Veredicto histórico: un jurado de California declaró responsables a Meta y YouTube en un juicio por adicción a redes sociales
El fallo abre un capítulo clave en los juicios contra las grandes tecnológicas al validar las acusaciones sobre diseño adictivo y daños en la salud mental de usuarios jóvenes
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LA NACION
Un jurado de California declaró responsables a Meta y a YouTube por haber perjudicado a una joven mediante el diseño adictivo de sus plataformas, una decisión que marca un hito en la creciente ola de litigios contra las grandes compañías tecnológicas por los daños vinculados al uso intensivo de redes sociales entre niños y adolescentes. El veredicto, leído en un tribunal del condado de Los Ángeles, ordenó a las empresas pagar tres millones de dólares por daños y podría influir en cientos de causas similares que avanzan en distintos estados del país.
El proceso forma parte de un entramado judicial que involucra a más de 1600 demandantes, entre ellos más de 350 familias y más de 250 distritos escolares, que sostienen que los servicios de redes sociales fueron concebidos para generar adicción y que no ofrecieron mecanismos adecuados para proteger a los menores de situaciones de riesgo, entre ellas la explotación sexual, el contacto con depredadores y el acceso a contenido considerado dañino.
La causa que derivó en el veredicto fue impulsada por una joven identificada como K.G.M., quien era menor de edad al momento de los hechos y que hoy tiene 20 años. Según su testimonio, el uso casi constante de plataformas como Instagram produjo efectos negativos en su salud mental, con episodios de depresión, ansiedad y dismorfia corporal. La joven describió una dinámica marcada por el uso compulsivo y el temor a quedar afuera de los espacios de interacción en línea. “Realmente afectó mi autoestima”, declaró ante el jurado.
El juicio incluyó la exposición de altos ejecutivos del sector, entre ellos el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, quien fue interrogado sobre la arquitectura de productos como Instagram y sobre la evidencia científica disponible en torno a sus efectos en adolescentes. Zuckerberg reiteró que, a su entender, la investigación existente no demuestra que las redes sociales causen daños a la salud mental.
Las defensas de Meta y de YouTube rechazaron en todo momento las acusaciones. Ambas compañías sostuvieron que sus plataformas no fueron diseñadas para ser dañinas ni adictivas, y que los problemas de la demandante no pueden atribuirse de manera exclusiva al uso de redes sociales. Meta, en particular, señaló la presencia de situaciones personales complejas en la vida de la joven y afirmó que apelará el fallo.
El veredicto llega en un contexto en el que distintos tribunales del país analizan demandas que apuntan a las mismas empresas. Ayer, en Nuevo México, otro jurado determinó que Meta es responsable por no proteger a menores de edad frente a depredadores y situaciones de explotación sexual en Facebook e Instagram. La sanción en ese caso fue de US$375 millones, una multa que, aunque representa una fracción de los ingresos anuales de la compañía, expresa un cambio en el clima social y judicial respecto del rol de las plataformas en la seguridad infantil.
El juicio de Nuevo México se construyó a partir de una estrategia del equipo del fiscal general del estado, Raúl Torrez, que incluyó la creación de perfiles que simulaban pertenecer a menores de edad. Los investigadores documentaron solicitudes sexuales, el comportamiento de actores malintencionados y la respuesta de Meta frente a ese tipo de actividades. El jurado concluyó que la empresa violó la ley estatal de protección al consumidor y sostuvo que priorizó sus ingresos por publicidad antes que la seguridad de los jóvenes.
En el caso de Los Ángeles, el foco está puesto específicamente en la adicción. Las deliberaciones del jurado se extendieron a lo largo de nueve días, con casi 44 horas de análisis. La demanda sostiene que las funciones de diseño de Meta y de YouTube fueron concebidas para captar la atención de usuarios jóvenes mediante mecanismos que promueven la permanencia prolongada en las plataformas. TikTok y Snapchat, también demandadas en un inicio, alcanzaron acuerdos antes del comienzo del juicio, pero enfrentan litigios similares en otras jurisdicciones.
Los abogados de la parte acusadora en Los Ángeles plantearon que la causa busca establecer “transparencia y responsabilidad”, y señalaron que el caso de K.G.M. funciona como un juicio “barómetro”. Es decir, un proceso destinado a medir cómo reaccionan los jurados frente a los argumentos de ambas partes, con el objetivo de anticipar lo que podría ocurrir en miles de reclamos. Matthew Bergman, del Social Media Victims Law Center, afirmó que este momento representa “un punto de inflexión monumental”.
La discusión judicial involucra también a distritos escolares de distintos estados del país. Un proceso previsto para este verano, ante la jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers en Oakland, designa a seis distritos como casos de referencia en un litigio multidistrital. Los distritos sostienen que las empresas no solo contribuyeron a problemas de salud mental, sino que además generaron costos económicos adicionales por el aumento de incidentes vinculados al uso de redes sociales entre estudiantes.
Los abogados que participan en esa causa comparan el fenómeno con la crisis de los opioides. Jayne Conroy, representante de los demandantes, indicó que en ambos casos el eje es la adicción y los riesgos asociados a productos cuya interacción produce descargas de dopamina que afectan la conducta. Afirmó que, al igual que en los litigios contra las farmacéuticas, las compañías conocían los riesgos y los minimizaron para beneficiar sus ingresos publicitarios.
El debate sobre la adicción a las redes sociales no es unánime en el ámbito científico. Algunos investigadores señalan que el término no debe equipararse a trastornos como la dependencia de sustancias, y destacan que la adicción a redes sociales no está incluida como diagnóstico oficial en los manuales psiquiátricos. Sin embargo, crece la presión de padres, escuelas y legisladores para que las plataformas implementen mecanismos más estrictos de verificación de edad y controles de seguridad.
Analistas del sector tecnológico advierten que, aun cuando las empresas han incorporado funciones destinadas a abordar la preocupación pública sobre el uso adolescente de las redes, persisten cuestionamientos sobre si esas medidas se aplican de manera consistente. Según distintos informes mencionados en el juicio, Meta continúa considerando a los adolescentes como un segmento estratégico para su crecimiento.
Los casos en curso podrían tardar años en resolverse. Las empresas mantienen la defensa de su modelo de negocios y subrayan que las decisiones de diseño forman parte de su derecho a la libre expresión, amparado por la Primera Enmienda. También recurren a la protección de la Sección 230, que limita la responsabilidad de las plataformas por el contenido generado por los usuarios. El avance de estas causas podría redefinir el alcance de ambas figuras legales.
El proceso de Los Ángeles continúa con la etapa de fijación de daños. Si bien el veredicto representa una victoria para la demandante, el monto final de la indemnización quedará en manos del jurado y será conocido en las próximas semanas.
Con información de las agencias ANSA, AFP y AP.
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