Varias empresas contratadas por el PAMI se auditan a sí mismas

En los últimos 12 meses, la obra social de los jubilados le entregó a algunas empresas intermediarias la responsabilidad de auditarse a sí mismas.

Entre las empresas que obtuvieron del PAMI la potestad de elegir y contratar a sus propios auditores, se encuentra la gerenciadora del servicio de ambulancias para la Capital y el Gran Buenos Aires, que aglutina a varias compañías denunciadas ante la Justicia por estafas reiteradas al PAMI.

Esta situación se suma a las irregularidades expuestas por La Nación en su edición de ayer, como parte de una serie de tres notas que se completará mañana.

Como se recordará, ayer se expusieron presuntas estafas de algunas compañías de ambulancias, casas fúnebres y demás empresas de salud que prestan servicios a los jubilados. Esta nota, en tanto, se dedica a la aparente falta de controles en los contratos que el PAMI firmó con las intermediarias contratadas para gerenciar a los prestadores denunciados.

La historia

Por decisión de Alderete, a lo largo de 1997, el gerenciamiento del PAMI pasó a manos privadas, y así la obra social recortó sus gastos anuales en 312 millones de pesos.

Pero esos contratos y algunas gerenciadoras que los firmaron hoy están siendo investigados por la Justicia. Se intenta determinar si tienen suficientes controles para vigilar a los prestadores y gerenciadores que habrían estafado recientemente al PAMI. También se investiga por qué Alderete eligió a gerenciadoras denunciadas por el propio PAMI, o con directivos inhibidos por el Banco Central.

A simple vista, los contratos firmados por el actual directorio son mucho menos rigurosos que el que preparó la administración anterior.

Además de permitir que algunas empresas se auditen a sí mismas, los contratos de Alderete no explican qué sanciones les puede caber a los prestadores y gerenciadores por delitos o desprolijidades administrativas, más allá de que el PAMI puede suspender los contratos en 30 días si no está conforme con el servicio.

Tampoco fijan límites a los honorarios que pueden cobrar las gerenciadoras por su servicio de intermediación entre la obra social y los prestadores del PAMI.

Todos estos resguardos aparecían en un voluminoso contrato firmado en enero de 1997 por el anterior administrador del PAMI, Alejandro Bramer Marcovic, con un consorcio de agrupaciones sanitarias de la provincia de Buenos Aires.

Pero 10 días después de la derrota de Hilda "Chiche" Duhalde en las elecciones parlamentarias del año último, Alderete le comunicó a los encargados del programa provincial que el contrato no sería renovado.

En el nuevo contrato para la provincia casi no quedan rastros de los estrictos controles impuestos en el acuerdo anterior. "Yo no escribo libros telefónicos", dijo Alderete en defensa de sus contratos. "Como abogado estoy cansado de ver contratos llenos de hojas que después no se cumplen. Los nuestros se cumplen".

En el nuevo contrato de Alderete reaparece como gerenciadora la Federación de Clínicas Bonaerenses (Fecliba), que había sido separada de la red del PAMI en 1997 por presuntas estafas.

Según consta en una denuncia del PAMI ante el juez federal Jorge Urso, Fecliba habría despojado a la obra social de los jubilados de al menos 16 millones de pesos a través de facturas mellizas durante el mes en que fue auditada .

Consultado sobre el regreso de Feclibaa la red del PAMI, Alderete contestó:"A usted lo único que le interesa es el tema de lo que puede ser condenado por la Justicia penal. Me parece muy bien, pero yo quiero que los servicios funcionen".

Fuentes muy cercanas al ex interventor contaron a La Nación que, además de la doble facturación, la Fecliba habría estado cobrando comisiones de más del 30% por su intermediación, un porcentaje que está muy por encima de las normas internacionales.

El contrato de Bramer Marcovic con la provincia había fijado un tope del 6% del total del contrato para gastos de gerenciamiento. Hay documentos que muestran que los gastos de gerenciamiento nunca superaron el 3% mientras duró ese contrato.

Alderete dijo que desistió de fijar topes en sus contratos porque no funcionan: "Tanto no funcionaban que sus valores se reconvenían constantemente". Hoy, más de 20 contratos firmados por Alderete están bajo la lupa de la justicia federal, entre otras cosas, porque habrían permitido que las empresas intermediarias se queden con porcentajes excesivos de los pagos del PAMI.

Los grandes contratos con gerenciadoras y las sospechas de retornos se remontan a la administración de Matilde Menéndez.

En febrero de 1994, una cámara oculta en el Banco Crédito Argentino captó a representantes de clínicas agrupadas en la Federación Argentina de Clínicas Psiquiátricas (Facap), entregando sobres con 230.000 pesos a personas vinculadas con el PAMI. La suma que cambió de manos equivalía al 25% de los contratos de las clínicas psiquiátricas.

Las denuncia destruyó la carrera política de Menéndez, pero no hizo mella en la Facap, que fue denunciada en la Justicia por irregularidades en un contrato firmado con el PAMI en 1996.

En abril de 1997, Alderete le renovó el contrato. Antes, la Facap cobraba 4 pesos por beneficiario; ahora recibe 2,70 pesos. Ese contrato fue uno de los primeros que firmó Alderete. Como todos los que siguieron, se hizo por contratación directa y despertó la ira de competidores que no pudieron presentar propuestas.

"La Facap fue la única que se presentó como federación", explicó Alderete. "La federación no está bajo sospecha. Los que están bajo sospecha son algunos de sus miembros."

Los sucesores de Menéndez pasaron por el PAMI sin pena ni gloria hasta la llegada de Bramer Marcovic. En muchos aspectos, Bramer traía un proyecto opuesto al de Menéndez. Mientras la doctora soñaba con un PAMI convertido en gigantesco aparato político, el consultor de empresas soñaba con achicar el PAMI para hacerlo más eficiente como primer paso hacia una eventual privatización. Mientras Menéndez quería que el Estado se ocupara de las necesidades de los jubilados a través del PAMI, Bramer quería transformarlo en una empresa prepaga especializada en la tercera edad.

Pero en algo se parecían los proyectos de Bramer y de Menéndez: ambos le asignaban un papel protagónico a las empresas gerenciadoras.

Cuando Bramer se hizo cargo del PAMI en 1996, el interior de la provincia de Buenos Aires se lo dividían la Fecliba y un consorcio sanitario organizado por el gobierno de la provincia.

Bramer decidió prescindir de la Fecliba y sus facturas mellizas y le ofreció al consorcio hacerse cargo de toda la provincia.

El contrato era especialmente puntilloso en describir el sistema de controles y auditorías impuesto por el PAMI: "Las historias clínicas podrán ser consultadas de 8 a 20 horas en los días hábiles. El censo diario y el registro diario de pacientes atendidos en la guardia médica podrán ser consultados durante las 24 horas, todos los días", establecía el contrato en uno de sus numerosos apartados dedicados a mecanismos de control. También se acordaba la creación de "centros operativos" del PAMI en las principales clínicas y hospitales para "monitorear" el cumplimiento de los contratos, la formación de un tribunal de ética para dirimir disputas, la presentación mensual de estadísticas y sanciones para los prestadores evasores.

En seis meses, las prestaciones en el nivel provincial aumentaron un 23%, las internaciones un 16%, la entrega de prótesis y marcapasos subió un 74%, y los gastos del PAMI bajaron de 30,50 pesos por afiliado a 23,50 pesos.

De Bramer a Alderete

Bramer Marcovic no duró mucho tiempo más al frente del PAMI y el nuevo directorio presidido por Alderete no tardó demasiado en volver a contratar a la Fecliba. Además, sumó los servicios de la gerenciadora Sagrado Corazón, vinculada con el sindicalista Luis Barrionuevo. Eso sí: los pagos del PAMI volvieron a bajar, de 23,50 a 20,50 pesos por afiliado.

Ninguno de los contratos suscriptos por Alderete con las empresas intermediarias supera las tres carillas. Ninguno dedica más de un par de párrafos al tema de controles y auditorías.

"Qué me importa que figuren (las auditorías) en los contratos? Tampoco figuran otras cosas y las hago igual. ¿O usted cree que porque figure lo hago y si no figura no lo hago?" dijo Alderete En algunos contratos, como el suscripto con la empresa gerenciadora de ambulancias Cruz Alsina, el PAMI le pide a la intermediaria que se audite a sí misma: "El prestador pondrá a disposición del instituto un servicio de auditoría de prestaciones que tendrá a su cargo la evaluación del servicio y la satisfacción de los usuarios, formado por personal profesional especializado en auditoría de calidad y en servicio social."

El arreglo para autoauditarse es llamativo si se tiene en cuenta que el mismo PAMI denunció el año pasado a varias empresas que ahora integran la red de Cruz Alsina por estafas reiteradas a la obra social, tal como La Nación informó ayer.

Alderete dijo que esa cláusula, que figura en algunos de sus contratos, pero no en todos, no impide que el PAMI pueda hacer sus propias auditorías: "No nos inhibe. Yo a usted le puedo poner un plus, pero no significa que renuncie a mis facultades".

La aparente falta de controles en los contratos de Alderete despertó el interés de legisladores nacionales del bloque opositor.

Por ejemplo, la Federación de Asociaciones y Cámaras de Establecimientos Geriátricos de la República Argentina (Fegera) fue denunciada por diputados de la Alianza porque se quedaría con el 50% de lo que le paga el PAMI: "Es decir que PAMI estaría pagando alrededor de $600 por cama a la Fegera, y ésta subcontrata con las mencionadas instituciones a un precio cercano a los $300. La intermediaria se queda con una rentabilidad incomprensible que dista muchísimo de lo que podría recibir por su función gerenciadora. A las instituciones públicas cobrando esa suma de $300 les es imposible prestar el servicio con lo percibido, necesitando el apoyo del Estado (subsidios, etc.) para hacerlo", señala la denuncia.

Alderete dijo que la denuncia de los diputados "es de locos" porque la Fegera cobra el 3% en gastos de intermediación.

LA Alianza también denunció que el secretario de la Fegera, Juan Carlos Silvetti, está inhabilitado por el Banco Central hasta el año 2001, que el tesorero, Hugo Cantenys, se encuentra en concurso por ser deudor de bancos en liquidación y que el vocal Roberto Salvador García se encuentra inhabilitado en todo el país para operar en cuenta corriente debido a una deuda por 400.000 pesos calificada por el Banco Central como de alto riesgo e insolvente. Este directorio maneja más de 10 millones de pesos por mes provenientes de la tesorería del PAMI.

"No me interesa su solvencia personal. El contrato tiene un seguro de caución que garantiza el servicio que pago," explicó Alderete.

La Alianza también denunció a Funeral Home SA, la empresa gerenciadora de servicios fúnebres que recibe 5.700.000 pesos por mes del PAMI. El negocio de Funeral Home estaría en el poder que el PAMI le ha delegado para elegir a sus cocherías y casas fúnebres: "Funeral Home tiene el manejo de los prestadores, y los extorsiona. Primero los excluye arbitrariamente del sistema del PAMI y después sale a comprarles la empresa a un precio vil, porque todas sobreviven del sistema PAMI," dijo la diputada radical Elisa Carrió, una de las denunciantes.

El juez federal Gustavo Literas, que investiga a Funeral Home, recibió testimonios de dos ex prestadores del PAMI, Reviello y Parentella, que denunciaron su exclusión arbitraria de la red Funeral Home SA acompañada por ofertas para vender barato. Reviello apoyó su denuncia con una cámara oculta de Canal 13 que mostraba a un funcionario de Funeral Home pidiéndole un millón de pesos para ingresar en la red.

También surgieron casos en los que Funeral Home SA demoraría sus pagos a ciertas empresas prestadoras sin motivo aparente dejándolas al borde de la quiebra. En esa situación se encontraría la empresa Zohil SRL, de la ciudad de Córdoba. Su apoderado le escribió directamente al presidente Carlos Menem: "(Le ruego que) nuestro justo reclamo no derive en arbitrarias sanciones hacia nosotros de la empresa Funeral Home, quien en estos momentos tiene la potestad total y absoluta para decidir quiénes podemos ser o no prestadores de los servicios PAMI."

Un alto funcionario del gobierno de la provincia de Buenos Aires que participó en las negociaciones con Bramer Marcovic y Alderete resumió la situación de la siguiente manera: "El PAMI empezó contratando a los médicos de familia. Después negoció con los médicos dueños de clínicas. Después apareció la figura del médico gerenciador, dueño de empresas intermediarias. En el futuro, los médicos gerenciadores se convertirán en empleados de los fondos de inversión como el grupo Exxel, que serán los nuevos dueños del negocio. Si el PAMI no se democratiza a través de elecciones libres, el directorio seguirá al servicio de empresarios y sindicalistas corruptos. Nosotros perdimos nuestro contrato porque no quisimos pagar coimas." Un funcionario que actualmente trabaja en el PAMI agregó: "Antes, el PAMI gerenciaba todos sus servicios con 12.000 empleados administrativos. Ahora el gerenciamiento está en manos de las empresas intermediarias, pero el PAMI sigue sosteniendo una estructura de 9000 empleados. ¿Entonces a qué se dedican los empleados del PAMI? Muchos son Ôlobbistas´ encubiertos de las empresas gerenciadoras, que por esa razón logran contratos ventajosos".

Contesta Alderete: "Nueve mil empleados es un número adecuado para 4.300.000 afiliados".

• Mañana: Alderete explica el trámite que tuvieron contratos y denuncias.

Por Santiago O´Donnell

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