Gobierno de Trump amenaza con retener fondos de ayuda alimentaria a estados que no entreguen datos
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LA NACION
WASHINGTON (AP) — La administración del presidente Donald Trump advirtió el martes que retendrá fondos del programa de ayuda alimentaria a la mayoría de los estados controlados por demócratas a partir de la próxima semana, a menos que esos estados proporcionen información sobre las personas que reciben la asistencia.
La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, declaró en una reunión del gabinete el martes que la acción se avecina porque esos estados se niegan a proporcionar datos que el departamento solicitó, como los nombres y el estatus migratorio de los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés).
Manifestó que la cooperación es necesaria para erradicar fraude. Los estados demócratas han demandado para bloquear el requisito, argumentando que verifican la elegibilidad de los beneficiarios de SNAP y que nunca comparten grandes cantidades de datos sensibles del programa con el gobierno federal.
Los estados y el gobierno federal comparten el costo de administrar SNAP, siendo el gobierno federal el que paga el costo total de los beneficios. Después de las declaraciones de Rollins, un portavoz del Departamento explicó más tarde que la agencia está apuntando a los fondos administrativos, no a los beneficios que las personas reciben.
Veintidós estados y el Distrito de Columbia demandaron previamente por la solicitud de información, que se hizo inicialmente en febrero. Un juez federal con sede en San Francisco ha prohibido a la administración, al menos por ahora, recopilar la información de esos estados.
La semana pasada, el gobierno federal envió una carta a los estados instando al cumplimiento, pero todas las partes acordaron dar a los estados hasta el 8 de diciembre para responder.
"Hemos enviado a los estados demócratas otra solicitud de datos, y si no cumplen, se les proporcionará una advertencia formal de que el Departamento de Agricultura retirará sus fondos administrativos", indicó el Departamento en un comunicado el martes.
La ley federal permite al Departamento de Agricultura retener parte del dinero que los estados reciben para administrar SNAP si hay un patrón de incumplimiento con ciertas regulaciones federales.
Pero "nunca hay autoridad para retener los beneficios de SNAP y, en este caso, tampoco hay autoridad para retener los fondos administrativos", explicó David Super, profesor de derecho en la Universidad de Georgetown que ha estudiado el programa de ayuda alimentaria durante varias décadas.
Aproximadamente 42 millones de estadounidenses de bajos ingresos, o uno de cada ocho, dependen de SNAP para ayudar a comprar alimentos. El beneficio mensual promedio es de aproximadamente US$190 por persona, o un poco más de US$6 al día.
Rollins ha citado información proporcionada por estados que han cumplido, diciendo que muestra que 186.000 personas fallecidas están recibiendo beneficios de SNAP y que 500.000 están recibiendo beneficios más de una vez.
"Pedimos a todos los estados por primera vez que entreguen sus datos al gobierno federal para permitir que el Departamento de Agricultura colabore con ellos para erradicar este fraude, para asegurarnos de que aquellos que realmente necesitan cupones de alimentos los estén recibiendo", señaló Rollins, "pero también para garantizar que el contribuyente estadounidense esté protegido".
Su oficina no ha publicado datos detallados, incluidos los beneficios obtenidos por error o fraude que se están utilizando.
El Departamento de Agricultura sostuvo el martes por la noche que 28 estados y Guam han cumplido con la solicitud de información. Esa lista consiste principalmente en estados con gobernadores republicanos, aunque Carolina del Norte, que tiene un gobernador demócrata, también ha cumplido.
Veintidós estados han demandado para bloquear la solicitud.
Los expertos dicen que, si bien ciertamente hay fraude en un programa de US$100.000 millones de dólares al año, los problemas mucho más grandes son los esfuerzos del crimen organizado para robar las tarjetas de beneficios o obtenerlas a nombre de personas inventadas, no las malas acciones de los beneficiarios.
La representante Jahana Hayes, una demócrata de Connecticut que es copatrocinadora de una legislación para deshacer los cambios recientes en SNAP, aseguró que Rollins está tratando de hacer cambios sin transparencia, o sin un papel para el Congreso, y que está tergiversando el programa.
"Las personas que solo están tratando de comprar alimentos, no son las que están manipulando el sistema de la manera en que la administración está tratando de retratar", aseveró Hayes en una entrevista el martes antes de que Rollins anunciara su intención.
El impacto de que los estados pierdan fondos administrativos para SNAP no está claro. Pero algunos defensores han advertido que otras políticas que trasladarían más costos administrativos a los estados podrían ser tan costosas que algunos podrían abandonar SNAP por completo en lugar de absorber los costos adicionales. Los estados no pueden utilizar el dinero destinado a beneficios para cubrir costos administrativos.
El programa normalmente no está en el centro de atención política, pero lo ha estado este año.
Como parte del gran proyecto de ley de impuestos y políticas de Trump a principios de año, los requisitos de trabajo se están expandiendo para incluir a personas entre 55 y 64 años, personas sin hogar y otros.
Y en medio del reciente cierre del gobierno federal, la administración planeó no financiar los beneficios para noviembre. Hubo un ida y vuelta en los tribunales sobre si podían hacerlo, pero luego el gobierno reabrió y los beneficios se reanudaron antes de la palabra final.
Mientras tanto, algunos estados se apresuraron a financiar beneficios por su cuenta y la mayoría aumentó o aceleró el dinero para los bancos de alimentos.
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Mulvihill reportó desde Haddonfield, Nueva Jersey. Contribuyeron a esta nota los corresponsales Sophie Austin en Sacramento, California; John Hanna en Topeka, Kansas; Michael Hill en Albany, Nueva York; Steve Karnowski en Minneapolis; David A. Lieb en Jefferson City, Missouri y Gary D. Robertson en Raleigh, Carolina del Norte.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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