Aliados de Trump insisten en exigir prueba de ciudadanía para votar
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LA NACION
COLUMBUS, Ohio, EE. UU. (AP) — La idea de obligar a los votantes a presentar prueba de ciudadanía para votar en las elecciones de Estados Unidos no ha logrado pasar por el Congreso y ha sido bloqueada por los tribunales, por lo que los aliados de la administración del presidente Donald Trump están buscando otra vía para imponerla: pedir a una agencia federal poco conocida que lo haga.
A principios de esta semana, la Comisión de Asistencia Electoral de Estados Unidos, una agencia independiente, había recibido más de 380.000 comentarios públicos en reacción a una petición para añadir el requisito. La propuesta está siendo impulsada por America First Legal, un grupo conservador cofundado por Stephen Miller, el subjefe de despacho del presidente republicano.
El grupo está solicitando a la comisión, compuesta por dos republicanos y dos demócratas, que añada el mandato al formulario federal de registro de votantes. Afirma que exigir a las personas que presenten prueba de ciudadanía es "esencial para mejorar la integridad y fiabilidad de los procesos de registro de votantes, asegurando que solo los ciudadanos estadounidenses elegibles puedan registrarse y votar en las elecciones federales". Un grupo de senadores y representantes republicanos lo describió como una "reforma simple y de sentido común", similar a mostrar una identificación para abordar un avión o abrir una cuenta bancaria.
Los grupos de derechos de voto caracterizan tal requisito como innecesario, engorroso y una potencial amenaza al derecho al voto.
La propuesta ante la comisión electoral con sede en Washington es el último intento de la derecha política para impulsar un requisito nacional de prueba de ciudadanía, tratando de pintar el voto de no ciudadanos como un problema significativo, cuando en realidad es extremadamente raro. Las denuncias de votos ilegales fueron una parte importante de la estrategia republicana durante las elecciones presidenciales de 2024, a pesar de que ya es ilegal y castigable como un delito grave.
La petición a la Comisión de Asistencia Electoral llega después de que Trump intentara obligar al organismo a promulgar una disposición idéntica a través de una orden ejecutiva sobre elecciones que emitió en marzo. Esa orden ha sido bloqueada temporalmente por dos tribunales federales, que encontraron que la acción excedía inconstitucionalmente su autoridad presidencial. La Constitución otorga a los estados y al Congreso el poder de establecer las reglas electorales.
En su petición, America First Legal desestimó esos reveses.
Esta premisa sigue siendo impugnada en los tribunales, pero también deja a esta Comisión con la libertad de tomar medidas de integridad electoral de sentido común por su propia voluntad.
El formulario federal de votantes ya requiere que los registrantes afirmen su ciudadanía bajo pena de perjurio. Violarlo es un delito grave que puede llevar a prisión, multas y deportación. El Congreso consideró que ese enfoque era adecuado cuando aprobó la ley Help America Vote Act, que estableció la comisión en 2002.
La comisión tiene la discreción de hacer cambios en el formulario, pero hay desacuerdo sobre si eso incluye poder imponer unilateralmente un requisito nuevo tan significativo a los votantes de todo el país. Un portavoz de la comisión está de licencia durante el cierre del gobierno federal y no respondió a una solicitud de comentarios.
America First Legal dijo a los comisionados que tienen suficiente autoridad para actuar bajo una disposición de la Ley Nacional de Registro de Votantes de 1993. Pero Jonathan Diaz, director de defensa del voto y asociaciones para el Campaign Legal Center, declaró que la comisión electoral primero necesitaría determinar que exigir prueba de ciudadanía es "necesario" para determinar la elegibilidad de las personas.
"En mi opinión, pedir información es una cosa. Pedir documentos y pruebas adicionales más allá de la información que recopila el formulario es otra cosa", indicó.
Susannah Goodman, directora de seguridad electoral del grupo Common Cause, señaló que la votación de no ciudadanos sigue siendo "extraordinariamente rara" porque los riesgos superan las recompensas.
"Las consecuencias de hacerlo son tan grandes y la ciudadanía es tan valiosa, que no creemos que este sea el problema que están tratando de resolver. Los números no lo demuestran", sostuvo. "No hay amenaza para nuestra democracia por el voto de no ciudadanos".
En su petición, America First Legal apuntó que la aplicación de la disposición de perjurio es "casi inexistente" y un sistema dependiente "enteramente de la honestidad de los solicitantes" es una receta para el fraude. La organización no respondió a una solicitud de entrevista.
"Los estados están confiando en un sistema roto de 'confía pero no verifiques' para registrar votantes", aseguró Justin Riemer, presidente de la organización sin fines de lucro Restoring Integrity and Trust in Elections, que presentó un comentario público en apoyo de la propuesta, en un comunicado. "El formulario de registro de la EAC ata las manos de los estados que intentan asegurar que solo los ciudadanos se registren y voten.
Eso debe cambiar".
El senador demócrata Alex Padilla de California y el representante Joseph Morelle de Nueva York, defensores declarados de los derechos de voto, aseveraron que añadir tal requisito era innecesario.
"Los estados ya tienen múltiples sistemas en marcha para asegurar que solo los estadounidenses elegibles voten en las elecciones; los estados ya determinan el estatus de ciudadanía de los votantes sin el requisito oneroso solicitado en la petición", afirmaron en comentarios a la comisión.
La legislación que impone un requisito de prueba de ciudadanía —la Ley SAVE— fue aprobada por la Cámara de Representantes a principios de este año, pero se ha estancado en el Senado ante la oposición bipartidista. Esfuerzos similares también han encontrado obstáculos cuando se han introducido en los estados.
La petición de America First Legal enumera cuatro tipos de documentación que cumplirían con el requisito: un pasaporte; una licencia de conducir emitida por el estado que cumpla con REAL ID y que indique el estatus de ciudadanía; una identificación militar que indique el estatus de ciudadanía; o una identificación con foto válida federal o estatal que indique la ciudadanía o esté "acompañada de prueba de ciudadanía de Estados Unidos".
De los cuatro, solo un pasaporte sería una forma universalmente confiable de identificación calificada, aunque solo alrededor de la mitad de los estadounidenses tiene uno. Solo cinco estados ofrecen licencias de conducir REAL ID que indican ciudadanía, y las identificaciones militares a menudo no lo hacen. Aquellos que invoquen las otras formas de identificación con foto federal y estatal que carecen de un indicador de ciudadanía tendrían que presentar otra documentación que no está listada, como un certificado de nacimiento.
Diaz, del Campaign Legal Center, expresó que las mujeres que cambian su apellido cuando se casan podrían tener que presentar su certificado de nacimiento, su certificado de matrimonio y una identificación gubernamental válida. Eso se demostró como una barrera para algunas mujeres que votaron en una elección primaria a principios de este año en Nueva Hampshire, que estaba imponiendo un requisito similar por primera vez.
"Solo está creando obstáculo tras obstáculo tras obstáculo para que los ciudadanos estadounidenses elegibles puedan votar", destacó Diaz.
El próximo paso de la comisión es revisar los comentarios y determinar por mayoría de votos si proceder con la petición. La aprobación sería seguida por procedimientos más formales, incluyendo otro período de comentarios y audiencias públicas.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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