Nadie asume las culpas del horror en el escándalo entre Independiente y Universidad de Chile

Al fútbol sudamericano lo ha sacudido un escándalo de proporciones. Los ecos de la barbarie que cubrió el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini la noche del miércoles siguen repiqueteando con demasiado estruendo, tanto que impide siquiera empezar a clarificar por qué sucedió lo que sucedió. Los canales de noticias de medio planeta se ocuparon de repetir durante las 24 horas siguientes las salvajes imágenes que frustraron el partido de Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile (cancelado en el minuto 2 del segundo tiempo); pero nadie por el momento es capaz de dar certezas sobre por qué no se tomaron las necesarias medidas preventivas para evitar el desastre.

Los niveles de violencia alcanzados, primero con el lanzamiento indiscriminado de objetos desde la tribuna alta que ocupaban los simpatizantes de la U hacia los del Rojo que estaban en la bandeja inferior; y después, con el desorbitado ataque de integrantes de una de las dos barras bravas del equipo local (tampoco queda del todo claro cuál de ellas fue la que actuó) sobre el último grupo de hinchas chilenos que quedaba en las gradas, tuvieron el efecto de un vendaval que azotó diversos ámbitos de la actualidad en los dos países.

El deportivo, por supuesto, pero también el policial, el judicial, el sanitario y desde ya el político. El presidente chileno Gabriel Boric publicó un mensaje de preocupación pocos minutos después de los episodios; el ministro del Interior trasandino se trasladó de urgencia a la Argentina; y las autoridades de Nación y Provincia de Buenos Aires se enzarzaron en un largo pase de facturas a sólo 19 días para las trascendentales elecciones legislativas en el distrito más grande y poblado del país.

Mientras los principales dirigentes de Independiente –el presidente Néstor Grindetti, el vicepresidente Carlos Montaña y el secretario general Daniel Seoane– viajaron rápidamente a la sede de la Conmebol, en Paraguay, para intentar que la entidad de Avellaneda salga lo más indemne posible de las sanciones que dictará el organismo, el eje del debate quedó centrado en determinar y deslindar responsabilidades en torno a la evidente ineficacia del operativo de seguridad. Por ahora, el ejercicio tiene un gran parecido con el viejo juego de El Gran Bonete: “¿Quién organizó el sistema preventivo?”. “¿Yo señor?”. “¡Sí señor!”. “¡No Señor!” “¿Entonces quién fue?”. Por ahora, las múltiples respuestas dependen del cristal con que se miren.

Temprano por la mañana del jueves, el Ministerio de Seguridad Nacional de la Nación emitió un comunicado responsabilizando de manera directa a la policía bonaerense y a la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), que depende del Ministerio de Seguridad provincial.

“Condujeron un dispositivo con fallas graves: ingreso violento de la barra visitante, destrozos, proyectiles, deficiencias en las requisas”, reza el comunicado que, además, hace hincapié en otros dos puntos. Por un lado, se asegura que se desoyó “la recomendación de Conmebol de instalar redes de contención” en el balcón de esa bandeja superior donde se instalaron los hinchas de la U (una versión no confirmada asegura que al club también se le sugirió, sin éxito, dejar vacía la Pavoni baja). Por otro, critica la orden de “no intervención” recibida por la policía.

La apertura de fuego cruzado en la política nacional no quedó sólo en eso. Desde su cuenta de X, la ministra Patricia Bullrich trató de “inútil” al gobernador Axel Kicillof, referente de la oposición al Poder Ejecutivo que encabeza Javier Milei, y acusó a la institución bonaerense de convivir “con los barras y sus negocios”.

La gobernación con sede en La Plata no emitió ningún documento oficial, pero tampoco se quedó en silencio. Javier Alonso, ministro de Seguridad, al margen de tratar a Bullrich de “mentirosa”, esquivó la dirección de las acusaciones, eludió la responsabilidad de las fuerzas de seguridad de la provincia “que solo deben garantizar el orden en el exterior del estadio”, y apuntó hacia otros dos protagonistas. Por una parte, la agencia de seguridad privada que debería cumplir esa tarea en el interior: “No había un cordón de agentes limitando la acción de los hinchas visitantes hacia las gargantas de las esquinas (las uniones entre tribunas), ni tampoco impidiendo que los hinchas ‘balconeen’ hacia la parte de abajo”, sostuvo el ministro. Independiente tiene contratada para dicha función a la empresa Up, con la cual LA NACION intentó contactar varias veces, sin recibir respuesta alguna.

Además, Alonso puso el dedo sobre la propia Conmebol: “Antes del final del primer tiempo, la policía bonaerense le dijo al oficial delegado que debía suspender el partido. Después, cuando la situación ya era complicada, pretendían que la Infantería subiera a reprimir. Era una locura, de ninguna manera íbamos a hacer eso. Hubiera sido otra Puerta 12”, sentenció.

Por la tarde, y en una conferencia de prensa conjunta con Álvaro Elizalde, ministro del Interior chileno, Bullrich coincidió en un punto con Alonso: “Las decisiones tienen que ser rápidas y concretas, no se puede estar tres horas viendo si se suspende o no el partido. La Conmebol fue parte del problema”, sostuvo. En cambio, disintió en cuando al accionar policial: “Si van 800 efectivos de las fuerzas de seguridad es para que actúen cuando se tira la primera piedra, no para que miren lo que está sucediendo”, dijo.

A su vez, la Confederación Sudamericana de Fútbol aportó su granito de arena a la confusión general, instando “a todos los clubes participantes de sus competiciones, en su calidad de responsables de la seguridad cuando actúan de locales, a implementar las máximas medidas de prevención y control”, es decir, lavándose las manos, aunque advirtiendo que “actuará con la mayor firmeza” conforme al reglamento de la Comisión Disciplinaria. Algo que, por otro lado, ya había reclamado horas antes Gianni Infantino, el titular de la FIFA.

Desde el club, entretanto, simplemente tiraron la pelota afuera. Todavía en la medianoche del miércoles, Néstor Grindetti había afirmado que Independiente “no tuvo nada que ver”, aclarando que “el operativo se determinó en un comité formado junto a Conmebol, el club visitante e Independiente” [en un comunicado difundido por la entidad varias horas más tarde se incluye también a la policía de la provincia, Aprevide y Carabineros de Chile], para asegurar que “las previsiones fueron las lógicas”.

El posterior comunicado también debió salvar el “olvido” de Grindetti, quien no dijo ni una palabra sobre el ataque de los barras del Rojo que acabó con la batalla en la tribuna Pavoni alta. “Se produjeron agresiones inaceptables por parte de grupos locales”, puede leerse de manera escueta acerca de las imágenes que han recorrido el mundo mostrando el lanzamiento al vacío de una persona [Gonzalo Alfaro, uno de los dos que permanecen internados en el Hospital Fiorito, en su caso, en terapia intensiva] y el apaleamiento de otras muchas, golpeadas y desnudadas.

El exintendente de Lanús, en todo caso, no se diferenció demasiado de lo que dijeron al otro lado de la cordillera. En un comunicado emitido a última hora de la tarde, Universidad de Chile habla exclusivamente de “la golpiza brutal e inhumana sufrida por nuestros hinchas”, y denuncia “falta de garantías” por parte de Independiente y las autoridades locales. Más temprano, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile iba en el mismo sentido y hasta se alineaba con ‘Los de Abajo’, el grupo más violento y peligroso de hinchas del club azul, que en un posteo de Facebook nada dice de las acciones provocadas por sus compañeros en el Bochini, que habrían incluido posibles ultrajes contra el personal femenino de limpieza de los baños del estadio.

Cámaras destrozadas

Las investigaciones, que quedaron a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°4 de Avellaneda, se iniciaron el jueves mismo, y por ahora se dirigen a reconstruir los hechos –con la dificultad añadida de que, según denuncia Independiente, las cámaras de seguridad de la tribuna que ocuparon los hinchas chilenos fueron el primer objetivo de sus ataques y quedaron inutilizadas– y a identificar a los agresores de la barra local que participaron en la golpiza final. Hasta ahora, solo 2 de las más de 90 personas que continuaban detenidas eran simpatizantes del Rojo.

Al margen de la guerra de declaraciones, la segunda cuestión que concitó el interés durante el día después de la batalla, fue lo que pueda ocurrir con los clubes implicados de aquí en más. Alrededor de las 14, un comunicado falso, atribuido a la Conmebol, aseguraba que ambas instituciones serían eliminadas de la presente Copa Sudamericana y se les prohibiría participar en competencias internacionales hasta 2028. La conmoción duró pocos minutos, pero sirvió para preparar el terreno para el futuro.

“Nosotros venimos a contar los hechos. Tenemos derecho a los puntos y a que Independiente no reciba ningún castigo”, afirmó Grindetti en su llegada a Asunción. Las previsiones no parecen ir en ese sentido. Las solicitudes de “castigo ejemplar” se repiten desde ángulos muy diversos, las evidentes falencias del operativo de seguridad, y los desacuerdos entre unos y otros a la hora de explicar cómo se organizó y se puso en funcionamiento, no colaboran con la postura que sostiene el Rojo.

El organismo rector del fútbol sudamericano tiene tiempo suficiente para dictar sentencia, ya que los cuartos de final están programados para el 16 y el 23 de septiembre, pero este mismo domingo, el equipo que dirige Julio Vaccari debe entrar otra vez en la cancha –si las condiciones del estadio lo permiten– para enfrentar a Platense por el torneo Clausura, y el clima que puede rodear el partido no será fácil para los dirigentes de la institución.

A la desprotección que sintieron los socios en la tribuna que recibió las mayores agresiones y la falta de respuesta rápida de los responsables del club, se suma un descontento que ya se arrastraba desde el martes pasado. Ese día se celebró la Asamblea Especial de Representantes de Socios para aprobar balance y presupuesto de la entidad, convocada en la misma fecha que Racing jugaba contra Peñarol por la Copa Libertadores. La coincidencia motivó que, por razones de seguridad, las autoridades bonaerenses obligaran a cerrar la sede y, de ese modo, el cónclave se desarrolló casi sin presencia de público y con escasa participación opositora.

Lo ocurrido 24 horas más tarde fue una gota mayor en la mirada negativa hacia la comisión directiva. De hecho, durante el tiempo de espera hasta la cancelación del partido, los hinchas cantaron varias veces insultando a sus dirigentes. Si se le añade que el Rojo marcha último en su zona y la muy posible eliminación de la Copa Sudamericana, resulta sencillo suponer otra noche de alta tensión ambiental ante el Calamar.

Como viene sucediendo en las últimas tres décadas, el otrora orgulloso Rey de Copas sigue llenando páginas que exceden el deporte e invaden la política, las secciones policiales y los juzgados. La del miércoles se tiñó de un color negro furioso y promete seguir vigente hasta tanto se sepa la sanción que recibirá el club y las conclusiones que deslinden responsabilidades. Si es que por una vez se logra descubrir quiénes fueron los grandes bonetes de un nuevo y tenebroso escándalo.

Por Rodolfo Chisleanschi

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