Qué dijo la Asociación de Anestesia de Buenos Aires luego de la muerte por sobredosis de un médico tras una presunta fiesta privada con fármacos
La entidad aseguró que no tenía conocimiento fehaciente previo de los hechos, sostuvo que las prácticas se realizan con simuladores y advirtió sobre la difusión de versiones no judicializadas
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LA NACION
La Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires difundió un comunicado en el que se refirió a los hechos que tomaron estado público tras la muerte de un anestesiólogo y la circulación de versiones sobre presuntas reuniones privadas con uso de fármacos anestésicos robados de un hospital privado.
La entidad afirmó que no tenía conocimiento previo de situaciones de ese tipo y señaló que puso el caso en conocimiento de la Justicia, en el marco de una causa en trámite en un juzgado nacional en lo criminal y correccional, para que se investigue con rigor.
En el texto, la asociación aclaró que no administra ni dispone de drogas en el ámbito de la formación, y que las prácticas se realizan mediante simuladores de alta fidelidad sin utilización de sustancias reales. También advirtió sobre la difusión de versiones no judicializadas y pidió evitar la exposición de profesionales, en especial de quienes se encuentran en etapas iniciales de su carrera. Además, indicó que la problemática del consumo de sustancias atraviesa distintos ámbitos y que, en su caso, se trabaja en prevención y detección temprana a través de instancias educativas específicas.
A ese posicionamiento se sumó la Federación Argentina de Asociaciones de Anestesia, Analgesia y Reanimación, que envió a este medio un comunicado en el que fijó su postura institucional frente a las versiones vinculadas con profesionales de la especialidad. La entidad, que nuclea a las asociaciones del país, sostuvo que la anestesiología argentina se apoya en un modelo profesional basado en la seguridad del paciente, la formación de excelencia, el cuidado de los equipos de salud y la integridad institucional. En ese marco, señaló que trabaja junto con sus asociaciones miembro en la formación continua, el fortalecimiento de los sistemas de residencia y el abordaje de la salud mental y el bienestar ocupacional de los profesionales.
La federación remarcó además que, a la espera del avance de la investigación judicial, los hechos que tomaron estado público corresponden al ámbito privado y no al ejercicio profesional ni a la práctica asistencial. Señaló que esa distinción resulta central para evitar generalizaciones sobre una especialidad que definió como altamente regulada y comprometida con estándares de calidad y seguridad. También advirtió sobre los riesgos de la difusión de versiones no oficiales, al sostener que pueden erosionar la confianza social, y ratificó su disposición a colaborar con las autoridades competentes.
El pronunciamiento de ambas entidades se conoció después de la muerte de Alejandro Zalazar, anestesiólogo de la guardia del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez y exresidente del Hospital Rivadavia. El médico fue hallado muerto el 20 de febrero en su departamento de Palermo. De acuerdo con lo establecido en la investigación, la causa fue una sobredosis de propofol y fentanilo. En el lugar se encontraron medicamentos anestésicos e insumos para su administración, lo que derivó en averiguaciones sobre el origen de esas sustancias.
A partir de ese hallazgo, el análisis de la trazabilidad permitió determinar que los fármacos provenían del Hospital Italiano de Buenos Aires. Ese dato dio lugar a un procedimiento interno dentro de la institución privada, en el que se identificó a un médico y a una residente del área de Anestesiología como presuntos responsables del desvío de las drogas. Uno de los profesionales dejó su cargo, mientras que se inició un sumario para establecer cómo se produjo la salida de sustancias controladas.
En paralelo, comenzaron a circular audios y mensajes entre profesionales de la salud en los que se describen presuntas prácticas por fuera del ámbito hospitalario. En esos intercambios se mencionan reuniones privadas, conocidas informalmente como “Propo fest”, en las que un grupo reducido de anestesistas y residentes de distintos hospitales porteños habría utilizado insumos médicos sustraídos de clínicas y hospitales como propofol y fentanilo con fines recreativos. Esas versiones, hasta el momento, no cuentan con validación judicial y permanecen fuera de los expedientes en curso.
En ese contexto, la asociación sostuvo que no convalida informaciones que no se canalicen por vías institucionales o judiciales y remarcó que, en caso de comprobarse conductas irregulares, corresponderían al ámbito privado de las personas involucradas.
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