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“Vengan vestidas si no quieren que les digamos putas”: una nueva amenaza de alumnos del Pellegrini a sus compañeras
A dos meses del escándalo por las fotos manipuladas con IA, las familias reclaman respuestas y esta semana aparecieron nuevos carteles contra las estudiantes en un baño
6 minutos de lectura'
LA NACIONLucila Marin
A más de dos meses de que se conociera que un grupo de alumnos de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini compartía y comercializaba imágenes reales y manipuladas con inteligencia artificial de sus compañeras desnudas, las familias de las adolescentes afectadas insisten en que todavía no recibieron una resolución ni conocen medidas concretas adoptadas por las autoridades del establecimiento. Esta semana, además, aparecieran nuevos carteles ofensivos contra las alumnas dentro del colegio.
“IG: Feminazis. Vengan vestidas si no quieren que les digamos putas”, decían los mensajes que, según denunciaron las familias en un comunicado difundido este miércoles, aparecieron el 29 de septiembre en un baño de la institución.
Es por lo menos el segundo episodio desde que estalló el caso. El 3 de julio había aparecido escrito sobre un banco: “Ustedes nos pueden denunciar, pero no vamos a parar de desnudarlas y venderlas”, en medio de los reclamos de las alumnas para que las autoridades escolares intervinieran.
El caso comenzó a fines de junio, cuando alumnas de segundo año, de alrededor de 14 años, descubrieron la existencia de un archivo con sus nombres, imágenes y los valores por los que sus compañeros las comercializaban. Algunas mostraban caras y cuerpos generados mediante inteligencia artificial y, en otras, habían utilizado fotografías obtenidas de sus redes sociales para desnudarlas digitalmente.
Ahora, las familias de las adolescentes afectadas reconstruyeron las gestiones que realizaron desde entonces y cuestionaron la respuesta institucional. “Nos preocupa profundamente que una institución con la historia y el prestigio del colegio Carlos Pellegrini, que sostiene entre sus valores el compromiso con la igualdad y la lucha contra las violencias de género, no haya podido dar, a más de dos meses de los hechos, una respuesta institucional acorde con su gravedad”, señalaron en un comunicado al que accedió LA NACION.
Y siguieron: “Pero nos preocupa todavía más que las familias de las adolescentes afectadas, después de haber recurrido reiteradamente a los canales institucionales, ni siquiera podamos acceder a una reunión en la que se nos informe qué se hizo, qué medidas se encuentran en curso y cómo piensa la institución proteger y reparar a las estudiantes involucradas”.
Hicieron una cronología detallada de los hechos. Tras haberse enterado el 26 de junio, el 30 de junio el equipo de conducción del Pellegrini emitió un primer comunicado en el que reconoció la existencia de grupos en los que habrían circulado estas imágenes. Dos días después, la institución informó que implementaría los protocolos vigentes.
El 6 de julio, las familias solicitaron formalmente a las autoridades del colegio la aplicación del protocolo de acción institucional para la prevención e intervención ante situaciones de violencia de la Universidad de Buenos Aires (UBA), de la que depende el establecimiento de nivel secundario. También pidieron “medidas urgentes de protección” en una nota que también fue enviada al Rectorado y al Consejo Directivo de la UBA.
Diez días más tarde, el 16 de julio, varias de las familias denunciaron el caso ante la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (UfedicI) del Ministerio Público Fiscal porteño, que inició una investigación.
En el comunicado aclaran que el objetivo de recurrir a la Justicia “nunca fue promover una respuesta punitiva hacia menores de edad” y puntualizan: “Nuestra preocupación central fue –y continúa siendo– determinar si esas imágenes fueron difundidas o continúan circulando en redes sociales, plataformas o sitios de internet y, de ser así, adoptar las medidas necesarias para impedir su circulación y proteger a las adolescentes afectadas”.
Esta semana, además, concurrieron nuevamente al Ministerio Público Fiscal para ampliar la denuncia e informar sobre la situación actual.
Mencionan también que el Pellegrini realizó una reunión general con las familias de los distintos cursos de segundo año, tanto de las alumnas afectadas como de los alumnos involucrados y algunas tuvieron luego encuentros individuales con las autoridades. También entrevistaron a las estudiantes que aportaron testimonios y pruebas sobre la existencia del grupo en el que se intercambiaban y comercializaban sus imágenes.
El 4 de agosto, la institución informó institución emitió un comunicado de “actualización” informando la activación del protocolo y que mantenía encuentros con los estudiantes y las familias involucradas. También señaló que había dado intervención al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y que trabajaba junto con el Ministerio Público Tutelar, mientras la fiscalía especializada investigaba los hechos. Para el segundo cuatrimestre anunció medidas disciplinarias y restaurativas, restricciones al uso de celulares y capacitaciones sobre violencia digital, salud mental, convivencia y ESI.
Las familias sostienen que, pese al tiempo transcurrido, todavía desconocen una resolución. Y siguieron insistiendo por las vías institucionales: el 27 de agosto pidieron una reunión con las autoridades del colegio por correo electrónico y, al no obtener respuesta, reiteraron el pedido el 31 de ese mes. El 28 de agosto solicitaron al rector de la UBA que tomara medidas de intervención directa y de protección. Y el 24 de septiembre volvieron, por tercera vez, a pedir una reunión con las autoridades del Pellegrini, nuevamente –afirman– sin obtener respuesta.
Según pudo saber LA NACION, frente a un viaje que suelen realizar en segundo año y que se concretó este mes, esperaban que los menores ya identificados no viajaran. Pero como no sucedió, hubo alumnas que decicieron no viajar ellas.
“A pesar de todas estas gestiones, seguimos sin recibir una respuesta concreta por parte de las autoridades responsables”, sostuvieron. Las familias remarcaron que no pretenden decidir qué sanciones deben aplicarse a los estudiantes involucrados, entienden que esa responsabilidad corresponde a las instituciones y autoridades competentes.
La respuesta de la escuela
Consultadas, fuentes de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini señalaron a LA NACION que “dentro de la escuela hubo denuncia de un hecho general, pero no denuncias individuales, es decir, alguien que acuse a alguien” por lo que se vienen llevando a cabo “acciones de revinculación, con fines reparatorios”. Y agregaron que, legalmente, el tema lo cursa el Ministerio Público Fiscal.
Marcaron, además, que no está demostrado que se usó IA o que las imágenes hayan estado en una red ilegal. “El malestar que se refirió en la escuela es por los comentarios que hicieron quienes intercambiaron fotos”, afirmaron.
En tanto, desde la UBA reiteraron la explicación brindada por los voceros del colegio.
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