Trump suspende sistema de asilo, lo que deja a inmigrantes frente a un futuro incierto
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LA NACION
Llegan a la frontera de Estados Unidos desde todas partes del mundo: Eritrea, Guatemala, Pakistán, Afganistán, Ghana, Uzbekistán y muchos otros países.
Vienen en busca de asilo; insisten en que enfrentan persecución por su religión, su sexualidad o por apoyar a los políticos equivocados.
Durante generaciones, se les dio la oportunidad de presentar su caso ante las autoridades estadounidenses.
Pero ya no.
“No nos ofrecieron un agente de ICE con quien hablar. No nos dieron una entrevista. Nadie me preguntó qué pasó”, dijo un trabajador electoral ruso quien solicitó asilo en Estados Unidos después que lo sorprendieran en posesión de grabaciones de video que filmó sobre fraude electoral en su país. El 26 de febrero fue deportado a Costa Rica con su esposa y su hijo pequeño.
El 20 de enero, justo después de asumir el cargo para su segundo mandato, el presidente Donald Trump suspendió el sistema de asilo como parte de su extensa ofensiva contra la inmigración ilegal, y emitió una serie de órdenes ejecutivas diseñadas para detener lo que llamó la “invasión” a Estados Unidos.
Lo que los solicitantes de asilo encuentran ahora, según abogados, activistas e inmigrantes, es una situación turbia y en constante cambio, con pocas reglas claras, en la que las personas pueden ser deportadas a países de los que no saben nada tras breves conversaciones con agentes de inmigración, mientras que otras languidecen bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
Los abogados que trabajan frecuentemente con solicitantes de asilo en la frontera refieren que sus teléfonos han quedado en silencio desde que Trump asumió el cargo. Sospechan que muchos de los que cruzan la frontera son expulsados inmediatamente sin posibilidad de solicitar asilo o son detenidos a la espera de ser filtrados bajo la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la ONU, para la que es más difícil calificar que para el asilo.
“No creo que nadie tenga del todo claro qué sucede cuando las personas se presentan y solicitan asilo”, indicó Bella Mosselmans, directora del Global Strategic Litigation Council (Consejo Global de Litigios Estratégicos), una organización que defiende los derechos de comunidades desplazadas mediante demandas y acciones estratégicas.
Una maraña de demandas, apelaciones y contrademandas ha llenado los tribunales a medida que el gobierno de Trump se enfrenta a activistas que argumentan que las extensas restricciones ponen en peligro ilegalmente a quienes huyen de la persecución.
En una batalla legal clave, se espera que un juez federal falle si los tribunales pueden revisar el uso que el gobierno hace de sus afirmaciones de invasión para justificar la suspensión del asilo. No hay fecha fijada para ese fallo.
El gobierno señala que su declaración de invasión no está sujeta a supervisión judicial, y en un punto la calificó de “una cuestión política no revisable”.
Pero los grupos de derechos humanos que luchan contra la proclamación de asilo, encabezados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), una organización sin fines de lucro que otorga asistencia legal cuando los derechos humanos están en peligro, la calificaron de “tanto ilegal como sin precedentes” en la demanda presentada ante un tribunal federal de Washington, D.C.
Los cruces fronterizos no autorizados, que se dispararon durante los primeros años del gobierno del presidente Joe Biden y alcanzaron casi 10,000 arrestos diarios a finales de 2024, disminuyeron significativamente durante su último año de mandato —y se desplomaron aún más tras el regreso de Trump a la Casa Blanca.
No obstante, más de 200 personas todavía son arrestadas a diario por cruzar la frontera sur de Estados Unidos sin autorización legal.
Algunas de esas personas solicitan asilo, aunque no está claro si alguien sabe con certeza cuántas.
Paulina Reyes-Perrariz, abogada gerente de la oficina de San Diego del Immigrant Defenders Law Center (Centro Legal para la Defensa de los Inmigrantes), dijo que su oficina recibía en ocasiones entre 10 y 15 llamadas diarias sobre asilo después de que Biden implementara restricciones sobre el asilo en 2024.
Esa cifra se ha reducido a casi ninguna, con solo pocas llamadas en total desde el 20 de enero.
Además, agregó, los abogados no están seguros de cómo gestionar los casos de asilo.
“Es realmente difícil consultar y asesorar a las personas cuando no sabemos cuál es el proceso”, subrayó.
Nada de esto era lo que esperaba el hombre ruso, quien pidió no ser identificado por temor a ser perseguido si regresa a Rusia.
“Nos sentimos traicionados”, comentó el hombre de 36 años a The Associated Press. “Hicimos todo bien”.
La familia siguió las reglas escrupulosamente. Viajaron a México en mayo de 2024, encontraron un lugar barato para alquilar cerca de la frontera con California y esperaron casi nueve meses para tener la oportunidad de programar una entrevista de asilo.
El 14 de enero, les dijeron que su entrevista sería el 2 de febrero. El 20 de enero, la entrevista fue cancelada.
Momentos después que Trump asumiera el cargo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) anunció que había depurado el sistema utilizado para programar entrevistas de asilo y cancelado decenas de miles de citas existentes.
No había manera de apelar.
La familia rusa acudió a un cruce fronterizo de San Diego para solicitar asilo, donde fue detenida, reportó.
Unas cuantas semanas después, se encontraba entre los inmigrantes que fueron esposados, encadenados y trasladados en avión a Costa Rica. Sólo a los niños los llevaron sin cadenas.
El gobierno de Trump ha intentado acelerar las deportaciones y ha convertido a países como Costa Rica y Panamá en “puentes” que detienen temporalmente a los deportados mientras esperan su regreso a sus países de origen o a terceros países.
A principios de este año, unos 200 migrantes fueron deportados de Estados Unidos a Costa Rica y aproximadamente 300 fueron enviados a Panamá.
Para quienes apoyan controles migratorios más estrictos, el sistema de asilo siempre ha estado plagado de solicitudes exageradas de personas que no enfrentan peligros reales. En los últimos años, entre un tercio y la mitad de las solicitudes de asilo fueron aprobadas por los jueces.
Incluso algunos políticos que se consideran proinmigración dicen que el sistema sufre demasiados abusos.
“Personas de todo el mundo han aprendido que pueden solicitar asilo y permanecer en Estados Unidos indefinidamente para tramitar sus solicitudes”, escribió el año pasado en el periódico The Wall Street Journal el congresista estadounidense retirado Barney Frank —una figura demócrata de larga trayectoria y firme compromiso en el Congreso— al defender el endurecimiento de las políticas de asilo por parte de Biden en medio de una oleada de inmigración ilegal.
Muchos de los inmigrantes con los que llegaron han abandonado las instalaciones costarricenses donde fueron detenidos inicialmente, pero la familia rusa permanece allí. El hombre no se imagina regresar a Rusia y no tiene a dónde más ir.
Él y su esposa pasan los días enseñando ruso y un poco de inglés a su hijo. Él organiza partidos de voleibol para mantener ocupada a la gente.
No está enojado con Estados Unidos. Entiende que el gobierno quiera tomar medidas enérgicas contra la inmigración ilegal. Pero, añade, él enfrenta un peligro real. Cumplió con las reglas y no entiende por qué no tuvo la oportunidad de defender su caso.
Lucha contra la desesperación casi constantemente, porque sabe que lo que hizo en Rusia trajo a su familia a este lugar.
“Les fallé”, dijo. “Pienso eso cada día: les fallé”.
LA NACION
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