Advierten sobre la situación crítica de 5000 clínicas y centros de salud
A fin de año vence una resolución que hoy impide que las instituciones sean ejecutadas por las deudas con el fisco que, en algunos casos, se acumulan ya desde hace dos décadas
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LA NACION
Las clínicas y otras instituciones prestadoras de servicios de salud se pusieron en alerta frente a la cercanía de una fecha clave. Después del 31 de diciembre próximo, concretamente, dejará de regir la resolución 617 del Ministerio de Economía, que hoy impide que se inicien juicios de ejecución fiscal o se traben medidas cautelares, por deudas originadas en obligaciones con el Estado que están impagas.
Según la información consignada en un comunicado de la cámara Adecra+Cedim, que nuclea a más de 400 clínicas, sanatorios, laboratorios y centros de diagnóstico-, unas 5000 instituciones fueron “detectadas” como deudoras por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ARCA (exAFIP), que quedaría habilitada a decidir embargos, si no media una prórroga de la citada resolución.
La cifra de 5000 centros de salud en problemas había sido informada ya a mediados de este año por la Unión Argentina de Salud (UAS), que concentra a financiadores y prestadores del sector privado de la salud.
El problema es de muy vieja data. Las clínicas tienen el paraguas protector de una normativa que evita los embargos desde hace ya dos décadas. En 2002 hubo una declaración de emergencia sanitaria, que se fue prorrogando hasta diciembre de 2023. Desde aquel momento, señalan directivos de la actividad, el sector se hizo dependiente de subsidios, por ejemplo, con este caso de estar habilitado a no pagar impuestos, sin quedar bajo la amenaza de una ejecución por parte del fisco. Y todo ello, sin que se hayan tomado medidas de fondo para solucionar la crisis.
La resolución 617 firmada en julio por el ministro de Economía, Luis Caputo, estableció una prórroga hasta el 31 de diciembre de lo previamente dispuesto a través de la resolución 17, de febrero de este año.
En aquella primera medida se había instruido a la entonces AFIP a disponer hasta el 31 de julio la suspensión del inicio de juicios por deudas contra las micro, pequeñas y medianas empresas del tramo 1 y 2; las personas humanas y sucesiones consideradas pequeños contribuyentes, y las entidades sin fines de lucro. Y en otro artículo se especifica que la medida también alcanza a los contribuyentes del sector de la salud.
Según el comunicado de Adecra, en el Registro Federal de Establecimientos de Salud (Refes) del Ministerio de Salud, hay 25.000 instituciones, de las cuales al menos 5000 “fueron detectadas por la ARCA y podrían ser embargadas” a partir de que deje de estar vigencia la resolución de Economía, a menos que haya una prórroga.
La ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes dispuso, para los contribuyentes deudores en general, una moratoria con planes de pago con condonación de multas e intereses. Sin embargo, desde el sector señalan que eso es insuficiente para un sector que lleva tantos años con problemas y con deudas por contribuciones patronales y por impuestos. . “En caso de querer acceder, las instituciones deberían abonar miles de pesos de adelante, sumado a las cuotas mensuales del plan. Stock de deuda más flujo de fondos futuros es, literalmente, imposible de afrontar en las condiciones actuales”, afirma Adecra+Cedim.
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