HRW denuncia que el Congreso de Perú debilita la lucha contra el crimen organizado
La organización internacional Human Rights Watch (HRW) denunció el martes que las autoridades de Per
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LA NACION
La organización internacional Human Rights Watch (HRW) denunció el martes que las autoridades de Perú han debilitado las investigaciones sobre el crimen organizado y la protección ambiental con una serie de acciones y leyes promulgadas desde 2023.
La violencia en Perú se ha disparado con el auge de la extorsión, el sicariato y la minería ilegal, una situación que llevó al gobierno en el último año a declarar estado de emergencia y sacar a los militares a las calles en varias zonas del país.
"El Congreso y el gobierno de (la presidenta Dina) Boluarte deben revertir el rumbo urgentemente y tomar medidas efectivas para proteger los derechos de todos los peruanos", dijo Juanita Goebertus, directora de HRW para las Américas, al presentar el informe "Congreso en Complicidad: cómo la legislatura de Perú permite el progreso del crimen organizado".
El Congreso de Perú, con más de la mitad de sus 130 legisladores investigados por corrupción u otros delitos, ha tomado medidas para socavar la independencia y la capacidad de los tribunales y los fiscales, señaló HRW en su documento de 43 páginas.
La organización llegó a esa conclusión tras revisar 34 leyes y decisiones legislativas aprobadas por el Congreso, así como 54 decretos presidenciales emitidos desde 2023.
Leyes promulgadas por el Congreso "han limitado drásticamente la capacidad de los fiscales para obtener pruebas y pistas de investigación de acusados dispuestos a cooperar" con la justicia, resalta HRW.
Esta decisión "supone un duro golpe para los esfuerzos por desmantelar grupos criminales y detectar vínculos con funcionarios corruptos".
La organización cita como ejemplo una ley que "ha modificado la definición de crimen organizado en el código penal para excluir muchos delitos de corrupción", cuyo efecto -agrega- es obstaculizar las investigaciones.
"Una política de seguridad eficaz y respetuosa de los derechos para el Perú requiere fortalecer, no debilitar, las herramientas que los peritos forenses, los fiscales y los jueces necesitan para buscar justicia para las víctimas del crimen organizado", afirmó Goebertus.
El Congreso es controlado por una mayoría conservadora afín a Boluarte. La presidenta carece de bancada y su estabilidad depende del apoyo del parlamento.
El informe añade que el número anual de homicidios aumentó casi un 137% entre 2018 y 2024, según datos policiales.
Las autoridades atribuyen a sicarios más de la mitad de los homicidios perpetrados en 2024 en un contexto de extorsiones.
Respecto al medio ambiente HRW criticó la aprobación de leyes que favorecen la deforestación y la minería ilegal.
La organización recordó que casi la mitad de los ataques contra defensores ambientales y líderes indígenas entre 2020 y 2023 estuvieron relacionados con la minería ilegal, según la Defensoría del Pueblo de Perú.
ljc/vel/nn
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