Proponen condenar a los menores desde los 14

El ministro de Justicia, Jorge Vanossi, anunció ayer que ha enviado al presidente Duhalde un anteproyecto de ley que reduce a 14 años la edad para la imputabilidad de menores.

La decisión de Vannosi se ha hecho cargo, pues, del nuevo cuadro de criminalidad en el país, sobre todo en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, donde asesinatos, atracos, secuestros y otros delitos han tenido por actores a jóvenes en la temprana adolescencia.

En otro anteproyecto, aparte del que introduce modificaciones en el régimen de la minoridad, se elevan las penas a los adultos que induzcan a los menores a cometer crímenes.

Tales anuncios fueron hechos por Vanossi en un almuerzo ofrecido ayer, en la amplia biblioteca del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, en Montevideo 640, por las nuevas autoridades de la institución, presididas por el doctor Roberto Durrieu.

Vanossi fue presentado por Durrieu "como un hombre de esta casa", y la concurrencia que colmó el salón recibió con satisfacción aquellos anuncios, sobre la base de que quien a los 14 años mata, viola o roba conoce perfectamente la gravedad de lo que hace.

Sin embargo, se sabe que la iniciativa ya tiene opositores: el presidente del Consejo del Menor entrevistó al ministro de Justicia con el fin de abogar por el mantenimiento de la edad mínima de 16 años para la imputabilidad.

Se estaría, entonces, a las puertas de una controversia curiosa, porque en Gran Bretaña, precisamente por estos días, uno de los temas públicos en discusión es bajar la edad de la imputabilidad a 12 años. Uno de los argumentos que se invocan para hacerlo es que la juventud y la niñez tienen hoy, por la multiplicidad de vías de información y conocimiento a su disposición, nociones de comportamiento azuzadas como no las hubo en el pasado.

En un discurso que ocupó todo el largo almuerzo y, por lo tanto, sin probar bocado, el ministro se ocupó de la inseguridad en la Argentina. Habló de la inseguridad física, la inseguridad jurídica, que, entre otros efectos, da la medida, en lo económico y financiero, del riesgo país; de la sensación de impunidad y de irresponsabilidad, de la ausencia de normas institucionales que rijan de verdad y no deriven, como en el caso del Mercosur, "en la regla del teléfono", por la cual los problemas sólo se resuelven si los presidentes o los ministros hablan entre sí y convienen en realizar concesiones recíprocas.

Vanossi sostuvo que la mayoría de la Justicia está integrada por magistrados idóneos, pero que la conducta de algunos de sus miembros la lleva también a ser parte del estado de emergencia que atraviesa el país. La Justicia, dijo Vanossi, está en crisis y eso no se resuelve por ley, sino por la forma en que la Justicia tome nota de lo que se espera de ella.

"Las encuestas demuestran -dijo el ministro- que la confianza de la población en la Justicia es bajísima. Algo ha ocurrido, porque antes el grado de confiabilidad en los jueces era alto."

Sin plantearla como una cuestión urgente, pero sí que en algún momento deberá ser encarada, Vanossi dijo que después de casi 150 años habrá que revisar la Constitución a la luz de los cambios producidos en todo ese tiempo y que carecieron de atención en las sucesivas reformas que se le hicieron. Puso, como uno de los ejemplos, el tema de la división de competencias judiciales federal y provinciales.

También propuso generalizar la casación en los fueros que no cuentan con ella, crear un tribunal federal de casación y dejar a la Corte Suprema de la Nación, según ha definido el cuerpo sus propios fines, como un tribunal de garantías constitucionales y como intérprete final de la Constitución.

El ministro sentó la tesis de que a mayor competencia no se tiene, de manera necesaria, mayor poder. Para él, la Corte Suprema debe quedar con el carácter de instancia judicial de mayor significación y ajena a lo que el juez Imaz calificaba de "cuestiones baladíes".

Vanossi urgió a la constitución efectiva del fuero antievasión y recordó que sólo resta que el Consejo de la Magistratura haga llegar al Poder Ejecutivo las ternas pertinentes de candidatos.

Quedaron fuera de toda duda, al final de la reunión, las serias reservas del ministro sobre la actuación del Consejo de la Magistratura desde su creación y respecto del crecimiento del número de profesionales actuantes en el ámbito de la Corte Suprema. Recordó que en el pasado eran quince los secretarios y prosecretarios letrados de la Corte; hoy, en cambio, el total del personal letrado del supremo tribunal es de 198 personas.

Vanossi se quejó, de manera implícita, del vedettismo y "show off" de algunos jueces; reclamó predictibilidad jurídica para los actos de los habitantes del país y perdurabilidad en el tiempo de vigencia de las leyes, "porque así creció Occidente", y afirmó que urge despolitizar la Justicia. Dio, además, un respaldo rotundo a la derogación de la ley sobre subversión económica o "ley Graiver", por su imprecisión y porque hay conductas mejor previstas y desarrolladas en el Código Penal; la defraudación al fisco, por ejemplo.

Un concepto reiterado en la exposición de Vanossi fue que frente a la expansión de la impunidad debe oponerse el concepto de responsabilidad, pero el de la responsabilidad de todos: está bien que se proteste frente al desacuerdo con tal o cual decisión, dijo, pero que haya propuestas, y también límites.

El "asambleísmo", dijo, es una novedad frente al decaimiento de los partidos políticos, que tienen que hacer una vida más transparente y democrática. Está bien, continuó, que los "asambleístas" se manifiesten, a condición, primero, de que sepan que no pueden reemplazar a un gobierno hasta la próxima elección porque intentarlo sería cometer el delito de sedición y, segundo, que no se ejerza violencia sobre las personas o los bienes o se entorpezca el desenvolvimiento de la actividad gubernamental.

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