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Rafael Di Zeo, su hermano Fernando y Santiago Lancry, presuntos jefes de la barra brava de Boca, serán sometidos a juicio oral por el supuesto delito de integrar una asociación ilícita, según resolvió la Justicia, al tiempo de dejar sin efecto el procesamiento del presidente de Chacarita Luis Barrionuevo y del vicepresidente Armando Capriotti. Los jueces Carlos Elbert y Gustavo Bruzzone, de la Cámara del Crimen, resolvieron diversos recursos en la causa en la que se investigan los incidentes ocurridos el 31 de agosto de 2003, en la Bombonera.
Los fallos confirmaron, además, los procesamiento de una cabo de la Policía Federal, Viviana Parrado, supuesta novia de Rafael Di Zeo, y del principal de la misma fuerza Carlos Alejandro Vocos Giménez, quienes advirtieron al barrabrava que la policía lo estaba buscando. Se les reprocha que, a pesar de saber todo el tiempo dónde se escondía, nunca dieron aviso a sus superiores. Los jueces confirmaron el procesamiento de Edgardo Alifraco, ex dirigente de Boca, a quien consideraron integrante de la asociación ilícita. Se le imputa permitir el ingreso de la barra brava sin entradas y facilitar la venta de otras falsas, las cuales están marcadas previamente con una contraseña.
Las resoluciones judiciales llegan a una conclusión importante para el futuro de la investigación de la violencia en el fútbol: los camaristas analizaron la barra brava de Boca, conocida como La 12, y determinaron que, por el número de sus integrantes y su comportamiento delictivo, constituye una asociación ilícita. Señalaron que se dedican a amedrentar a propios y ajenos y a coaccionar directivos. Todo ello, al amparo del sostén de los colores del club, para conseguir dinero, entradas, ómnibus, camisetas, pelotas y la financiación de sus viajes dentro y fuera del país. Los camaristas dijeron que Rafael Di Zeo reviste carácter de líder de la asociación ilícita, tiene poder de decisión y mando, que exterioriza con ademanes y órdenes concretas para agredir a otras hinchadas rivales. Lancry y Di Zeo están en libertad y llegarán así a juicio si cumplen con las condiciones impuestas para su excarcelación.
Además, los camaristas declararon nula una resolución del entonces juez Mariano Bergés que había dispuesto la detención de 130 personas. Los que ahora quedaron procesados fueron imputados con pruebas derivadas de otras líneas de investigación.
Con respecto a Barrionuevo y a Capriotti, defendidos por el abogado Mariano Pincirolli, los jueces revocaron su procesamiento al no estar probado que perteneciera a una asociación ilícita. Declararon nula la intervención del teléfono particular de Barrionuevo, que nunca debió efectuarse sin la autorización de la Cámara de Senadores, dada su condición de legislador. No obstante, la Cámara decidió enviar a la Justicia de San Martín las actuaciones para que investigue si la barra brava de Chacarita constituye una asociación ilícita.


