Presupuesto 2026: no habrá refuerzos en jubilaciones, crece la presión tributaria y subirían las tarifas de luz y gas
Se prevé una mayor recaudación del impuesto a los combustibles, Ganancias y retenciones; se mantienen las exenciones y los regímenes especiales; habrá más fondos para las provincias aunque sin alcanzar el nivel de 2023
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LA NACIONLaura Serra
El proyecto de presupuesto 2026 que presentó Javier Milei al Congreso revela que la motosierra del ajuste se mantendrá firme, aunque modera su rigor con una leve suba del gasto −del orden del 5,9% real− respecto de este año. Este alivio, sin embargo, no compensa el ajuste draconiano del primer año y medio de gestión libertaria ni llega a todos los rubros.
Por caso, no se prevén refuerzos para las jubilaciones, persistirían los recortes en algunos programas sociales y subirían las tarifas eléctricas y de gas, aunque se aflojaría el torniquete sobre los fondos a las provincias y las obras públicas, sobre todo las de vialidad.
La iniciativa comenzará a discutirse este miércoles en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. El gran interrogante es qué vocación de diálogo exhibirá en esta oportunidad el oficialismo luego de que el año pasado clausurara intempestivamente el debate y prorrogara por segunda vez consecutiva el presupuesto 2023. La oposición y los gobernadores, envalentonados por sus últimos triunfos en el Congreso, ya advirtieron que no tolerarán una tercera prórroga y se aprestan a reclamar varias modificaciones al texto.
El presupuesto 2026 presenta varias novedades. En primer lugar, el Gobierno no tiene previsto reforzar las jubilaciones, que constituye el gasto más voluminoso del presupuesto. En efecto, el texto mantiene sin cambios la actualización de los haberes por la fórmula de movilidad jubilatoria y no se prevén aumentos en el bono de $70.000 que perciben los jubilados del haber mínimo. Este monto se mantiene congelado desde marzo de 2024, lo que licúa el poder de compra de casi 3 millones de jubilados.
Las cifras del proyecto así lo revelan: para el año próximo se contempla un aumento del 5,4% real para el pago de todas las jubilaciones –producto de la fórmula de movilidad−, pero también una caída en la partida destinada al pago de los bonos: los $3 billones actuales caerán a $2,9 billones, lo que implica un derrumbe del 13,5% real según la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP).
Por otra parte, la iniciativa propone derogar la movilidad de las asignaciones familiares. Se trata de las asignaciones que otorga la Anses por hijo, por hijo con discapacidad, por ayuda escolar anual, por nacimiento, adopción, matrimonio, la AUH, la asignación por embarazo para protección social y por cuidado de la salud integral que perciben trabajadores registrados y no registrados. Hoy estos ingresos se actualizan de manera automática por inflación; si este proyecto es ley, los eventuales aumentos quedarán a discreción del Poder Ejecutivo.
Tarifas
Otro dato revelador del proyecto es que el año próximo podrían subir fuertemente las tarifas de energía porque se profundizarían los recortes a los subsidios al sector. Para el año próximo se asignaron casi $4 billones por este concepto, lo que implica una caída del 12,4% real respecto de este año y del 68,5% respecto 2023, estimó ASAP.
Mientras se prevé recortar los subsidios a las tarifas eléctricas que pagan los usuarios, el Gobierno propone, en paralelo, beneficiar con un esquema de compensación a las empresas distribuidoras del sector −entre ellas Edenor y Edesur, además de las provinciales y municipales− por los ingresos que no percibieron por los congelamientos tarifarios y las leyes de emergencia del kirchnerismo. Se trataría de una cifra millonaria que las empresas, según el artículo 74, podrán utilizar para cancelar sus deudas con Cammesa.
Las noticias tampoco son buenas para los tres millones de hogares que se benefician con una reducción en sus tarifas de gas por vivir en zonas frías de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. El proyecto del Gobierno propone, en su artículo 72, eliminar la ampliación del régimen de zonas frías que se aprobó en 2021 y que se vuelva al régimen original de 2002, que restringía el subsidio a la región patagónica, la Puna y el departamento Malargüe de Mendoza.
El sector del Transporte, por contraste, esquivaría el ajuste. Los subsidios destinados al transporte automotor −claves para el funcionamiento de los colectivos en el AMBA y en el interior del país− tendrán un aumento del 0,5% real luego de los recortes drásticos que se aplicaron en 2024 y 2025. Lo mismo ocurriría con los trenes: se prevé una suba en subsidios del 2% real, señala ASAP.
Impuestos
En materia impositiva, el dato saliente es que el proyecto no arroja novedades ni anticipo alguno acerca de una reforma tributaria. Es más, el proyecto establece que se prevé un alza de la presión tributaria de 21,30 a 21,77 puntos del PBI. “Este cambio responde principalmente a la evolución de algunas variables en el contexto macroeconómico, que contribuyen al alza de los recursos estimados”, fundamentó el Gobierno.
El único impuesto que, se estima, generará menores ingresos el año próximo en comparación con el actual es el de Bienes Personales; la recaudación caería un 24% en términos reales respecto de este año ($-90.749 millones), según ASAP. Esto responde a una política del Gobierno, plasmada en la ley 27.743, de reducir paulatinamente las alícuotas de este tributo que grava a los patrimonios.
Por contraste, se prevé una fuerte recaudación en el impuesto a los combustibles, que alcanzaría casi $3 billones (+50,6% real) −lo que impactaría en el precio de estos insumos− y del impuesto a las ganancias, que pasaría a recaudar $16,5 billones (+9% real). También se prevén subas en la recaudación de los derechos de exportación (que incluye las retenciones agropecuarias) y de importación.
En tanto, el presupuesto 2026 mantiene prácticamente incólume los gastos tributarios, por lo que se perderá de recaudar $35,2 billones (3,42% del PBI) por beneficios fiscales y exenciones tributarias varias. Esto incluye desde la exención del pago de ganancias al Poder Judicial y el régimen de promoción de Tierra del Fuego, hasta exenciones del IVA a prestaciones médicas y servicios educativos. Ningún gobierno hasta ahora se dedicó a revisar este capítulo del presupuesto, siempre polémico en cada debate.
Provincias y obras públicas
Después de casi dos años de aplicar un ajuste feroz sobre las transferencias a las provincias, el Gobierno −forzado por la presión de los gobernadores− decidió aminorar el rigor de la motosierra.
Las transferencias automáticas (esto es, los giros por coparticipación) presentarían un alza real del 6,5% real respecto a este año, señala la consultora Politikon Chaco. En cambio, las transferencias no automáticas –que han sido las más afectadas por los recortes libertarios− si bien crecerían un porcentaje similar, presentarían un comportamiento desigual: las corrientes (que se destinan a salud, educación, entre otros rubros) se incrementarían en 9,2% pero las de capital (obras públicas) caerían en 34,7%.
En todos los casos, advierte la consultora, los giros a las provincias, aunque se recuperaron este año, están muy por debajo del nivel de 2023.
Dentro de las transferencias no automáticas vale resaltar la suba de la partida de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), uno de los focos de conflicto entre la Casa Rosada y los gobernadores: para 2026 se prevé un crédito de $569.426 millones (+147% real respecto al crédito vigente). Pero no todas son buenas noticias: el presupuesto prevé un recorte drástico en los giros a las provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias (-57,9% respecto del crédito vigente).
En materia de obras públicas, uno de los rubros más castigados por el ajuste libertario, el presupuesto prevé que para 2026 ascienda a $3,29 billones, lo que implica un aumento del 32% real respecto de la ejecución proyectada para este año; empero, el nivel sigue siendo muy por debajo de 2023 (-74,7%), advierte ASAP.
En este rubro se destaca una fuerte suba para la Dirección Nacional de Vialidad –lo que evidencia un giro del Gobierno a partir de las críticas por el estado crítico de las rutas tras dos años de desinversión−, pero seguirá fuerte el ajuste en las partidas para vivienda y urbanismo (-6,9% real respecto de este año) y Agua Potable y Alcantarillado (-0,9%).
Por último, en materia de servicios sociales, el presupuesto 2026 prevé un aumento interanual de 6,4% en términos reales respecto a este año, destaca la consultora ACIJ. Empero, advierte que este incremento resulta insuficiente para compensar las fuertes caídas experimentadas en los dos años anteriores.
Dentro de esta finalidad cabe destacar algunos rubros, como Salud y Seguridad Social, que lograría recuperar el terreno perdido luego de 2023 o incluso aumentan en términos reales. “En el resto de los casos, como en Educación, se observan aumentos interanuales en 2026 que no compensan las caídas en el trienio”, advierte ACIJ.
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