Venezuela acusa a fiscalía de la CPI de "desentenderse" tras cierre de oficina en Caracas

Venezuela acusó el lunes a la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de "desentenderse" de sus responsabilidades, luego de que el tribunal anunciara el cierre de su oficina en Caracas por falta de un "progreso real" en el trabajo con el gobierno.

La CPI investiga a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en las protestas de 2017, y en 2024 abrió una oficina para trabajar junto a las autoridades venezolanas.

El fiscal adjunto de la CPI, Mame Mandiaye Niang, aseguró más temprano que decidieron cerrar la oficina por una falta de "progreso real" en la "complementariedad" con el gobierno de Venezuela, aunque aclaró que la investigación continúa.

"La Fiscalía de la CPI no mostró el más mínimo compromiso ni espíritu de cooperación (...) la Fiscalía nunca designó personal para ocupar dichos espacios", respondió el gobierno venezolano en un comunicado.

"Tampoco formuló sus aportes y recomendaciones a las diversas iniciativas de Venezuela, desentendiéndose irresponsablemente de las responsabilidades previamente asumidas. Su agenda en el país fue muy clara: desentenderse y no hacer nada para luego instrumentalizar la justicia con fines políticos", añadió.

En 2018 Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Canadá presentaron una denuncia ante la CPI contra Venezuela por la presunta violación de derechos humanos.

En noviembre de 2021, la fiscalía abrió una investigación formal y firmó un acuerdo con el presidente Nicolás Maduro en el que Venezuela se comprometía a garantizar que el tribunal pudiera trabajar adecuadamente en el país.

La CPI, creada en 2002, es la única corte independiente del mundo establecida para investigar los crímenes más graves, como los genocidios, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad.

Se trata de un tribunal de última instancia, que sólo interviene si los países no quieren o no pueden investigar por sí mismos.

ba/pgf/atm

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