“Un acto de destrucción de la sociedad”: fuertes críticas a los recortes en educación en la previa a la marcha
Especialistas, rectores universitarios y dirigentes cuestionaron el ajuste en distintos rubros educativos que oficializó el Gobierno ayer
8 minutos de lectura'
LA NACIONEvangelina Himitian
Los recortes en educación oficializados por el gobierno nacional a horas de la cuarta marcha federal universitaria fueron interpretados como una provocación. Rectores de universidades nacionales, dirigentes sindicales y especialistas en educación cuestionaron con dureza el ajuste y advirtieron que la medida pone en evidencia que el Poder Ejecutivo no dimensiona que la educación pública atraviesa una de las crisis más profundas desde el regreso de la democracia. El deterioro salarial, la paralización de obras de infraestructura, el ajuste sobre las partidas destinadas a ciencia y extensión universitaria, y la reducción de las becas estudiantiles ya venían siendo foco de las críticas y, ayer, fueron también las variables del achique presupuestario.
Mediante una decisión administrativa publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno avanzó en un recorte de 78.711 millones de pesos en programas de la Secretaría de Educación y transferencias para obras de infraestructura en universidades nacionales. Según se detalla en el anexo de gastos, el principal recorte lo sufrirá el Plan Nacional de Alfabetización, con una merma de $35.288.051.713. El destino mayoritario eran transferencias a las provincias.
También se eliminó el Fondo de Compensación Salarial Docente, por unos $8.929.835.294. Esos fondos se usaban para compensar los ingresos de los docentes provinciales que recibían el salario mínimo. En cuanto a las universidades, el recorte afecta al presupuesto para infraestructura y significa una quita de $5.303.000.000.
“Es una provocación innecesaria. No contribuye. Lo que debería hacer el Gobierno es convocar al diálogo, lo que sería normal en cualquier país razonable. Y asumiendo su responsabilidad de cumplir la ley, con las autoridades universitarias y representaciones gremiales intentar resolver el problema conversando, buscando formas operativas de aplicar y respetar la ley”, dijo a LA NACION el rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci.
Cecilia Veleda, doctora en sociología de la educación y referente de la ONG Argentinos por la Educación, cuestionó los recortes en el plan de alfabetización, que hasta ahora había sido uno de los ejes de la gestión del secretario de Educación, Carlos Torrendell. “Además de una provocación en las puertas de la marcha por el financiamiento universitario, el recorte presupuestario es fulminante para la educación básica, que no genera tanta movilización como la superior. El ajuste en el Plan de Alfabetización equivale a un porcentaje importante del recorte aplicado a la Secretaría de Educación, cuyos recursos ya eran limitados no solo para lograr mejoras en lengua, sino también en matemática, objetivo recientemente incorporado a la agenda federal. En suma, este recorte atentará contra las posibilidades de mejorar las capacidades esenciales de lectoescritura y matemática en toda una generación, en particular en los estudiantes de sectores más pobres”, dijo.
La pedagoga Guillermina Tiramonti también cuestionó la poda presupuestaria: “Un país que pretende participar de los intercambios (económicos, políticos, sociales y culturales) del mundo contemporáneo requiere una población con una educación acorde con las exigencias que esto implica. Sin duda hay mucho para transparentar y eficientar del gasto educativo en todos sus niveles, pero el solo recorte sin un plan urgente que ponga al sistema en condiciones de producir los recursos humanos que requiere la sociedad en la que vivimos, es un acto de destrucción de la sociedad”, dijo ante la consulta de LA NACION.
Los especialistas en políticas educativas y financiamiento miraban con lupa por estas horas los números. Según explicaron a LA NACION, el recorte del Plan de Alfabetización reduce menos del 10% los recursos destinados para el programa en el presupuesto original, si bien representa casi el 50% del total de las reducciones publicadas.
El dato igual no es menor, dado que se trata del programa insignia de la gestión de Torrendell. Tiene fondos por $594.841 millones para este año. Hasta ahora ejecutó $178.968 millones. El achique de los $35.288 millones significa una reducción cercana al 8,5%. Impacta, de todos modos, en una secretaría con un presupuesto ya diezmado. En cambio, el ajuste en el programa Educ.ar, el portal de contenidos educativos, tercerizado, recibió uno de los mayores rebajas.
El economista y vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Germán Pinazo, quien fue una de las voces más críticas en el último plenario del CIN, denunció que el Gobierno profundizó una política de desfinanciamiento de ciertas áreas. “El de ayer es un recorte, entre otras cosas, sobre créditos externos que estaban asignados específicamente para obras de infraestructura en las universidades. Esto hay que sumarlo a una política deliberada del gobierno nacional de recortar todos los ámbitos presupuestarios de la vida universitaria, con un especial énfasis en infraestructura. Las partidas que salen de los impuestos argentinos de infraestructura universitaria se ejecutaron un 0% en 2024, 0% en 2025 y en 2026 desaparecieron directamente del presupuesto nacional. Para el Gobierno, la infraestructura universitaria no es un asunto de su incumbencia y, en este caso, son créditos externos”, afirmó. Pinazo encendió la alerta sobre el destino de los créditos internacionales originalmente destinados a obras universitarias: “Si son créditos con asignación específica, el Gobierno debería explicar en qué está gastando la plata de la deuda pública argentina, que tenía una asignación específica”.
Pinazo evaluó el impacto del ajuste. “Los trabajadores universitarios han perdido casi ocho salarios en 28 meses de gestión. Los gastos de funcionamiento han perdido nueve meses de cuota en 28 meses de gestión”, sostuvo. También alertó sobre el deterioro de las partidas destinadas a ciencia y técnica: “El poder adquisitivo de las partidas de ciencia y técnica es de una tercera parte, en términos reales en 2025, de lo que era en 2023”.
Becas estudiantiles
En relación con las becas estudiantiles y los programas de extensión, Pinazo afirmó que “las becas Progresar se redujeron 82% en términos nominales entre 2025 y 2026” y que “la extensión universitaria tuvo el año pasado un poder adquisitivo del 1% en relación al que tenía en 2023”. A su entender, el ajuste contradice el discurso oficial, que apunta que no existe un intento de desfinanciar la educación pública y al uso político de fondos en los entornos universitarios. “Esto pone en evidencia muchas de las mentiras del gobierno nacional, que dice que las universidades no nos dejamos auditar, lo cual es falso, pero también recorta todos los presupuestos que administran ellos mismos, como el de las becas. Son ellos mismos los que las adjudican y, sin embargo, las recortaron”, señaló.
El presidente de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero, también cuestionó las medidas: afirmó que los recortes son permanentes y describió un escenario de salarios de pobreza. “Los recortes son permanentes, el sistema educativo argentino atraviesa una crisis muy pocas veces vista, salarios muy bajos, salarios de pobreza. Estos recortes no solamente tienen un fuerte impacto negativo en universidades, sino también en los otros niveles y modalidades del sistema educativo, donde hay inclusive salarios de indigencia, como es la paritaria nacional docente, que está en 500.000 pesos. Debería ser la fortaleza de una gestión democrática la educación, pero acá se producen los recortes y tienen al sistema educativo totalmente alicaído y en plena crisis”, dijo.
Más duro aún fue Gustavo Zorzoli, exrector del Colegio Nacional de Buenos Aires. “Este recorte no solo es una chicana infame a la comunidad universitaria que tendrá como efecto inmediato incrementar la participación de la comunidad educativa y de la población en general en la marcha, sino que deja a las claras que este gobierno viene a destruir la educación pública en general, algo que anticipó el Presidente cuando enunció que venía a destruir el Estado. Hoy el único camino institucional”, advirtió.
El abogado constitucionalista Pablo Manili, patrocinante de la demanda presentada por 59 universidades nacionales y el CIN contra el Poder Ejecutivo para exigir el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, aseguró que se trata de una situación inédita. “Es la primera vez en la historia argentina que un gobierno litiga en contra de las universidades para no cumplir una ley”, afirmó.
Según explicó, las universidades acudieron a la Justicia luego de que el Gobierno incumpliera la norma aprobada por el Congreso. “Aunque parezca absurdo, hubo que ir a la Justicia para exigirle al Presidente el cumplimiento de una ley sancionada por el Congreso”, señaló. Manili recordó además que en diciembre consiguieron una medida cautelar que ordenó actualizar las partidas destinadas a salarios docentes, no docentes y becas estudiantiles, pero que el Gobierno decidió apelar. “La Cámara de Apelaciones en febrero confirmó la medida cautelar, pero el Gobierno tampoco la cumplió y volvió a apelar. Llevó el caso a la Corte Suprema”, concluyó.
Más leídas de Sociedad
1“No queremos sus artimañas”: un anuncio sobre Punta Mogotes reavivó el conflicto entre la Provincia y Mar del Plata
2Fauna en extinción: Gendarmería rescató a una tortuga terrestre de patas rojas que era trasladada adentro de una olla
3Parkinson: un especialista explicó en detalle cuál es el primer síntoma detectable
4Un nuevo caso de hantavirus enciende las alarmas en Chubut
Últimas Noticias
De Jujuy a Tierra del Fuego. La marcha universitaria se replica en todo el país con protestas en más de diez provincias
“Es increíble”. Qué es el “food noise” y cuál es la conexión inmediata que tiene con las nuevas drogas para adelgazar
