Brasil: El Supremo de Brasil decreta arresto domiciliario para Bolsonaro por incumplir medidas cautelares
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LA NACION
MADRID, 5 Ago. 2025 (Europa Press) -
El Tribunal Supremo de Brasil ha decretado este lunes arresto domiciliario para el expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2023) por incumplir algunas de las medidas cautelares impuestas por su supuesta responsabilidad en la financiación de una trama para entorpecer desde Estados Unidos la causa en su contra por golpe de Estado.
"Ante el reiterado incumplimiento de las medidas cautelares previamente impuestas, ordeno el arresto domiciliario de Jair Messias Bolsonaro", ha anunciado el juez del Supremo Alexandre de Moraes, encargado del caso, en declaraciones recogidas por el portal de noticias brasileño UOL.
El magistrado también ha ordenado una operación de registro e incautación del domicilio de Bolsonaro en Brasilia. El exmandatario tiene prohibido recibir visitas, excepto de sus abogados, y usar teléfonos móviles, incluidos de terceros. Además, está usando una tobillera electrónica.
La decisión de De Moraes de decretar arresto domiciliario ha tenido lugar tras el incumplimiento de Bolsonaro de usar las cuentas de redes sociales de otras personas, después de que en la víspera utilizara las de su primogénito, Flávio, durante las manifestaciones en su apoyo que tuvieron lugar en el país sudamericano para supuestamente presionar y coaccionar al Supremo.
DEFENSA DE BOLSONARO NIEGA INCUMPLIMIENTO ALGUNO
Por su parte, la defensa del expresidente ha señalado este lunes haber sido "sorprendida por la imposición del arresto domiciliario", defendiendo que "Bolsonaro no ha incumplido ninguna medida", según las declaraciones recogidas por la agencia brasil.
"La frase 'Buenas tardes, Copacabana. Buenas tardes, mi Brasil. Un abrazo a todos. Es por nuestra libertad. Estamos juntos' (con la que el exmandatario se dirigió a los manifestantes) no puede entenderse como un incumplimiento de la medida cautelar, ni como un acto delictivo", han argumentado sus abogados, que han anunciado que apelarán la decisión.
Paralelamente, el Departamento de Estado de Estados Unidos, ha denunciado que "el juez (De) Moraes, ahora sancionado por Estados Unidos por violaciones de los Derechos Humanos, sigue utilizando las instituciones brasileñas para silenciar a la oposición y amenazar la democracia".
"Estados Unidos condena la orden de Moraes de imponer arresto domiciliario a Bolsonaro y exigirá responsabilidades a todos aquellos que ayuden e inciten a cometer actos sancionados", reza la publicación de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, adscrita a la cartera diplomática estadounidense, en la red social X.
Washington ha criticado asimismo que "imponer aún más restricciones a la capacidad de Jair Bolsonaro para defenderse en público no es un servicio público". "Dejen hablar a Bolsonaro", ha pedido.
La Policía brasileña registró a mediados de julio la casa en Brasilia de Bolsonaro por su supuesta responsabilidad en la financiación de una trama en Estados Unidos para defender la aplicación de aranceles y sanciones contra autoridades del país, incluidos los jueces del Tribunal Supremo, a quienes Washington ha revocado sus visados.
Los investigadores sostienen que Bolsonaro ha utilizado hasta dos millones de reales (300.000 euros) para hacer campaña a través de su hijo, Eduardo, en Estados Unidos desde marzo, en favor de estas sanciones, en un momento en el que el presidente Donald Trump ha mostrado un inusitado interés por su situación judicial.
Mientras tanto, hace un par de semanas, la Fiscalía solicitó en sus alegaciones finales en el juicio por golpe de Estado que Bolsonaro sea declarado culpable, por lo que podría enfrentarse a penas de prisión de hasta 40 años, además de ser inhabilitado de manera indefinida para ostentar cargos públicos.
Bolsonaro y otras siete personas forman parte del llamado núcleo central de la trama golpista con la que pretendía mantenerse en el poder tras las elecciones de octubre de 2022. Están acusados de asociación criminal, intento de abolir de manera violenta el Estado de derecho, golpe de Estado y daños al patrimonio durante las protestas en las que se intentó tomar las instituciones el 8 de enero de 2023.
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