Nuevas designaciones en Cultura, antes de una sesión clave en el Senado

El Gobierno avanzó con designaciones en la Secretaría de Cultura, pese al rechazo parcial del decreto 345 en la Cámara de Diputados, que impulsaba cambios en organismos culturales. Hoy, en el Boletín Oficial se publicaron resoluciones con las designaciones “con carácter transitorio” del director del Instituto de Investigaciones Históricas, flamante organismo que agrupa a los institutos de investigación histórica disueltos por el Gobierno, y del director del también flamante Museo María Eva Duarte de Perón (“Museo Evita”), que reemplaza al Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón (que el Gobierno no pudo disolver porque este había sido ratificado por ley en 2010).

Al frente del Instituto de Investigaciones Históricas, asumirá el doctor Luis Tozzo, que no es historiador sino abogado egresado de la Universidad del Salvador, y que hasta ahora se desempeñaba como director de Asistencia Normativa de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, a cargo de Liliana Barela. Entre sus competencias, informaron desde la Secretaría de Cultura, “se encontraba asistir a la Subsecretaría en el análisis normativo en relación a [con] los Museos, Institutos de Investigación y procesos vinculados al patrimonio cultural, la incorporación de nuevos bienes, sus competencias, alcance y aplicación, en lo referente a las concesiones y a la relación con las organizaciones no gubernamentales que apoyan la gestión de los museos e institutos”. Tozzo, de 65 años, fue director del área de Asociaciones Civiles y Fundaciones de la Inspección General de Justicia. La sede del Instituto de Investigaciones Históricas estará en Montevideo 641, donde antes funcionaban los institutos Yrigoyeneano y Juan Manuel de Rosas.

El director del Museo Evita (Lafinur 2988) será el arquitecto Juan Martín Repetto, de 77 años, con un gran recorrido por la administración pública: fue director nacional de Patrimonio y Museos (de 2002 a 2003), expresidente de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos (de 2007 a 2013), subsecretario de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires (de 2007 a 2012) y miembro fundador y vicepresidente del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón entre 1998 y 2015.

En otra resolución publicada hoy en el Boletín Oficial, que también lleva la firma del secretario de Cultura Leonardo Cifelli, se designaron a los diez integrantes del Consejo Asesor de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, a cargo del arquitecto Fernando Ferreyra, tras el desplazamiento de la licenciada Mónica Capano (que tenía mandato hasta 2028).

Como pasaba hasta ahora, los asesores desempeñarán sus funciones ad honorem. Fueron designados los arquitectos Jorge Mallo, Graciela Cáceres, María Patricia Mariño, Fernando Martínez Nespral, Rafael Montes de Oca, Martín Orduna y Juan Vacas (el único que “sobrevivió” a los cambios en la Comisión y ahora oficiaría como coordinador), y los historiadores Horacio Savoia, que luchó para evitar que el monumento a Cristóbal Colón fuera removido de su lugar original, María Cristina Vera de Flachs y María del Carmen Magaz. Trascendió que Barela y Ferreyra habrían rechazado la continuidad como asesor del arquitecto Alberto Petrina, un “histórico” de la Comisión que fue director nacional de Patrimonio y Museos de la Secretaría de Cultura.

Desde Cultura informaron que tanto los nombres de Tozzo y Repetto, como los de los diez asesores de la Comisión, fueron consensuados entre diferentes propuestas que les habían llegado a Cifelli, Barela, Ferreyra y María Paula Zingoni, a cargo de la Dirección Nacional de Museos desde que María Inés Rodríguez Aguilar pasó a dirigir el Museo Histórico Nacional, tras el desplazamiento de Gabriel Di Meglio.

Cabe señalar que si el Senado hoy rechaza el decreto 345 (como hizo la Cámara de Diputados), estos nombramientos y otros que hizo el Gobierno durante el año podrían ser judicializados. Para la oposición y los directores de los institutos históricos disueltos por decreto, perderían vigencia y pasarían a ser inconstitucionales, si bien desde el Gobierno anticiparon que continuarían con el funcionamiento actual.

Por Daniel Gigena

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