Vidas en suspenso. Los que ya no pueden esperar el fin de la cuarentena

LA NACIONBrenda Struminger

Los sábados a la tarde, Lucas Salazar, de 41 años, se escapa al almacén de la vuelta de su peluquería, compra un par de cajas de jugo y les prepara tragos a sus clientas mientras reproduce alguna canción para bailar. "Se armó la fiesta", les dice.

Es estilista y por 20 años trabajó en Belgrano en relación de dependencia. En 2018 logró abrir su propio salón, en la calle Ciudad de la Paz. Le fue bien y pudo contratar a cinco empleados. Pero por la cuarentena,hace 45 días que su local está cerrado. Dejó de pagar el alquiler y los servicios, y las deudas por los gastos fijos se acumulan. Mientras tanto, le abona los sueldos a sus empleados con sus ahorros y ayudas del Gobierno. "Se me hace cuesta arriba", dice, preocupado.

A un mes y medio del primer decreto de cuarentena,pese a las sucesivas flexibilizaciones, la mayor parte de los rubros, como el de Lucas, siguen frenados y no se sabe cuándo podrán volver a cierta normalidad.

Los protagonistas entienden y acompañan la medida de salud pública, que rige desde el 20 de marzo, destinada a contener la propagación de los contagios. Pero enfrentan situaciones cada vez más complicadas.

El abanico de afectados por el aislamiento y la suspensión de actividades es infinito: chicos con algún problema que dejaron de acceder a sus terapias, consultas médicas postergadas, jubilados que no están bancarizados, empleados que reciben porcentajes escasos de sus sueldos, monotributistas que se quedaron sin ingresos, comerciantes que temen por el cierre de sus negocios y por los pagos a las personas que dependen de ellos... y la lista sigue.

El panorama es más incierto en los centros urbanos del país, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, por la alta densidad demográfica. Allí se registra la mayor cantidad de casos de coronavirus y las medidas de prevención se mantienen con mayor rigidez.

Para compensar las consecuencias, el gobierno nacional y los provinciales desplegaron una serie de acciones económicas y sociales. Además "liberaron" muchas actividades. Pero otras continúan suspendidas. Los problemas y las deudas se acumulan.

Consultorios cerrados

Javier Crupnik, de 47 años, es kinesiólogo (MN 6690) y comparte consultorio con dos colegas que, como él, son monotributistas. En su trabajo es indispensable el contacto físico, una paradoja en tiempos de distanciamiento social. Su actividad, como tantas otras, se encuentra frenada hace más de 40 días. En abril, la Asociación Argentina de Kinesiología pidió al Gobierno que les permitan reanudar la atención en sus consultorios.

"Los pacientes siguen existiendo y siguen sufriendo dolores. Hay muchos con dolencias crónicas y politraumatismos. A la gente todavía le duele", dice Javier a LA NACION. "Desde antes de que empezara la cuarentena formalmente, el trabajo había bajado mucho. Ahora estoy en cero y tengo deudas que afrontar, sobre todo de los gastos del consultorio", destaca.

Su esposa, Giselle Arvilly, es psicóloga (MN 35139) y se encuentra en una situación similar. Aunque puede atender por videollamada, sus consultas se redujeron significativamente. Los primeros días no atendía más que a un 30 por ciento de los pacientes.

Tenen una hija de 18 años, Julieta, que por el confinamiento no puede ir al colegio ni asistir a sus actividades extracurriculares o terapias. "Mi hija tiene síndrome de Down. Cuando empezó todo esto, su cadena de servicios terapéuticos quedó totalmente interrumpida. De a poco pudo retomarlas y ahora las hace a distancia", cuenta Javier.

Sin embargo, la terapia a distancia no puede aplicarse a todos los casos. "Las terapeutas solemos sentarnos en el piso con los nenes y los juguetes y hablamos mientras jugamos. Pero por sus características, muchos pacientes no admiten una modalidad virtual. ¿Cómo hacés una escena de juego simbólico a través de una pantalla con un chico que no tiene lenguaje?", se pregunta Soledad R., psicóloga infantil.

Atiende chicos en una clínica de rehabilitación porteña que se mantuvo inactiva dos semanas y luego implementaron las sesiones a distancia. Desde el primer día, Soledad se preocupó por sus pacientes, y por su sueldo. Cuando la clínica reabrió, se sintió aliviada. Ahora hace terapias por videollamada con algunos pacientes. Pero en los casos más complicados para la comunicación virtual, solo habla con los padres y les da consejos.

Y más allá de que su especialidad sean los chicos, asegura que la terapia virtual "no es para todos". "Nadie quiere que otros escuchen lo que habla en su terapia y muchos no tienen un lugar para hablar tranquilos. Se necesita privacidad. También hay gente que no se siente cómoda con la modalidad", sostiene.

Soledad se considera una de las profesionales de la salud mental "privilegiadas" porque es empleada de una institución. La mayoría de sus colegas basan su sustento en el trabajo independiente y no tienen pacientes. Hace diez días, la Federación de Psicólogos de la República Argentina (Fepra) le pidió al Gobierno que se los considere como trabajadores esenciales. Por ahora, solo puede trabajar a distancia.

La desesperación en las villas

Vive en la villa 20 de Lugano y, desde que se decretó el aislamiento obligatorio, no sale de la casa de 55 metros cuadrados donde vive con su hermana, su hermano, su cuñado y sus cuatro sobrinos adolescentes. Marisa Llanos Cruz, de 29 años, trabaja como personal de limpieza para una cooperativa, pero no pudo continuar por la falta de elementos de protección. En dos meses solo cobró un sueldo.

"El pago llega de forma tardía, estamos apretados", dice Marisa, quien se anotó en la página de Anses para obtener el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para trabajadores informales, pero le dijeron que la ayuda no aplica a su caso. El resto de sus familiares no están recibiendo ingresos, excepto uno de sus sobrinos, que también trabaja en servicios de limpieza.

De todas formas, asegura que la suya no es de las peores situaciones en el barrio, donde pasa a un segundo plano el coronavirus y la preocupación es por la comida: "Todo está más caro y hay poca plata. Entregan cajas, pero se nota la necesidad de alimentos. Los comedores están colapsando, llenos de familias. La estamos remando", dice la joven, que colabora en una sala comunitaria.

La primera semana de cuarentena, el Gobierno les pidió enfáticamente a los empresarios que no aumentaran los precios. Y luego solicitó a los gobiernos municipales y provinciales sumarse al control. Pero las subas continúan, incluso en el delicado contexto actual.

Cincuenta por ciento

Cuando se detectaron los primeros casos de coronavirus en la Ciudad, a comienzos de marzo, Camila S., bailarina profesional, le pidió a su jefa que suspendieran la recepción de turistas en la tanguería donde trabaja. La respuesta fue que debían seguir trabajando. Hoy se recuerda bailando La Cumparsita pegada a extranjeros recién llegados de países donde la enfermedad ya era incontrolable. A pesar de su amor por la danza, sentía temor y vergüenza. Lo consideraba una irresponsabilidad, pero no quería perder su sueldo.

Tras el confinamiento obligatorio, pudo quedarse en su casa. Con la tanguería cerrada, temió que la despidieran. Respiró aliviada cuando supo que se habían prohibido las desvinculaciones por 60 días, entre otras medidas.

Sin embargo, le pagaron la mitad de su magro sueldo. Y como "en los papeles" tiene un trabajo en relación de dependencia, su perfil no aplica a los programas de ayuda estatal.

Chequeos médicos postergados

La salud también quedó entre un paréntesis, sobre todo en el momento más estricto de la cuarentena. Marina Fernández vive en Vicente López a unas cuadras de la casa de su mamá, Lydia Iuricich, quien tuvo cáncer y debe controlarse todos los años. La primera semana de encierro le postergaron un chequeo oncológico anual. Y ahora teme una nueva dilación. Como ella, muchos pacientes crónicos tuvieron dificultades para acceder a tiempo a sus controles, tratamientos o diagnósticos. "Todo se atrasa. Mi mamá está bien, pero está preocupada", señala Marina a LA NACION.

Además, Lydia tiene la muñeca fracturada desde noviembre. Dos meses antes del aislamiento había sacado un turno para un chequeo con su traumatólogo, pero se lo cancelaron y no pudo sacar una nueva cita.

Marta Willis, de 75 años, vive en La Boca con su hija Teodolina, de 36, y enfrenta una situación similar. Sufre varias afecciones crónicas, físicas y psiquiátricas, y depende de varias medicaciones. Por el trabajo de su marido tiene cobertura médica, pero asegura que su obra social no le brinda información sobre cómo conseguirlas. "No atienden el teléfono. Solo nos dijeron que iban a informarnos, pero no lo han hecho. Estamos esperando", dice a LA NACION.

"Si esto sirve para que todos estemos mejor, bendito sea. A nivel personal, es muy duro", reflexiona Marta, cuyo único ingreso es una jubilación mínima. "Sin mi hija no podría haber sobrevivido", agrega.

Es que a los bajos ingresos, a los jubilados se les suman las dificultades de logística. "Antes iba al banco y solucionaba todo. Ahora me da miedo salir. Temo que me agarre un ataque de pánico o contagiarme. Se me complica todo", afirma. Su hija la ayuda con los trámites y económicamente, pero no tiene un empleo formal. Es diseñadora gráfica, realiza colaboraciones, pinta y comercializa tazas en ferias y vía internet. Con su ingreso, bajo, y la jubilación mínima, apenas llegan a fin de mes. "Sin Teo no podría haber sobrevivido", dice Willis.

Para hacer frente a estas dificultades, el Gobierno lanzó asistencias económicas para jubilados y pensionados. Y luego del fallido operativo de pagos del viernes 3 de abril, aceitó el sistema de cobros.

El pago de los servicios también es un problema para los jubilados durante la pandemia. Como Marta, muchos adultos mayores no se encuentran adheridos al abono online y están acostumbrados a liquidarlos en las sucursales de los bancos o empresas gestoras de pago privadas. Al ser factor de riesgo y tener la recomendación de no salir, se les acumulan las cuentas. El Gobierno anunció que no se cortarán los servicios por 180 días, pero nadie quiere incumplir.

En el caso de Lydia, su familia todavía no decidió cómo hará para retirar su jubilación. Analizan hacer un poder que les permita cobrarla por ella, luego de que el Colegio de Escribanos de la Ciudad informó que hará gratis las actas notariales para que los titulares de beneficios de la seguridad social autoricen a un tercero el cobro de sus prestaciones.

"Estaría feliz si pudiera llegar a diciembre sin deudas"

Lucas, el peluquero, espera ansioso el momento en que le permitan reabrir, pero teme fundirse de cualquier forma. Con un local de 20 metros, sabe que no podrá atender a varios clientes al mismo tiempo, una de las claves del rubro para ser redituable.

"A las grandes marcas se les puede hacer más fácil, porque tienen el metraje necesario para respetar la distancia. Pero a los que tenemos locales chicos, se nos va a complicar mucho. Voy a tener que trabajar a media máquina, con turnos espaciados", explica.

Asegura que "estaría feliz" si pudiera llegar a diciembre sin deudas. Y agrega: "Sé que hay mucha gente que está igual. No tengo derecho a quejarme".

Mientras tanto, todos los días, sus clientas le escriben para preguntarle cómo está y algunas se ofrecieron a ayudarlo económicamente: "No acepté, pero me llena de orgullo. Más allá de ser su peluquero, después de 20 años, ya son mis amigas".

Por Brenda Struminger

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