Familias en crisis tras masiva redada de inmigración en planta de Hyundai en Georgia

Desde que ocurrió la redada masiva de inmigración en un sitio de fabricación de Hyundai en el sureste de Georgia, en la que casi 500 trabajadores fueron detenidos, Rosie Harrison afirma que los teléfonos de su organización no han dejado de recibir llamadas de familias en pánico que necesitan ayuda.

“Hay personas que llaman todos los días, pero la lista no termina”, afirmó Harrison. Ella dirige una organización apolítica sin fines de lucro llamada Grow Initiative que vincula a familias de bajos ingresos, tanto inmigrantes como no inmigrantes, con recursos de alimentos, vivienda y educación.

Desde la redada, afirma Harrison, “las familias experimentan un nuevo nivel de crisis”.

La mayoría de las 475 personas detenidas en la redada —calificada como la más grande en dos décadas por autoridades de Estados Unidos— eran coreanas y han vuelto a Corea del Sur. Pero abogados y trabajadores sociales dicen que muchos de los inmigrantes no coreanos atrapados en la redada permanecen en un limbo legal o no se tiene información sobre ellos.

La mañana del 4 de septiembre, cuando la redada comenzó, los trabajadores empezaron a llamar casi de inmediato a Migrant Equity Southeast, una organización local sin fines de lucro que vincula a inmigrantes con recursos legales y financieros. La pequeña organización, de aproximadamente 15 empleados, recibió llamadas sobre personas de México, Guatemala, Colombia, Chile, Ecuador y Venezuela, dijo la portavoz Vanessa Contreras.

Durante todo el día, las personas relataban cómo los agentes federales les quitaban sus teléfonos móviles a los trabajadores y los ponían en largas filas, comentó Contreras. Algunos de ellos se escondieron durante horas en conductos de aire o en áreas remotas de la extensa propiedad para evitar ser capturados. El Departamento de Justicia dijo que algunos se ocultaron en un estanque de aguas residuales situado en las inmediaciones.

Personas fuera del sitio llamaron frenéticamente a la organización para conocer el paradero de sus seres queridos que trabajaban en la planta y a quienes, de repente, no pudieron localizar.

Al igual que muchos de los coreanos que laboraban en la planta, defensores y abogados que representan a los trabajadores no coreanos atrapados en la redada dicen que algunos de los detenidos tenían autorización legal para trabajar en Estados Unidos.

Ni el Departamento de Seguridad Nacional ni el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (DHS e ICE, respectivamente) respondieron a las solicitudes de comentarios enviadas el viernes por correo electrónico.

No se sabe cuántas personas detenidas durante la redada permanecen bajo custodia.

El abogado Charles Kuck, con sede en Atlanta, quien representa a trabajadores coreanos y no coreanos que fueron detenidos, dijo que dos de sus clientes trabajaban legalmente en virtud del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, creado por el expresidente Barack Obama. Uno había sido liberado y “nunca debió haber sido arrestado”, dijo, mientras que el otro seguía detenido porque recientemente fue acusado de conducir bajo la influencia del alcohol.

Otra de las clientes de Kuck estaba en proceso de solicitar asilo, dijo, y tenía los mismos documentos y trabajo que su esposo, quien no fue arrestado.

Algunos incluso tenían licencias de conducir válidas de Georgia, que no pueden otorgarse a personas que están en el país ilegalmente, dijo Rosario Palacios, quien ha estado asistiendo a Migrant Equity Southeast. Algunas familias que llamaron a la organización se quedaron sin acceso al transporte porque la persona detenida era la única que podía conducir.

“Es difícil decir cómo eligieron a quién liberarían y a quién dejarían bajo custodia”, dijo Palacios, y agregó que algunos de los arrestados no tenían un número de identificación de extranjero y aún no se tiene información sobre ellos.

Kuck dijo que la redada es una indicación de la amplitud de la estricta aplicación de las leyes migratorias por parte del gobierno del presidente Donald Trump, a pesar de que se ha dicho que tales medidas están dirigidas contra los criminales.

“El problema es la redefinición de la palabra ‘criminal’ para incluir a todas las personas que no son ciudadanas, e incluso a algunas que sí lo son”, dijo Kuck.

Muchas de las familias que llamaron al grupo de Harrison dijeron que sus familiares detenidos eran los únicos proveedores del hogar, y que estaban desesperados por cosas básicas como fórmula para bebés y alimentos.

El impacto financiero de la redada en el sitio de construcción de una fábrica de baterías, que será operada por HL-GA Battery Co., se vio agravado por el hecho de que otro gran empleador del área —International Paper Co.— cerrará a fin de mes y despedirá a otros 800 trabajadores, comentó Harrison.

Growth Initiative no verifica el estatus migratorio, dijo Harrison, pero casi todas las familias que se han comunicado con ella le han dicho que sus seres queridos detenidos tenían autorización legal para trabajar en Estados Unidos, y que muchas de ellas no saben por qué su familiar fue detenido en primer lugar.

“Las peores llamadas telefónicas son aquellas en las que se oye a los niños llorar y gritar, ‘¿Dónde está mi mamá?’”, dijo Harrison.

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Riddle es miembro del cuerpo de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative.

Report for America es un programa nacional de servicio sin fines de lucro que coloca periodistas en redacciones locales para informar sobre temas poco cubiertos. Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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