Ajuste en el INTA: el Gobierno confirmó la apertura de retiros voluntarios y la subasta de 600 vehículos
Autoridades de la Secretaría de Agricultura y el INTA anticiparon estas acciones a dirigentes de la Mesa de Enlace en la Exposición Rural de Palermo
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LA NACION Belkis Martínez
Cuando pasaron pocos días desde que se formalizó la reestructuración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), autoridades del gobierno nacional convocaron a integrantes de la Mesa de Enlace para informarles sobre los cambios que ya fueron implementados. Entre las medidas figuran la reducción del 80% de las Direcciones Nacionales, la eliminación del cargo de Jefe de Grupo, el cierre de 41 agencias de extensión rural (AERs) y la apertura del retiro voluntario el próximo 1° de agosto por 30 días. También se concretó, según pudo saber LA NACION, la baja de programas como el de Agricultura Familiar y Apicultura, la venta del histórico edificio de la calle Cerviño y la rescisión de alquileres en CABA, y el inicio del proceso de remate de 600 vehículos. Los gremios, por su parte, avanzaron con pedidos de acciones ante la Justicia.
En una discreta reunión que se realizó en la Exposición Rural de Palermo, las autoridades informaron de la eliminación de 75 plataformas y redes sin resultados, y la clausura total de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) AMBA, incluyendo 9 AERs y 29 oficinas técnicas. De la reunión participaron de parte del Gobierno el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta; el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich; el subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal, Manuel Chiappe; el jefe de Gabinete, Martín Fernández; y la primera consejera, María Beatriz “Pilu” Giraudo.
Por el agro estuvieron el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino; la presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA), Andrea Sarnari; el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, y el titular de Coninagro, Lucas Magnano.
Los funcionarios indicaron que hubo una revisión del personal con foco en la regularización de agentes en condiciones de jubilarse. Precisaron que hubo una reducción del 80% de las Direcciones Nacionales, la eliminación del cargo de Jefe de Grupo, figura intermedia en la estructura técnica. Plantearon una amplia eliminación de cargos jerárquicos, que actualmente suman 1264, es decir, un 20% del total del organismo. También habrá un nuevo plan de retiro voluntario a partir del 1° de agosto y un nuevo proceso de control de presentismo, horarios y política de viáticos.
El INTA está en proceso de achicamiento en su presencia territorial: avanzó con el cierre de 41 Agencias de Extensión Rural, el cierre total de la EEA AMBA, que incluye 9 agencias y 29 Oficinas de Información Técnica (OITs), la eliminación de todas las OlTs, ODRs y OGMs (Oficinas de vinculación con territorios), y, además, cedió tierras en Cerrillos, en Salta.
Sobre los programas y líneas de trabajo, avanzó el cierre del Programa Nacional de Apicultura, el cierre de programas de desarrollo rural, incluyendo el de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Se redefinió el enfoque hacia una nueva categoría: “Agricultura de Pequeña Escala y Producciones Regionales”, en reemplazo de Agricultura Familiar. También sobre la eliminación de 5 Institutos Provinciales (IP) vinculados a estas áreas; la eliminación de 75 plataformas y redes de trabajo que, según la evaluación oficial, “no reportaban resultados concretos”.
En tanto, con respecto de los bienes, patrimonio y logística operativa, dijeron que avanzaron con la venta del edificio histórico de Cerviño, ubicado en Palermo, el recupero, baja y remate de vehículos. Así como también proyectan la subasta de 600 vehículos, la eliminación de tarjetas YPF en Ruta, baja de 1500 líneas telefónicas, rescisión de alquileres de oficinas y cocheras en Capital Federal, formación de pooles de autos compartidos para movilidad institucional.
En tanto, sobre la investigación y desarrollo (I+D+i), dijeron que se inicia un "barrido" de demanda del sector privado para ajustar la estrategia de investigación, desarrollo e innovación, con base en modelos más interactivos y vinculados con herramientas como Cambio Rural y las Chacras Experimentales Mixtas. Además, les dijeron que el objetivo es concretar una Red Nacional de Laboratorios, para optimizar recursos y evitar superposición de funciones.
Por otra parte, en el Gobierno ratificaron una evaluación institucional y de seguimiento. Por caso, se hará un lanzamiento de una metodología de medición de impacto para evaluar proyectos y actividades, con una evaluación de resultados reales antes de continuar líneas técnicas o presupuestarias.
Según aclararon fuentes del Gobierno a LA NACION, lo que se está haciendo en el INTA “es un proceso que recién arranca”. Según mencionaron, se está trabajando para convertirlo en un “organismo de tecnología aplicada, no de estudios sociológicos ni de agricultura familiar”. Y “reducir su estructura sobredimensionada”.
Mientras tanto, la Asociación del Personal del INTA (Apinta) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), junto con la Mesa Agroalimentaria Argentina denunciaron que la reforma del organismo a través del Decreto 462/25 pone en riesgo el patrimonio institucional, miles de puestos de trabajo calificados y décadas de construcción territorial. Comenzaron a pedir al Congreso que lo derogue, para “defender al INTA como un bien público estratégico y evitar que esta intervención encubierta se extienda a otros organismos científicos del país”.
El lunes pasado, por caso, los gremios presentaron una acción de amparo ante la Justicia para frenar la aplicación del Decreto 462/2025 y las facultades delegadas en la Ley 27.742 [Ley de Bases], al considerar que "ambas normas violan principios constitucionales y atentan contra la estabilidad laboral del personal". Los sindicatos sostienen que la transformación del INTA en un organismo desconcentrado implica su “disolución de hecho”, lo que contraviene la propia ley que prohíbe expresamente su eliminación. En el escrito también solicitaron una medida cautelar para impedir despidos, traslados o cesantías, y la habilitación de la feria judicial por la gravedad y urgencia del caso.
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