Sorpresivo revés de un crimen en Córdoba

CORDOBA.- La muerte de la joven Sandra Viviana Torres, cuyo cadáver había sido arrojado a un basural presuntamente por una patrulla policial, fue atribuida finalmente a su propio padre, a la concubina de éste y a dos hermanas de la víctima, a quienes el juez Juan Fernández López les dictó la prisión preventiva, como supuestos copartícipes del homicidio.

El hecho ocurrió el 16 de octubre último y estuvo a punto de convertirse en un escándalo político por supuestas rencillas internas de la policía y del pronunciamiento del gobernador de la provincia, Ramón Mestre, al adjudicarle connotaciones electoralistas, cuando faltaban pocos días para los comicios legislativos.

El magistrado, que descartó la participación criminal de presuntos policías, tomó en cuenta un dato fundamental aportado por el hijo mayor de la víctima, Walter Ezequiel, de 9 años, quien reveló que la sábana y el toallón que envolvían al cadáver pertenecían a su abuelo Rubén Alfredo Torres, un ex sargento de la policía provincial.

El juez ordenó, en noviembre último, la captura del ex policía Torres, su concubina Silvia Laglaide, de 29 años, y las hermanas Mabel del Valle, de 22, y Laura Marisa, de 20.

El magistrado llegó a la conclusión de que el día del crimen se produjo una violenta discusión entre las hermanas.

El padre intervino en ese momento y las reprendió, por lo que cesó la discusión. A los pocos minutos se reanudó la pelea y allí Sandra fue golpeada en la cabeza y se desvaneció.

Ante esto, sus hermanas la desnudaron, la ataron de pies y manos y le taparon la boca. Esto le produjo estrés y angustia, y la posterior muerte, según se expresa en la instrucción. Luego, las mujeres envolvieron el cadáver de la víctima con una sábana blanca y la cabeza con un toallón celeste. El padre les ordenó a sus hijas que siguieran con su vida normal para no despertar sospechas, y en la madrugada del 17 de octubre último trasladó al cuerpo hasta la villa Las 7 Alcantarillas y lo arrojó en un basural.

Lugareños denunciaron horas después que el cadáver fue arrojado por dos miembros de un patrullero policial.

Por esa razón se ordenó que todos los móviles que estuvieron en servicio -unos 90- concurrieran a la Jefatura de Policía para ser sometidos a peritajes.

Las pistas se fueron desvaneciendo ya que no surgieron certezas y los testigos entraron en contradicciones. No obstante, el juez investigó silenciosamente sobre el entorno familiar hasta arribar a la conclusión definitiva.

El penalista Oscar Roger, abogado defensor de la familia Torres, anunció que no apelará la resolución porque quiere que la causa se eleve a juicio cuanto antes para demostrar que las pruebas no son suficientes para que se dicte una condena contra los cuatro acusados.

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