“Sería absurdo irnos del Acuerdo de París”: la máxima autoridad ambiental habló por primera vez sobre su gestión

Hace poco más de seis meses, Fernando Brom asumió el cargo de subsecretario de Ambiente de la Nación. Es la máxima autoridad gubernamental en la materia, pero el organismo tiene mucha menos gravitación de la que tienen sus pares en otros países de la región como Brasil, Colombia, Chile o Uruguay.

Aunque su cargo es político, el subsecretario, de 74 años, se ve a sí mismo como un gestor. “Cuando Daniel Scioli me llamó, me dijo que faltaba gestión. Lo peor es que esta subsecretaría es transversal a toda decisión que se tome en algún área del sector público”, describió Brom en una entrevista con LA NACION, la primera que brinda desde su nombramiento.

La subsecretaría funciona despojada de su estatus ministerial anterior y de más del 70% de su presupuesto, proveniente del Tesoro, en un terreno federal con intereses variopintos y como parte de uno de los gobiernos más negacionistas del cambio climático a nivel mundial: uno que catalogó al ambientalismo como una bandera detrás de la que el marxismo se esconde y que dijo frases como “ojalá Argentina contaminara más”. En este contexto, la gestión de Brom enfrenta la difícil tarea de mostrar resultados sin avivar el escozor libertario sobre esta agenda. Él afirmó que están trabajando “más que nunca”.

Los vínculos que lo posicionaron en el cargo forman parte del ala moderada del Gobierno. Llegó de la mano de Guillermo Francos tras la renuncia de Ana Vidal de Lamas, que dijo sufrir agotamiento y pasó a ser asesora del diputado nacional, Carlos D’Alessandro (Coherencia).

Con Francos se conocieron en los 90: ambos militaron en el Partido Federal. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, escribió el prólogo de uno de sus libros, publicado en 2023, cuando era precandidata a la Presidencia.

Brom es licenciado en Administración de Empresas y se doctoró en Negocios. No tiene ningún tipo de formación en asuntos ambientales, aunque sí posee más de 30 años de experiencia dentro del sector privado, en especial en el rubro alimentos, como director comercial y gerente general. También fue profesor universitario y tiene posgrados en Stanford y el MIT vinculados a la gestión empresarial. Dentro del sector público, siempre bajo el mandato de Javier Milei, fue primero vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Para temas ambientales, descansa en sus respectivas direcciones, que tienen más un perfil técnico que político y cuyos representantes llevan en la subsecretaría varios períodos. Ellos trabajan como nexo entre el multilateralismo y las provincias; desarrollan estudios técnicos y estrategias generales para que se implementen en territorio. “Nuestro rol es el de buscar financiamiento internacional y empoderar a las provincias a que impulsen sus propios programas. Buscamos federalizar la gestión”, señaló Brom. También, añadió, asesoran de las provincias sobre temas ambientales.

En la entrevista con LA NACION, Brom expresó que “sería absurdo irnos del Acuerdo de París”, así como su intención de modificar la Ley de Glaciares para abrir paso a la minería.

–¿Cómo ejecutar una buena gestión ambiental en este contexto?

–Es trabajar más allá de las ideologías. El arte no es hacer equilibrio tratando de parecer una cosa, sino que es al revés. Yo creo que gestionar dentro de la legalidad todo y sin ideología que contamine los objetivos o la eficiencia.

–¿Eso incluye la ideología del Presidente?

–No incluye la ideología del Presidente. Yo creo que el Presidente, en cuanto sepa un poco más de ambiente, no me cabe duda de que va a tomar mejores decisiones.

–¿Y cómo convencerlo?

–Informándolo. Mi línea de reporte es [Daniel] Scioli, [Lisandro] Catalán y [Guillermo] Francos. Con ellos tengo muy buena línea de gestión. Lo que no podemos hacer es tomar decisiones basándonos en la ideología y mucho menos con la cantidad tremenda de donaciones que todos los días le dan trabajo a por lo menos 200 personas externas. Acá tenemos 300 personas internas y 200 personas externas que están financiadas por organismos internacionales.

–¿Asistirán a la Cumbre del Clima (COP 30) en noviembre en Brasil?

–Todavía no se ha definido, y esto depende de la Cancillería y del Presidente. Estamos preparando las nuevas Contribuciones Nacionales Determinadas [es un documento que plantea los objetivos de reducción de emisiones, ahora para 2035]. Esperamos cerrarlo en noviembre.

–¿Pretenden salir del Acuerdo de París?

–Sería absurdo irnos de algo que no nos cuesta plata y que, si lo adaptamos a los intereses nacionales, nos rinde mucho beneficio en bosques, en gestión del clima, en residuos a cielo abierto...

–Hace poco, se filtró el Plan de Inteligencia Nacional y en este documento había un capítulo expreso en el que hablaban tareas de inteligencia sobre activistas ambientales. ¿Cuál es su posición sobre esto?

–No me voy a poner a criticar algo que haga otra dependencia de la administración pública. Pero para mí, la libertad tiene que ser absoluta. La libertad no admite recortes. La libertad de pensamiento, la libertad de acción dentro de la ley. Obviamente, libertad con responsabilidad. En cuanto le pones persecución ideológica a esto, empezás a transformar esto en cualquier cosa.

–¿Producir o conservar?

–Las dos. No es una dicotomía. En la vida pasa eso. La declaración de impacto ambiental tiene que hacerla la empresa, que es la que se compromete a prevenir remediar, mitigar, y la provincia tiene que decir en qué áreas o, por ejemplo, en qué crioforma piensan hacer alguna extracción minera. No una ley como tiene la Argentina que prohíbe todo.

–¿Van a apuntar una reforma a la Ley de Glaciares?

–Sí, obvio. No puede ser un DNU, porque cuando analizamos el problema dijimos: “¿Y entonces qué hacemos?” El DNU sería una locura, se nos viene en contra media Argentina por mala interpretación de la ley.

–¿Esto se vincula a los proyectos de cobre en San Juan?

–Tienen ubicados 30.000 millones de dólares en un área de ocho kilómetros de largo, que es exactamente simétrica a lo que hay del otro lado de la cordillera en Chile. Ahora, si eso hace que la vid y los cultivos se vean perjudicados, va a tener que ser la minera la que diga con su informe de impacto ambiental: “Me comprometo a prevenir o remediar. Me comprometo a todo lo que debería”.

–¿Qué están haciendo para dar seguridad a sectores como el vitivinícola de que los riesgos de la minería no van a ocurrir?

–Hay dos formas de mentir, con palabras y con estadísticas. Cuando los ambientalistas te dicen que los glaciares representan el 90% del agua dulce no te dicen que casi todo es la Antártida. Tratemos de jugar limpio. No va a haber extracción en el glaciar Perito Moreno, pero tenemos que producir también.

–Pero ciudades como Mendoza o La Rioja son consideradas como ciudades oasis que, en un caso extremo, su población sí dependen de un 30% del agua de deshielo…

–De deshielo, por supuesto. Eso es sagrado.

–Explíqueme, entonces.

–Una cosa es el deshielo de nieve y otra cosa, nieve perenne, nieve eterna; por otro lado, escombros de glaciares o formaciones de agua que en dos años desaparece.

–Pero el agua que llega a esas ciudades viene de ambos, tanto de la nieve eterna como la temporal.

–Sí, tenés razón. Pero con un correcto manejo y evaluación de impacto ambiental es suficiente. Que analicen esa cuenca. Si hay declaración de impacto ambiental por parte de las empresas y una evaluación ambiental estratégica por parte de la provincia, esto pasa. Sobre los glaciares, la peor forma de proteger es prohibir. Hay que semaforizar como con la Ley de Bosques.

–Hay temor desde el sector ambientalista que los criterios ambientales dentro del Gobierno se vuelvan flexibles, acorde a este interés nacional en ciertos sectores productivos como la minería, o los hidrocarburos y otros contemplados dentro del RIGI. ¿Hasta dónde sí? ¿Hasta dónde no?

–Es fundamental respetar que en la sociedad moderna de este siglo XXI hay cuatro jugadores esenciales. El primer jugador es el Estado, que es el gobierno. El segundo es la empresa privada que tiene una empresa y accionistas que buscan rentabilidad sustentable. El tercer actor es la sociedad civil, y el cuarto y fundamental es la ciencia, la academia, la universidad, donde está el conocimiento.

–¿Se escucha de la misma forma a estos cuatro sectores? Se lo pregunto porque en la última reunión del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), el secretario Scioli habló de la importancia de la relación con las empresas. No mencionó a la sociedad civil, no mencionó a la ciencia...

–Esto fue algo que dijo en una reunión, pero es importante resaltar que la sociedad civil y la academia, la ciencia, la evidencia científica hay que tenerla en la mano con toda decisión que se toma. Por otra parte, en un acto previo a la reunión del Cofema, Scioli entregó donaciones por manejo de bosques al gobierno de Salta y por prevención de incendios al de Tierra del Fuego.

–Las cifras generales hablan de un 30% de caída de presupuesto en ciencia. ¿De dónde sacamos la información si este sector tambalea?

–Primero, el sector científico no es mi responsabilidad. Eso sí, no te comas la estadística de que con un 30% menos de gasto se produce un 30% menos de conocimiento. Hablé con toda la planta de la subsecretaría, 40 se fueron y tres tuvieron la valentía de decir que no trabajaban. Casi ninguno se fue en conflicto con ATE ni con UPCN y te aseguro que trabajamos mucho más que antes. Los científicos también, hay buenos y malos.

–¿A criterio de quién?

–La productividad es fundamental, porque si no, ahí es donde empezás a tener altísima ineficiencia.

–En el escenario de la tragedia de Bahía Blanca o del norte de provincia de Buenos Aires, con eventos como estos que se prevé sean más intensos y frecuentes, ¿cuáles son las líneas que pretenden seguir en términos de adaptación al cambio climático?

–Mi primera medida, el segundo día de estar acá, me tocó transferir todo el tema manejo del fuego, que era el 40% de mi presupuesto, a la Agencia Federal de Emergencias. Atiende toda catástrofe climática y humana, terremoto, incendios, lluvias, lo que sea.

–Las personas que no tienen cuenta de banco o domicilio no tienen acceso al Suplemento Único para la Reconstrucción. ¿Qué pasa con la gente más vulnerable?

–Es la primera vez que hay una transferencia de presupuesto, sin intermediarios; uno por uno cobró lo correspondiente en el caso de Bahía Blanca. Con muchos que no tenían ni siquiera la casa a su nombre, pero a partir de una regularización fue al banco y cobró lo que le correspondía. O sea, eso es un muy buen ejemplo de que en emergencias el Estado está presente.

–Hay intendentes del norte de la provincia de Buenos Aires que tienen la preocupación de que las personas no tengan acceso al suplemento por la informalidad en la que viven. ¿Cómo está viendo esto el gobierno nacional?

–Eliminar la inflación es lo primerísimo que hay que hacer. Vos me decís que a los pobres les impacta el cambio climático. Antes que el cambio climático, hay que ver que el pobre está debajo de la lona.

–Pero el problema es que sobre eso está el cambio climático…

–Cuando vos vinculás el cambio climático con la pobreza y, voy un poquito más allá, con género y con todo el abanico de temas sociales y no ambientales, podés tener razón. Pero empezás a ideologizar el ambiente y entonces transformás a esta subsecretaría en una que tiene que asistir y dar de comer, dar techo, dar trabajo, con lo cual se te fue el demonio al ambiente.

–En el último boletín de la reunión del Cofema hablaron de la creación de un Fondo de Adaptación.

–No estamos con fondos, hoy tenemos presupuesto, no tenemos fondo porque si tenés fondo, tenés reparto de dinero.

–¿Y qué pasa con el Plan Nacional o la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global?

–Para eso tenemos muchos programas de PNUD, PNUMA, FAO y otros, que están funcionando, tenemos cientos de millones de dólares que hoy, además de pagar sueldos a consultores, están haciendo cosas de mitigación.

–Generalmente, los proyectos que impulsa Naciones Unidas y la banca multilateral son pruebas piloto…

–Es verdad, no son masivos.

–Entonces, ¿cómo esto se convierte en un plan nacional de adaptación si son proyectos piloto?

–Bueno, la intención de estos financiamientos en general es incentivar al Estado a ver que funcionan de cierta manera los estados. Voy a ver cuáles se transformaron en planes provinciales.

Por Matías Avramow

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