México objeta decisión de Perú de romper relaciones y dice que está fuera de proporción

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum objetó el martes la decisión de Perú de romper relaciones con México luego de que su gobierno otorgó un asilo diplomático a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez, acusada de rebelión, y consideró la medida “fuera de toda proporción”.

Ante la escalada de las tensiones diplomáticas entre los dos países, Sheinbaum defendió la postura de México sobre el proceso que llevó al arresto y destitución del expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022).

Dijo que “fue totalmente injusta” la detención y correspondió a un “tema político” y una visión de “mucha discriminación de parte de lo que era la clase política de Perú”.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que pese a la decisión de Lima su gobierno mantendrá las relaciones comerciales y consulares con el país andino.

La cancillería peruana anunció el lunes la ruptura de relaciones tras ser informada de que Chávez fue asilada en la embajada de México en Lima, decisión que fue considerada como un “acto inamistoso que se suma a la serie de acciones de injerencia inaceptables” del gobierno de Sheinbaum.

Asimismo, se ordenó a la encargada de la embajada de México en Perú, Karla Ornela, abandonar el país en un “plazo perentorio”.

El gobierno mexicano expresó en un comunicado que el asilo diplomático que concedió a la ex primera ministra peruana fue un “acto legítimo” que realizó en “pleno apego al derecho internacional” y a la Constitución y leyes mexicanas y descartó que represente una intervención en los asuntos internos de Perú.

Así lo ratificó Pablo Monroy, director general para América del Sur y exembajador mexicano en Lima, quien afirmó el martes que la acusación contra Chávez “no se ajusta necesariamente a lo que pasó” y planteó que el proceso contra la exfuncionaria está “lleno de irregularidades”.

En los últimos años las relaciones entre México y Perú se resquebrajaron de manera acelerada luego de que el expresidente Andrés López Obrador (2018-2024) apoyó a Castillo y anunció en mayo de 2023 que no quería tener vínculos comerciales ni económicos con Lima mientras permaneciera en el poder Dina Boluarte, quien fue destituida el mes pasado como mandataria por “incapacidad moral”.

Por su parte, Boluarte expulsó en diciembre de 2022 a Monroy por los comentarios de López Obrador a favor de Castillo y dos meses después anunció el retiro del embajador peruano en México.

La Fiscalía peruana acusa a Chávez, quien ejerció como primera ministra del gobierno de Castillo, de ser coautora del delito de rebelión contra los poderes del Estado a raíz de su participación en los hechos del 7 de diciembre de 2022, cuando el entonces presidente dispuso la disolución del Congreso y el cierre temporal de las instituciones constitucionales, lo que finalmente terminó detonando su destitución.

La Fiscalía solicita para la exfuncionaria una pena de hasta 25 años de prisión.

Chávez está en libertad con restricciones tras un fallo del Tribunal Constitucional de Perú que declaró nula la prolongación de su prisión preventiva, que estaba fuera de plazo.

Sin embargo, el proceso por rebelión continúa en curso.

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