Recrudece en redes la batalla por la ley de defensa de las librerías que el Gobierno quiere eliminar

Con la intervención pública desde su cuenta de X, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, abogó este fin de semana por la derogación de la ley 25.542 de defensa de la actividad librera, sancionada en noviembre de 2001, que establece que editores e importadores deben fijar un precio uniforme de venta al público de los libros. Ese precio (conocido como PVP) debe regir en cadenas de librerías y librerías independientes, supermercados y plataformas digitales (que no siempre la cumplen).

La norma vigente solo contempla descuentos del 10% o hasta el 20% (a docentes y estudiantes) en ferias del libro, y el descuento excepcional del 50% en programas de venta a bibliotecas y librerías, como pasa con el Programa Libro % de la Conabip y Librerías Aliadas, en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y la Feria de Editores.

Ante la decisión del Gobierno, la mayoría del sector editorial y librero se manifestó en contra de la iniciativa mediante comunicados y declaraciones públicas donde se afirma que la norma rige en otros países y que, en aquellos donde se la derogó, los precios no bajaron y el mercado se concentró aún más. También señalan que se afectaría la vida cultural y que muchas librerías pequeñas, incapaces de competir con grandes cadenas y plataformas de venta digital, deberían cerrar sus puertas.

La venta de libros del sector editorial comercial en librerías representa el 80% del total, informaron desde las cámaras del sector. Una ley similar a la 25.542 rige en países como Alemania, España, Francia, España, Portugal, Bélgica, Corea del Sur y Japón, donde las librerías son consideradas espacios culturales.

En respuesta al periodista y escritor Luis Novaresio, que en su cuenta de X cuestionó “la crueldad [el Gobierno] al pretender hacer desaparecer librerías y editoriales independientes, en cada barrio de cada ciudad o pueblo es un modo sofisticado de la maldad”, Sturzenneger se preguntó si Novaresio había leído la ley [el anteproyecto].

“Me imagino que no, porque la ley que proponemos derogar solo prohíbe que se ofrezcan descuentos sobre los libros -se respondió-. [...] en Argentina existe una ley no te permite vender libros baratos, te obliga a venderlos a un precio uniforme en todo el país. Me contaba un librero amigo que en la última feria del libro quería vender las Crónicas de Narnia a 40.000 pesos, y que blandiendo esta ley lo obligaron a subirlo a 99.000 por ser el único precio admitido”. LA NACION pudo saber que el librero amigo del ministro es el editor de Hojas del Sur, Andrés Mego, que dijo a este diario que en la reciente Feria del Libro porteña quisieron multarlo por querer vender esa obra a un precio más bajo que el de sus competidores (las dos grandes cadenas de librerías Yenny y Cúspide).

Al respecto, la Fundación El Libro, organizadora de la Feria, respondió que había hecho cumplir el reglamento “para mantener la equidad entre todos los expositores”. “Cuando detectamos un expositor que no cumple con el Reglamento de la Feria o la ley vigente [en este caso, ofrecer un 25% de descuento por pago en efectivo], se debe actuar de manera objetiva -indicaron-. En casos como el mencionado, el procedimiento formal consiste en labrar un acta. Nuestra prioridad es garantizar un marco transparente y justo para todos los libreros, editores y visitantes que forman parte de la Feria”.

“Crueldad es, a nuestro entender, emitir leyes que perjudican al consumidor -filosofó Sturzenegger-. Y para quienes amamos la lectura en todas sus formas una ley que encarece los libros nos parece un pecado capital. ¿De donde surge entonces esta diferente visión de quienes queremos que la cultura se difunda y llegue a todos en total libertad? [...] Desde esa perspectiva derogar esta ley es una obviedad, por el sencillo motivo que permitirá el acceso a libros más baratos”. [...]

Tras la propuesta de Novaresio de “escuchar a la industria”, el ministro sostuvo que la única “opinión relevante” es la del consumidor. Aclaró que cada lector podría comprar libros en “el canal que prefiera” e ilustró su postura con los precios de la novela de Novaresio Todo por amor, pero no todo.

“Hoy tu libro puede conseguirse a un precio en librerías, a otro muy inferior en Kindle o incluso escucharse en Audible por el costo de una suscripción o incluso formar parte de promociones donde el precio pasa a ser 0. Mientras todo eso ocurre, tenemos una ley que le prohíbe a una librería decir: ‘Esta semana quiero vender este libro un 20% más barato’ para atraer lectores a mi espacio, para invitar a conocer la librería o lo que fuere. ¿A quién protege exactamente esa prohibición? El mayor desafío para las librerías ya no es la competencia de enfrente. Es Amazon, es Kindle, es Audible, son las plataformas digitales y los nuevos hábitos de consumo. Y frente a esa competencia, la ley actual no les da más herramientas. Les quita una potentísima: la competencia”.

El presidente Javier Milei (que llamó “coloso” al ministro), al igual que legisladores, economistas e intelectuales libertarios o simpatizantes del Gobierno, como Juliana Santillán, Alejandro Rozitchner, Lilia Lemoine, Fernando Iglesias, Diego Recalde y Marcelo Duclos, repostearon las publicaciones de Sturzenegger, que también recibió adhesiones de intelectuales y exfuncionarios del PRO. El economista y exdiputado Martín Tetaz indicó que, si se deroga la ley, los best sellers serán “más baratos”, aunque con el cierre de las librerías más pequeñas se perdería “un activo cultural”. Se estima que en la Argentina hay 1500 librerías (cerca del 40% se concentra en la ciudad de Buenos Aires).

En redes sociales, escritores como Claudia Piñeiro, Dolores Reyes, Guillermo Martínez, Eduardo Sacheri, Gonzalo Garcés, Flavia Pittella, Roberto Gargarella, Martín Caparrós, Irina Sternik, Hugo Alconada Mon, Enzo Maqueira, Bernardo Beccar Varela, Agustín De Luca y Martín Felipe Castagnet, así como también editores y libreros se expresaron en contra de la derogación con distintos argumentos. En este caso, las adhesiones llegaron desde legisladores de la oposición como Esteban Paulón, Maximiliano Ferraro y Myriam Bregman. Las cámaras y asociaciones del sector editorial y librero comunicaron que están solicitando reuniones con representantes del todo el arco político, del oficialismo a la izquierda.

“No se puede discutir cómo mejorar lo que funciona y superar lo que quedó obsoleto con alguien que reconoce que te quiere destruir. Ya pasó con el sistema científico argentino: este gobierno nunca nos recibió ni nos escuchó, y ahora con el ecosistema del libro pasa lo mismo”, posteó Castagnet.

“No se dejen engañar con eso de q el precio del libro bajaría –advirtió Piñeiro–. Te acordás de ‘la primera te la regalan, la segunda te la venden’. Bueno eso. Baja el precio, funde a los pequeños y después ponen el precio que quieren. Además vas a leer solo aquellos libros que les den ganancia”.

La escritora y editora Leticia Martin abrió otra discusión al respecto. “No digo todas, pero muchas librerías liquidan cuando se les canta el tujes, como si no hubiera inflación hace décadas, y entre que la librería informa y la distribuidora paga, se juntan 120 días mínimo. Así cagan a las editoriales. Ya que estamos hablando del tema, hablemos”, sostuvo en X, si bien aclaró que no estaba a favor de la derogación de la ley 25.542. El sistema de consignación vigente no favorece a las editoriales ni a los autores.

Mego, responsable del sello afín al Gobierno Hojas del Sur, se expresó a favor de la derogación de la ley. “Hace veinticinco años escribieron una ley para proteger a la industria del libro. Hoy parece que discutir esa ley es casi un acto de herejía”, posteó, si bien cabe aclarar que el Gobierno no quiere “discutir” la norma, sino derogarla.

“Nadie discute que una ley pudo haber tenido sentido en 2001 –admitió–. La pregunta incómoda es otra: ¿Sigue sirviendo al lector en 2026? Porque si una editorial no puede decidir libremente vender sus propios libros a un precio menor en su propio canal… si un autor no puede lanzar una promoción para que más personas lean su obra porque una ley se lo impide… entonces ya no estamos hablando de fomentar la lectura. Estamos hablando de limitar, por ley, la forma en que un libro puede llegar a sus lectores”. En otro mensaje, se preguntó: “¿Estamos organizando la industria para que existan más lectores… o estamos organizando a los lectores para sostener una determinada estructura de la industria?”.

El asesor editorial y expresidente del Fondo Nacional de las Artes, Mariano Roca, ponderó la importancia del libro en la cultura argentina en un posteo en X dedicado a Sturzenegger. “No es un dato menor el reconocimiento del libro como pilar fundamental de la educación y la cultura de nuestro país. Tal vez, si escucha a los sectores que impulsaron esta normativa, pueda contar con mejor información. Y quizás entre todos logren una ley superadora, en lugar de recurrir a su irreflexiva y perjudicial derogación", concluyó.

Por Daniel Gigena

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