Bernal. Definiciones del hombre clave de Cristina Kirchner en servicios públicos

Federico Bernal asumió como interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) en marzo pasado, en el marco de la aprobación de la ley de Solidaridad, que vence a fin de año. Es bioquímico y biotecnólogo, recibido de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y trabaja en las filas del kirchnerismo desde hace años. Fue asesor de la vicepresidenta Cristina Kirchner cuando fue senadora, pero antes de eso trabajó con el exministro de Planificación, Julio De Vido.

En una entrevista con LANACION, el funcionario explica su decisión de denunciar penalmente al exministro de Energía Juan José Aranguren, anticipa que encontró "varias irregularidades" de la gestión anterior, admite que hay que darle una "asistencia financiera" a las distribuidoras de gas, como Metrogas y Naturgy (exGas Natural Ban) y señala que todavía está revisando las tarifas de gas, por lo que no tiene una recomendación final hecha para hacerle al presidente Alberto Fernández sobre ese tema.

–¿Por qué no fue a la presentación del nuevo plan de estímulo para la producción de gas del jueves pasado?

–La relación, por suerte, con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, con Juan José Carbajales, subsecretario de Hidrocarburos, y con Sergio Lanziani, secretario de Energía, es de permanente trabajo, de idas y vueltas. El documento me lo enviaron después del mediodía y lo estoy analizando. Hice algunos aportes y propuestas, siempre en lo que me compete a mí, el Enargas. No me ausenté por nada en particular, simplemente así como fue presentado me parecía que tenía que ver con quienes lo impulsaron, lo trabajaron y les correspondía. No recibí tampoco una invitación formal del ministro.

–La idea es ir a un esquema de subastas, del cual saldrá un precio, y luego el Poder Ejecutivo decidirá cuánto de ese precio se traslada a tarifas y cuánto se subsidia. ¿El Enargas toma esa decisión?

–Lo estoy viendo y lo quiero entender. Es largo y complejo, quiero hacer un estudio completo. La ley 24.076 [Regulación del transporte y distribución de gas natural] es muy clara: el pase a tarifas es una potestad del Enargas. No es que tengo que analizar el contrato entre productoras y distribuidoras, sino que tengo que analizar si los precios son pasables a las tarifas de servicios públicos o no lo son. No creo que haya ningún problema.

–¿Qué precio de gas contemplan las tarifas hoy? El año pasado había surgido un precio de US$4,5 por millón de BTU (medida inglesa que se utiliza en el sector) a un tipo de cambio de $41.

–Están más o menos a US$2,8 o US$2,9 el millón de BTU. La ley de Solidaridad 27.541 dice que las tarifas deben mantenerse en el mismo valor en que fueron recibidas. Por lo cual el precio del gas no puede variar, como ningún otro componente.

–La ley de emergencia finaliza a fin de año, ¿qué se está evaluando para 2021?

–Hablé con el Presidente y le trasmití que cuanto antes entre en vigencia de nuevo la ley 24.076, mejor, porque ya tuvimos la ley de emergencia entre 2002 y 2017. Para mí es fundamental que se vuelva a la normalidad regulatoria. Para eso, no tendría que prorrogarse la emergencia, salvo que lo decida el Poder Ejecutivo. Ahora estoy resolviendo todos los errores y caos tarifarios heredados, que no se resuelven de acá a fin de año.

–¿Cuál es el caos tarifario heredado?

–Fue el propio [Mauricio] Macri el que lo confirmó sin querer con su congelamiento de tarifas, las distintas medidas de bonificaciones al precio de gas, los diferimientos del 22% en cuotas en el invierno pasado. Hubo muchos problemas persistentes y crecientes en materia tarifaria, donde cada vez más hogares se vieron imposibilitados de pagar la tarifa.

–¿Aumentó la morosidad?

–Sí, aumentó la morosidad.

–¿Cuánto aumentó?

–Heredé un ente arrasado y muchos problemas en cuanto a sus números de los datos operativos. Y uno de esos datos tiene que ver con la morosidad. No tengo el dato preciso del aumento, pero basta ver los estados contables de las empresas donde la morosidad fue creciendo.

–Se dijo que esa empresas "ganaron fortunas". Pero si en el estado contable dice que aumentó la morosidad...

–La morosidad aumentó no al nivel de afectar las ganancias de los estados contables. Un dato muy importante tiene que ver con la expansión del servicio público de gas de red durante la gestión de Macri. Cayó 38% comparado con los cuatro años del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Es una caída histórica. No es que se desconectó un 38%, sino que el crecimiento cayó 38% a nivel nacional. Ahí sí se puede medir cómo con esa desaceleración de la expansión está en parte el incremento salvaje de las facturas.

–Cuando uno habla con distribuidoras y exfuncionarios del gobierno de Macri, dicen que los aumentos tarifarios debían compensar el congelamiento de los años anteriores. ¿Cree que es así?

–Eso es parte de la investigación que estoy llevando adelante, porque en realidad con la revisión tarifaria integral (RTI), los nuevos cuadros tarifarios que se trabajaron a finales de 2016 y principios de 2017 no tienen por qué cubrir el impacto por la pesificación o el supuesto congelamiento que hubo entre 2003 y 2015. No tienen por qué incluirlo.

–¿Cómo se tendría que haber arreglado? Con esa RTI, las empresas renunciaron a sus derechos de demandar al Estado por haber tenido las tarifas congeladas durante tanto tiempo.

–Eso fue un anuncio que hizo Aranguren en su momento. En las actas acuerdo firmadas entre 2003 y 2007 ya estaba escrito el acuerdo que se cerraron entre las distribuidoras, transportistas y el Poder Ejecutivo. Ahí mismo se hablaba de que cuando empiece a regir una nueva RTI, las empresas tenían que renunciar a sus reclamos. Pero no porque esos reclamos se incluyeran dentro de la tarifa, y no porque se les compensara con nada, sino porque se estaba normalizando todo el proceso que venía heredado del congelamiento y la pesificación de lo que fue la crisis de 2001 a 2002.

–¿Cree que las empresas hubieran renunciado a ese derecho si no se las hubiera compensado de alguna manera?

–No, pero son dos cosas que no tienen absolutamente nada que ver. ¿Qué vamos a decir? ¿Que ante eventuales juicios en el Ciadi [Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones] por montos hipotéticos que no sabemos se les da más tarifas? Se estaría convalidando mediante la tarifas que los usuarios y las usuarias del servicio público paguen un reclamo ante el Ciadi, que puede resultar favorable al Estado como a las empresas, como puede haber una negociación y llegar a un acuerdo intermedio. En todo caso, si el Estado pierde el juicio, debe hacerse cargo. Pero de ninguna manera trasladarle ese costo a los usuarios y las usuarias a través de las tarifas del servicio público.

–Usted habló con el Presidente y le dijo que era necesario volver a la ley 24.076, pero también dijo que hay un problema con esa ley, que fue diseñada durante la Convertibilidad y que en los últimos años tuvo tantos cambios. ¿Cómo se soluciona el tema de que los productores realizan sus inversiones en dólares, pero los ingresos son en pesos porque así están fijadas las tarifas?

–Hay muchas cosas para arreglar, no solo la dolarización del precio del gas o de ciertos componentes de la tarifa. La mejor manera de resolver los problemas heredados, no solamente de la gestión anterior, sino tareas pendientes que vienen desde la década del 90, es que la 24.076 tenga plena vigencia, que se cumpla con el marco regulatorio y con las reglas básicas de licencia. Entre 2016 y 2019 hubo una violación del marco regulatorio y por eso presenté la denuncia contra Aranguren y autoridades anteriores del Enargas. La emergencia caducó el 31 de diciembre de 2017 y, apelando a una transición que no existía, Aranguren dijo que iba a fijar el precio del gas cuando no podía hacerlo. Y ese precio de gas en dólares por primera vez se traslada a tarifas.

–¿La denuncia es porque se fijaron los precios o porque estaban en dólares?

–La denuncia es porque violó la ley 24.076, porque no estando la ley de emergencia económica vigente, porque caducó el 31 de diciembre de 2017, los precios entre las productoras y las distribuidoras deberían haber salido de una libre negociación entre las partes y tendría que haber sido revisado por el Enargas si debía pasar a tarifas o no. La fijación de esos precios fue con las bases y condiciones de noviembre de 2017, donde distribuidoras, productoras y transportistas firman ese documento avalado por el Ministerio de Energía, con precios en dólares, volúmenes pactados, precios unificados por cuenca. Todo lo cual sirve de base para los contratos que firman las productoras y distribuidoras a comienzo de 2018, con lo cual los precios pactados y fijados en dólares se trasladan a esos contratos y se trasladan luego a la tarifa. Eso fue violatorio de la 24.076.

–¿No se pactaron siempre los precios de gas en dólares?

–No estoy hablando de la cuestión de la dolarización como violatoria del marco regulatorio, sino de las bases y condiciones que se proponía fijar durante un plazo de dos años, con una escala de precios ascendente en dólares, que luego el Enargas trasladó a tarifas, y eso figuraba en los contratos en dólares. Eso sí es la primera vez que ocurría. Los cuadros tarifarios figuraban en dólares.

–¿La diferencia con el Plan Gas anterior o cuando se pactaba en dólares era que no regía la ley de emergencia económica?

–Claro, pero además el Plan Gas de Axel Kicillof no se metía con la demanda prioritaria, con la 24.076. Era un plan de estímulo, pero no le obligaba a las distribuidoras a comprar determinado volumen a determinado precio.

–Usted dice luego que por eso ni el Estado ni los usuarios debían hacerse cargo de la deuda que se generó entre distribuidoras y productoras, porque nace de unas bases y condiciones que considera que es ilegal.

–No solo por la denuncia, sino porque la deuda surge de las diferencias por el tipo de cambio que se fueron acumulando en los precios de gas que pagaban las distribuidoras a las productoras. Esas diferencias en el tipo de cambio se incorporaron a las diferencias diarias acumuladas (DDA) y no está escrito en ningún lado, ni en las reglas básicas ni en la 24.076, que las DDA deban incluir las diferencias por tipo de cambio. La ley no dice que puedan ser incorporadas, por lo cual ni el Estado ni los usuarios ni las usuarias deben hacer cargo del riesgo cambiario en el servicio. Las empresas deben hacerse cargo.

–Es verdad que la ley no aclara lo de las diferencias de tipo de cambio, pero no aclara nada en definitiva, tampoco cómo se actualizan por inflación. Pero la ley dice que "el precio de la venta de gas por parte de las distribuidoras a los consumidores incluirá los costos de su adquisición".

–Está bien, eso sí, pero los costos de adquisición en las reglas básicas de licencia se refieren al costo de adquisición, pero nunca se aclaró que en ese costo estuviera incluido las variaciones en el tipo de cambio.

–Pero ese costo está implícito si la distribuidora compra el gas en dólares y sus ingresos son en pesos.

–No digo que no sea un costo, sino que ese costo no dice en ningún lado que el usuario o la usuaria debe hacerse cargo, o el Estado Nacional. Cuando se produce las RTI 2016 y 2017, ya se había producido un salto devaluatorio, que fue en diciembre de 2015, después de que asuma Macri. Ibamos a un tipo de cambio flexible y ya a finales de 2016 y principios de 2017 comenzaban a notarse ciertas volatilidades financieras, ¿por qué las empresas no contemplaron en la nueva RTI que se incorpore el tipo de cambio como un costo y que además se diga qué hacemos con eso? Porque nosotros no queremos asumir el riesgo cambiario. O ver de qué forma todos se reparten ese riesgo cambiario, porque estábamos en una economía abierta, susceptible a que la golpeen y que tenga alto impacto de shocks externos. El momento para haberlo tenido en cuenta tendría que haber sido en la RTI, porque ahí se estaban renegociando los cuadros tarifarios y se podría haber renegociado las reglas básicas. No solamente no lo hicieron, sino que después vinieron las bases y condiciones que los productores se comprometieron a vender en dólares y las distribuidoras a comprarlo en dólares y firmaron eso a finales de 2017. En las bases y condiciones estaba la cláusula 6, que dice que pueden darse de baja los contratos que firmen las partes por razones externas ajenas, para sentarse y volver a renegociar las condiciones que permitan cubrirse del riesgo cambiario. No lo hicieron a principios de 2018, cuando el tipo de cambio empezaba a saltar, y no lo hicieron durante todo 2018. El Enargas, en notas de mitad de año, les comunicaba a las distribuidoras, cuando pedían el pase a tarifas por diferencia de tipo de cambio, que no aceptaba que lo pasen y que por qué no recurrían a herramientas financieras para cubrirse de las volatilidades y del riesgo cambiario. Tampoco apelaron a eso las distribuidoras y tampoco las productoras. ¿Por qué no se sacaron un seguro de cambio? Algunas sí lo hicieron. ¿Por qué no dieron de baja los contratos? Lo hubieran obligado al Estado a renegociar los contratos y que se ajusten a la situación macroeconómica. Hay una responsabilidad que uno no puede ignorar u omitir durante todo ese año.

–Eso pudo haber sido un error de la administración anterior, de no contemplar la volatilidad cambiaria, ¿pero eso implica una denuncia penal?

–No, porque la denuncia penal fue por la violación de la 24.076.

–¿Entonces ahora las distribuidoras tienen que hacerse cargo de la deuda?

–No digo que sean las distribuidoras, sino que tiene que cumplirse el marco regulatorio. No puede pasar que la solución sea algo que no está en el marco regulatorio, ni en la ley, ni en las reglas básicas de licencia.

–Las productoras dicen que tienen un derecho adquirido, que ya el Estado aceptó que estaba esa deuda y que se iba a hacer cargo. De hecho, ya se pagó una cuota de las 30. ¿Qué pasaría entonces si se vuelve para atrás?

–Prefiero no opinar al respecto, esa fue la defensa que esgrimieron las productoras. Tendrán sus razones para firmarlo. Lo que puedo decir, como máxima autoridad de la autoridad competente interpretativa del marco regulatorio, es que quiero que se cumpla con la ley. Las productoras y distribuidoras dice que tienen un problema, pero antes el problema lo tenía el Estado que tenía que hacerse cargo de los más de 300 millones de dólares. Y antes, se tenía que hacer cargo la ciudadanía, a través de 24 cuotas. El DNU encima se aprueba en noviembre de 2018, ¿cómo puede ser que las empresas acepten que la primera cuota recién se pague un año después y que las 29 cuotas restantes se paguen durante dos años y medio? ¿Tan grave era la situación que dejaron pateado hasta 2022 la resolución de 30 cuotas, de las cuales 29 quedaban para un eventual nuevo gobierno?

–Eso que dice, sumado a los atrasados en los pagos de planes de estímulo anteriores, es lo que pone en duda el nuevo plan de estímulos que se anunció. ¿Qué seguridad tienen las empresas de que el Estado les va a pagar?

–Las empresas deberían hacer un breve repaso histórico de lo que fueron los planes de estímulo. ¿Cuál fue el gobierno que pagó el plan de estímulo que dijo que iba a pagar? El Plan Gas surgió en 2012 y se fue pagando. De hecho, las empresas en la primera audiencia pública de 2016, YPF, PAE y Total reconocieron que el Plan Gas de 2012 les permitió aumentar las inversiones, sustituir importaciones y aumentar y recuperar la producción. De hecho, en 2015, terminó con una producción creciendo de gas al 3,4%. Y en 2016, la producción creció 4,9%, que se explica por un proyecto que vino heredado de la gestión anterior. El que no cumplió con su plan de estímulo fue el gobierno de Macri con la resolución 46. Lo mismo pasa con la historia de la deuda: ¿Quién se endeuda y quién termina pagando?

–A medida que se congelan las tarifas, aumentan los subsidios. ¿Cómo ve ese tema?

–Creo que de haber una política de subsidios, los primeros beneficiados deberían ser los sectores más vulnerables, más necesitados, debería haber una tarifa social que sirva, no la que se heredó de la gestión anterior. Las tarifas deberían ser justas y razonables. Se tienen que poder pagar y necesariamente debe haber un subsidio. En cuanto subsidio para las empresas tiene que haber un estímulo a la producción para salir de la crisis que atraviesa el sector, pero además tiene que haber una asistencia a las distribuidoras porque va un año y pico de congelamiento. Por eso les propusimos a las distribuidoras que nos presenten su base de costos, no actualizaciones por índices que son los que estoy revisando. Hay un dinero que se está pensando para estimular la producción, que me parece perfecto, pero también las distribuidoras tienen que recibir una asistencia financiera para este año. Si el congelamiento sigue, también debería contemplarse una asistencia para las empresas.

–¿Cómo es la situación de las distribuidoras?

–Es buena porque mejoró muchísimo la recaudación, pero estamos esperando los estados contables de mitad de año para ver cómo están. Les pedimos por nota que nos pasen detalle de los estados contables, cómo están las cajas, y en función de eso haré mi recomendación al Poder Ejecutivo.

–¿Es una opción que no aumenten las tarifas el año próximo?

–Esa es una decisión del Presidente; ver qué quiere hacer con las tarifas.

–¿Qué le aconsejaría?

–Estoy trabajando en revisar y auditar lo que se heredó. En breve tendré los primeros resultados, pero puedo adelantar que encontré muchas irregularidades, algunas muy graves, y en función de eso haré mi recomendación al Poder Ejecutivo. Los dos caminos a los que hay que ir son una renegociación de la RTI, es decir, nuevos cuadros tarifarios, o hacer una revisión extraordinaria hacia adelante, independientemente de lo que pasó, sin volver para atrás. Las tarifas tienen que ser justas y razonables para toda la cadena: productoras, transportistas, distribuidoras y usuarios y usuarias. Las mismas empresas reconocen que no se podía seguir con el esquema que se venía dando.

–Hubo rumores que lo vinculaban con asumir como secretario de Energía. ¿Se imagina en esa posición?

–Estoy donde estoy, tengo una tarea que no la terminé y cuando concluya, el 31 de diciembre de este año, estaré a disposición del Presidente para lo que necesite. Y si considera que no me necesita más, presentaré mi renuncia.