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Separan a una fiscal por investigar
Extraño: la jueza Selva apartó a la fiscal Cuñarro de la causa en la que se investiga la existencia de empleados "ñoquis".
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La jueza de instrucción Ana María Selva separó a la fiscal Mónica Cuñarro de la causa en la que se investiga la presunta existencia de cuatro empleados ñoquis en el bloque radical del Concejo Deliberante.
La magistrada entendió que "el insólito e inusual despliegue de la fiscal para investigar" hacía suponer un interés particular en el proceso.
En cambio, para el fiscal de Cámara, Joaquín Gasset, "la medida tiene gravedad institucional, genera un conflicto de poderes entre el Poder Judicial y la Procuración General y crea un precedente peligroso".
Por ello, en un escrito presentado en el juzgado de instrucción a cargo de Selva, el fiscal de Cámara refirió que presentará las denuncias correspondientes y, "como se están diligenciando numerosas medidas de prueba sin control de ningún fiscal, nombro subsidiariamente a Horacio Amelotti para que represente el interés del Ministerio Público, sin aceptar la recusación".
Gasset consideró que esta recusación no tiene precedentes, porque Selva recusó a la fiscal natural de una causa sin solicitar el avocamiento del procurador y rechazó la apelación de Cuñarro para que la Cámara del Crimen revise su resolución.
Por investigar demasiado
La fiscal recusada pidió en reiteradas oportunidades la indagatoria del jefe del gobierno porteño, Fernando de la Rúa, y del presidente del bloque de la UCR, Humberto Bonanata, entre otros acusados. Pero la jueza nunca los convocó como imputados.
La representante del Ministerio Público acusa al titular de la comuna del supuesto delito de peculado, "por haber pagado mediante fondos del erario servicios personales de un supuesto jardinero, un secretario privado, un hombre que le escribe los discursos y una mujer que oficia de dama de compañía de su esposa".
En tanto, al concejal Bonanata le endilga el presunto delito de malversación de caudales (porque él habría nombrado a los presuntos ñoquis) y más de 20 posibles hechos de falsificación de documento público (porque muchos recibos de sueldo tienen firmas que no corresponden a sus titulares).
En su resolución -a la que tuvo acceso La Nación -, la jueza consideró "atendibles las argumentaciones de los defensores, que perciben a todas luces un despliegue insólito e inusual de la fiscal que trasunta un interés directo en el proceso".
Al conceder la recusación de Cuñarro, la magistrada les dio la razón a los abogados Gustavo Díaz Cantón y Guillermo Gil Lavedra, que solicitaron el apartamiento de la fiscal por considerar que "se excedió extralegalmente del objeto procesal investigado, solicitó medidas inconducentes y progresivamente fue asumiendo el interés de los seudo-denunciantes".
Radicales enfrentados
La causa se inició en diciembre del año último, a raíz de una denuncia del abogado Juan Carlos Iglesias, que -según constancias del expediente- estaría vinculado con los ex concejales radicales Eliseo Roselló y Miguel Herschberg, a quienes De la Rúa denunció por coacción.
Con un video como prueba -que siempre fue objetado por los defensores de los imputados-, Iglesias presentó tres denuncias en juzgados distintos. La única causa que hoy sigue abierta es ésta.
En la audiencia oral que se realizó el miércoles 15 del actual, antes de que la jueza Selva resuelva, Díaz Cantón y Gil Lavedra argumentaron que Cuñarro "tiene un interés directo en la causa y no actuó de acuerdo con la ley".
Los letrados de De la Rúa y de Bonanata criticaron que la fiscal pidiera innumerables allanamientos a distintas dependencias del Concejo y la Comuna, solicitara más de 80 declaraciones testimoniales e insistiera en las indagatorias de los imputados.
Fuentes judiciales revelaron que, además de las conductas de De la Rúa y Bonanata, se investiga la de los presuntos empleados José Benito Pazo (de 73 años), Daniel Sánchez Rival, Alberto Rodríguez Vagaría y Alejandra Roig, y la de los funcionarios Eduardo Aparicio y Braulio Feliú, que autorizan el cobro de los sueldos en el Legislativo porteño.
Una fiscal de carrera
Cuñarro tiene 33 años, integra el Poder Judicial desde hace 14 y es fiscal desde diciembre de 1992. Está casada con Joaquín Da Rocha, un reconocido penalista, ex secretario de Justicia bonaerense cuando Antonio Cafiero era gobernador.
Fue secretaria letrada del camarista federal Horacio Cattani y se desempeña como docente en dos facultades de la Universidad de Buenos Aires, junto con Raúl Eugenio Zaffaroni.
En Tribunales se la conoce por su buen desempeño profesional: intervino, entre otras causas, en la del incendio de la clínica Saint Emilien y en el crimen de Walter Bulacio y presentó, junto con otros fiscales, denuncias contra el juez Francisco Trovato, el ex intendente y actual ministro de Defensa Jorge Domínguez, y el jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez.
Cuando le llegó el turno de defenderse, la fiscal dijo que "no tenía otro interés en la causa que manejarse conforme a la legalidad y la persecución de los delitos" y aclaró que no tenía enemistad ni amistad con los imputados o los denunciantes.
Cuñarro agregó: "Nada me impide solicitar pruebas, formular pedidos de nulidades o apelaciones: son funciones propias de la actividad jurisdiccional. En cuanto a que me baso en actividades de espionaje y en filmaciones desnaturalizadas, destaco que la Sala I de la Cámara del Crimen declaró la validez del video".
Luego de escuchar a las partes, la magistrada resolvió: "No puedo dejar de desconocer la desmedida proposición de probanzas de parte de la fiscal, su insistencia en colectar pruebas, los continuos requerimientos de ordenar indagatorias de ciertos acusados en este proceso (...) que hacen sospechar su parcialidad".
Consultada por La Nación , la fiscal se preguntó: "¿Cómo determina la jueza que pido pruebas en contra de los acusados? Y si fueran a su favor, ¿también sería recusada por ser parcial?" Allegados a De la Rúa consideraron adecuada la decisión de Selva y aseguraron que la fiscal "no puede ser parte en la causa, porque su función es solamente perseguir el descubrimiento de la verdad".
En cambio, tres fiscales consultados por La Nación sobre la medida, que por la naturaleza de su función pidieron expresa reserva de su identidad, coincidieron en una interpretación: "A Cuñarro la apartaron de la causa por cumplir con su trabajo"; "Es la primera vez que me entero de que se sanciona con una recusación a una fiscal que investiga"; "La separaron porque les molestaba demasiado", fueron las respuestas obtenidas.
En queja
La desición de la jueza Ana María Selva de recursar a la fiscalía Mónica Cuñarro aún no está firme.
Cuñarro apeló la medida y su apelación fue rechazada, pero allegados a la Fiscalía de Instrucción N° 16 revelaron a La Nación que la fiscalía recurrirá en queja a la Cámara del Crimen, porque considera que la medida que la separó de la investigación no tiene fundamentos jurídicos .
