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La reforma de la ley de salud mental tuvo hoy la primera jornada en el Senado, que es la cámara por la que ingresó hace una semana el proyecto del Poder Ejecutivo para modificar más de 20 artículos. En las cuatro horas que duró la reunión informativa, los representantes provinciales se expresaron a favor o en contra de la propuesta oficial y reclamaron un diagnóstico en cifras de la situación de la salud mental y los recursos sanitarios para afrontarlo.
Los primeros convocados al encuentro en el Salón Azul del Palacio Legislativo fueron funcionarios del Ministerio de Salud de la Nación para responder preguntas sobre el proyecto oficial. Lo hicieron durante el plenario de la flamante Comisión de Salud de la Cámara alta, que se conformó poco antes de la reunión, y la Comisión de Legislación General. La propuesta del Gobierno ya tenía giro a ambas la semana pasada.
Liliana González, directora de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos Problemáticos, repasó los cambios propuestos a 26 artículos de la Ley N° 26.657, junto con la adecuación terminológica de tres artículos del Código Civil y Comercial de la Nación más la incorporación de limitaciones a las visitas de inspección a sitios donde están alojadas personas con problemas de salud mental, como prevé la Ley N° 26.827 de Creación del Mecanismo de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles.
“Luego de haber escuchado a pacientes, familias, organizaciones civiles, profesionales y referentes de las 24 jurisdicciones, pudimos concluir que la ley, tal como está planteada, no funciona adecuadamente y que es necesario modificar ciertos artículos que se han convertido en obstáculos para que los pacientes reciban un tratamiento oportuno y adecuado”, expresó. La acompañaba Hernán Rizzuti, de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar), dado que la ley alcanza a las personas con adicciones. Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), seguía de cerca la exposición.
La funcionaria –que durante su exposición se refirió a casos que tuvieron alto impacto en la opinión pública, desde el apuñalamiento de un policía frente al Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) hasta la muerte de un alumno en el tiroteo de la escuela de San Cristóbal, Santa Fe– insistió en que la propuesta de los cambios no es por “un caso” o casos aislados. “No tenemos estadísticas, pero escuchamos estos tres años”, indicó al referirse a planteos de algunos senadores.
Varios de ellos, como Lucía Corpacci (Catamarca, Partido Justicialista), mencionaron el documento de rechazo al proyecto oficial firmado por 18 directores de Salud Mental provinciales durante un encuentro federal dentro del Congreso Provincial de Salud (Coprosa). En esa reunión, citaron datos de 2025 de un informe federal sobre un aumento del 77% en las internaciones y un 134% en las consultas ambulatorias. Hoy, también, desde el Congreso de Salud de la Ciudad, difundieron una síntesis de la Mesa de Salud Mental. “Rechazamos el proyecto que busca modificar la ley nacional”, expresaron.
Ante el plenario de comisiones en el Senado, la funcionaria nacional se comprometió con los legisladores a enviarles la información sobre la disponibilidad y la distribución territorial de psiquiatras y camas, entre otros datos que mencionaron. También reclamaron información epidemiológica y sobre la respuesta a la demanda de asistencia de la población.
Durante su alocución, González apuntó a las dificultades que tiene el Ministerio de Salud para contar con la información sobre los diagnósticos. “Es muy complejo tener datos epidemiológicos porque son las provincias las que nos los tienen que aportar. Unas son muy colaboradoras y otras, no. Igualmente, siempre van a ser insuficientes”, refirió. “Vemos que, de pronto, aparecen o se hacen estadísticas y se difunden. Pero hay que ver las fuentes”, continuó, para luego comprometerse con el plenario de comisiones a “aportarles” los datos del ministerio. “En principio, hay que resolver ese punto”, dijo.
Al responder sobre el faltante de psiquiatras, en especial infantojuveniles, señalado por senadores de la oposición que la representante del Gobierno, dijo que son cerca de 7000 los psiquiatras en el país. Salud administra el registro online de los recursos humanos en salud en todo el territorio.
“¿Pero por qué hay pocos? ¿Qué pasa que la matrícula está descendiendo?”, planteó para asociarlo con “cuestiones” del día a día asociadas con la ley actual. “Si un paciente muere en un hospital monovalente [especializado] o es trasladado a un centro polivalente y muere, el Órgano de Revisión [un grupo de abogados que revisa la implementación de la norma] presenta una denuncia penal porque [considera] que la causa fue el encierro y tanto la institución como el equipo de atención pasan a ser sospechosos hasta que llega la determinación forense de la causa real. Esto también pasó con gente añosa –relató a los senadores–. Esto desalienta la matrícula. También lo hace ver cuando ingresa a una institución el Comité de Prevención de la Tortura. En ese caso, ¿en qué lugar está ubicado el médico psiquiatra, que tiene que hacer millones de informes para justificar la contención física [de un paciente], que es un método universal con un protocolo de uso?”.
La reunión prosiguió hasta pasadas ya las 20.30, luego de lo que la presidenta de la Comisión de Salud, Ivana Arrascaeta (LLA), dispuso pasar a un cuarto intermedio. Las autoridades del plenario de Salud y Legislación General anticiparon que se seguirá convocando a ONG y profesionales, a la vez que pidieron a los senadores que también eleven sus propuestas. Como vicepresidente de la nueva Comisión de Salud, los senadores eligieron a Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia Social). Las reuniones continuarán los martes, a partir de las 14.
