Surge un conflicto entre abogados y contadores públicos

Un pronunciamiento de la Inspección General de Justicia sacó a la luz el conflicto que envuelve a los abogados y a los profesionales en ciencias económicas acerca de las competencias e incumbencias de esta actividad.

La resolución, firmada por el inspector general de Justicia, Mariano Agustín Posse, ordena a la sociedad Price Waterhouse Jurídico Fiscal readecuar sus estatutos, luego de que el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal objetó que se la habilitara para prestar servicios legales.

Ante el reclamo, al que se sumó el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, el organismo instruyó a la entidad comercial a incorporar abogados entre sus accionistas.

Al margen del pleito, que aún no concluyó y todavía se encuentra en trámite en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, el enfrentamiento asoma como la cara local de un conflicto surgido en otros países.

El fenómeno -que está llegando a la Argentina- se debe a que las grandes firmas contables comienzan a dar asesoría legal: a medida que los clientes solicitan nuevos servicios, amplían su oferta al asesoramiento en impuestos, dirección de empresas, propiedad, personal y finanzas personales.

Al respecto, la revista británica The Economist publicó en un número reciente que "rara vez se ve a los abogados como víctimas, sin embargo así es como se sienten muchos de ellos", al comentar la controversia.

Incumbencias y formación

Parte de la explicación está en la formación profesional que se imparte en las aulas universitarias. "En la carrera de contador público hay una significativa cantidad de materias jurídicas, lo cual permite a los graduados estar capacitados para realizar ciertas tareas legales", aseguró en diálogo con La Nación Luis Sánchez Brot, director de la carrera de contador público en la Universidad de San Andrés y perito contable oficial de la Corte Suprema de Justicia.

Enrique Fowler Newton, ex presidente del tribunal de disciplina del Consejo Profesional en Ciencias Económicas, precisó que "dependiendo de la dificultad de los contratos, los contadores tienen suficiente conocimiento como para realizar algunos de ellos".

"No es buena la invasión de incumbencias. Cada profesión tiene sus particularidades, por eso son carreras autónomas -consideró Angel Bruno, vicepresidente primero del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal-. Además, el mundo de hoy tiende hacia la especialización, y éste es un proceso inverso, negativo."

Para Sánchez Brot, el problema corre para ambos lados: "Ahora, los abogados pueden ser síndicos societarios como los contadores, y están empujando para que también puedan desempeñarse como síndicos en concursos y quiebras. Pero, en general, no tienen prácticamente ninguna materia contable en su formación", subrayó el especialista.

Prácticas multiprofesionales

Sin embargo, el problema que más fricciones produce no es la superposición de tareas, sino las llamadas prácticas multiprofesionales, que son impulsadas en nuestro país por Price Waterhouse Jurídico Fiscal SA.

Para el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Oscar Alvarado Uriburu, no debería existir una sociedad entre abogados y contadores que preste servicios jurídicos y contables.

Una de las razones principales es la incompatibilidad de objetivos: "La actividad del abogado se centraliza en la defensa de su cliente; la del contador, en cambio, pone énfasis en las funciones de control e información y no privilegia el beneficio de su cliente", aseguró.

"En este tipo de sociedades se desdibuja el secreto profesional y la responsabilidad personal", agregó Bruno.

Alvarado Uriburu subrayó que "resultaría inadmisible que, a través de su participación en el directorio, los contadores tuvieran poder de decisión sobre cuestiones de orden jurídico" y que tampoco sería aceptable la actuación de dos directorios en una misma sociedad.

Para el abogado Juan Martín Alchouron, presidente de Price Waterhouse Jurídico Fiscal SA, la perspectiva es totalmente distinta. "Las trabas a las prácticas multiprofesionales son una manifestación corporativista con la que estoy filosóficamente en desacuerdo. Nadie me puede prohibir que trabaje en conjunto si yo creo que me ayudará a desempeñar mejor la tarea, siempre en un marco lícito. Es inconstitucional y una forma de limitar mi libertad", subrayó.

Para Sánchez Brot, lo que pasa en la Argentina "es el sinceramiento de una situación que existe en la realidad y que viene digitada desde el exterior".

Y ante tanto desencuentro, comentó que existen antecedentes que prueban que abogados y escribanos se pueden "llevar muy bien", como el Ente de Cooperación Técnica y Financiera de la Inspección General de Justicia de esta ciudad, donde conviven representantes del Colegio Público de Abogados, del Consejo Profesional en Ciencias Económicas y del Colegio de Escribanos.

Por Juana Libedinsky

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