El Salvador extiende por 42da vez el régimen de excepción para combatir pandillas pese a críticas
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LA NACION
SAN SALVADOR (AP) — El Congreso salvadoreño, controlado por el partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele, aprobó el miércoles una prórroga más al régimen de excepción que suspende garantías constitucionales de la población y durante el cual, según las autoridades, más de 88.800 personas han sido detenidas acusadas presuntamente de formar parte o colaborar con las pandillas.
En los últimos meses las autoridades han denunciado intentos de organización de grupos de pandillas en centros educativos, lo que los llevó en junio a la captura de por lo menos 40 estudiantes de tres institutos públicos de la capital.
Las autoridades de seguridad aseguran que la aplicación de sus políticas de seguridad han permitido la reducción histórica en los indicies de homicidios, con más de 990 días sin la ocurrencia de este delito durante el actual gobierno, afirman.
La 42da prórroga, que estará vigente hasta el 2 de octubre, se aprobó con los votos de 57 de los 60 diputados del Congreso unicameral. La diputada Claudia Ortiz, del conservador partido VAMOS, votó en contra. Los dos diputados de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) se retiraron a la hora de votar.
Después de que las pandillas asesinaran a 62 personas en una sola jornada, el 27 de marzo de 2022, el Congreso aprobó un estado de excepción que, según organismos nacionales e internacionales, ha resultado en graves violaciones a los derechos humanos.
La nueva prórroga mantiene la suspensión de derechos constitucionales como el de ser informado sobre los motivos de la detención o el de tener acceso a un abogado. Además, las fuerzas de seguridad pueden intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial y se extiende la detención sin audiencia judicial de 72 horas a 15 días.
Con la llegada de Bukele al poder, el Congreso también reformó el Código Penal para tipificar como delito la pertenencia a una pandilla, lo cual conlleva una pena de entre 20 y 40 años de cárcel. Los cabecillas pueden recibir condenas de hasta 60 años tras las rejas.
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