostiene en sus discursos. Ni el ambiente ni el clima son contemplados. El Gobierno ve como única política económica el recorte presupuestario para sostener el equilibrio fiscal. Pero si ocurren inundaciones como la de Bahía Blanca o incendios como los de la Patagonia y eso significa déficit fiscal, ¿qué hacemos?”, cuestionó el economista de FARN.
En conjunto, los datos del presupuesto 2026 muestran que, lejos de priorizar el fortalecimiento de la política ambiental en un contexto de crisis climática global, el Gobierno profundiza el sendero de desinversión en el área. “En caso de que la inflación promedio sea mayor que la proyectada por el Gobierno, que apunta a 13,9%, las caídas podrían ser superiores a las analizadas”, destacó Cena Trebucq.
Para los especialistas, este rumbo implica no solo menos recursos, sino también una menor capacidad del Estado para responder a emergencias ambientales, cumplir con compromisos internacionales y garantizar condiciones básicas de protección de la biodiversidad y de las comunidades que dependen directamente de ella.
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