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Una crítica que eludió a los políticos
La jueza Carmen Argibay opina a título personal, como también lo hace su colega Raúl Zaffaroni cuando postula un derecho penal mínimo. Pero ni uno ni otro piensan lo mismo, ni tampoco puede afirmarse que la justicia penal argentina y la Corte avancen hacia el abolicionismo penal.
Argibay y Zaffaroni, aun pensando distinto, no son abolicionistas.
El abolicionismo nació en un determinado contexto histórico. Dicho en términos muy generales, por un lado, la Segunda Guerra Mundial había mostrado que Adolf Hitler arbitrariamente había criminalizado a la comunidad judía, para encerrarla y matarla. Por el otro, Estados Unidos, Holanda y los países escandinavos habían fracasado en sus esfuerzos para lograr que la pena de prisión cumpliera la función de resocializar al delincuente.
Ante esas realidades, el profesor holandés Louk Hulsman propuso, en los años setenta, el abolicionismo, una doctrina muy difundida que postula la supresión de las penas y su reemplazo por otro tipo de respuestas (que van desde la probation , la indemnización a la víctima, etcétera). Para él, el sistema penal represivo (policías, cárceles, jueces, etcétera) estigmatiza sólo a ciertos sectores sociales, etiqueta y no soluciona los problemas. Se necesita más tolerancia. Pero ¿cuál es la solución ante un delito concreto?
Zaffaroni no es abolicionista: si bien le agrada, sostiene un discurso intencionalmente provocador y también afirma que los medios exageran el delito y construyen la realidad; es partidario de un derecho penal mínimo, teoría que postula el jurista italiano Luigi Ferrajoli. El derecho penal y las penas deben existir, pero sólo para casos extremos.
¿Argibay dónde se ubica? En ninguna de esas posiciones. Mientras el discurso académico de Zaffaroni tiene predicamento en la universidad, Argibay no es una teórica, sino que, como lo fue toda su vida, es una jueza de pensamiento pragmático. Si tiene que aplicar una pena, con las debidas garantías, la aplica sin dudar.
Argibay, en parte, también tiene razón cuando sostiene que una mejoría en las condiciones sociales ayudaría a reducir la delincuencia. En muchos países, los índices de delincuencia bajaron tan sólo después de que crecieron sus economías.
Diagnóstico parcial
¿Qué quiso decir, entonces, Argibay? Da la impresión de que está cansada de que, frente a tanta delincuencia, la gente reclame sólo una respuesta a los jueces y a la policía.
Lo que quizá sí le faltó a Argibay fue criticar explícitamente a la política: ¿por qué la gente no aprende a votar mejor? Porque, ¿no son los políticos los responsables de establecer las políticas de crecimiento y de asistencia social, que ella misma sugiere que están antes que la baja de la delincuencia?
Por eso, la jueza se equivoca cuando culpa a los medios por aumentar la sensación de inseguridad: la delincuencia se multiplicó merced a la crisis social, que crea un campo propicio para el delito; a la droga, a la corrupción y a la ineficiencia de los políticos, que sacan provecho de la pobreza, y a la total impunidad que el sistema policial y judicial les garantiza a los delincuentes.
La teoría de la aguja hipodérmica, que asignaba a los medios de comunicación un poder ilimitado sobre la sociedad, fue abandonada hace décadas. Estaba equivocada. Hoy se sabe que los medios sólo pueden reforzar las creencias de la gente, y la gente cree en la inseguridad porque los muertos y los delitos están en las calles.
