Riojano y menemista de la primera hora

Riojano y menemista de la primera hora, Miguel Angel Romero tiene 52 años, asumió como defensor general en abril de 1997 y un año después logró que el Senado le diera estabilidad en su puesto.

El aval en la Cámara Alta no contó con los votos de la Alianza, que lo acusó, a raíz de una denuncia de la Asociación Permanente de los Derechos Humanos (APDH), de haber colaborado con la policía de La Rioja durante el Proceso.

Romero estudió abogacía en la Universidad Nacional de Córdoba, igual que Carlos Menem, y se hizo amigo del secretario privado del ex presidente, Ramón Hernández, cuando ambos trabajaban para la policía provincial.

En 1985 fue nombrado juez, cuando Menem gobernaba por segunda vez su provincial natal. Nueve años más tarde fue ascendido a la Cámara Federal provincial. Y, poco después, por medio de un decreto del Poder Ejecutivo, recaló en Buenos Aires como miembro de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico.

Como defensor general de la Nación es una de las cabezas del Ministerio Público, un órgano extrapoder creado por la Reforma Constitucional de 1994. El procurador general, Nicolás Becerra, es el máximo responsable de los fiscales del Estado y el defensor general, el jefe del defensor oficial ante la Corte Suprema y de los defensores oficiales y de menores en los demás estamentos de la justicia argentina.

Desde que asumió, Romero llamó la atención por su desenfado al tomar medidas para beneficiar al poder menemista. En octubre de 1997 asesoró a Menem para que en un artículo publicado en La Nación , el Presidente anunciara el envío al Congreso de un proyecto que atentaba contra la autonomía porteña. En junio de 1998, cuando se debatía la re-reelección de Menem, dejó a todos con la boca abierta cuando dijo que el Presidente debía cerrar el Congreso para conseguir una segunda reelección.

Cinco meses más tarde, cuando el fiscal federal Carlos Stornelli acusó a varios ministros menemistas en la causa por la venta ilegal de armas a Perú y Croacia, Romero no dudó en solicitar que toda la causa pasara al fuero en lo penal económico.

Por esa misma época, cuando las críticas internas llovían en su contra, prohibió hablar con la prensa a 181 defensores y a otros tantos funcionarios que dependen de él orgánicamente.

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