La Mesa de Enlace fue convocada el lunes a un encuentro donde se abordará este tema
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El Gobierno convocó a la Mesa de Enlace a una reunión el próximo lunes para hablar del régimen de fiscalización de semillas, según pudo saber este medio. Se trata de un tema clave en el agro en medio de los reclamos de la industria semillera por un mayor reconocimiento a la propiedad intelectual. En tanto, vale recordar, en marzo pasado las entidades rurales acercaron una propuesta de proyecto de ley de semillas a las autoridades de la Secretaría de Agricultura para que sea analizada y debatida.
Según pudo saber LA NACION, participarán de la reunión, además de los representantes de las entidades ruralistas, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y funcionarios de la Secretaría de Agricultura, entre ellos su titular, Sergio Iraeta, y el presidente del Instituto Nacional de Semillas (Inase), Martín Famulari, con quienes llevan adelante una mesa de trabajo desde la última edición de Expoagro. Además participarán las autoridades de CREA, Aapresid y la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA).
En el caso de la Federación Agraria Argentina (FAA), asistirá Andrés Domínguez en representación de la entidad, ya que su presidenta, Andrea Sarnari, confirmó que no estará en el encuentro previsto para las 17. “Venimos pidiendo hace 20 años que fortalezcan el Inase y que haya más control”, afirmó Sarnari. Agregó que en ese tono irá Domínguez a la reunión, ya que en el Gobierno se habían comprometido a trabajar en una “propuesta de fortalecimiento”.
El encuentro del lunes sería, en principio, una instancia de presentación por parte del Gobierno. “Nos convocó la Secretaría de Agricultura y nos vendrían a traer una propuesta de contralor de fiscalización de semillas“, dijo. En ese sentido, adelantó que la postura inicial de la entidad será escuchar el planteo oficial sin tomar definiciones inmediatas.

“Si hay una propuesta de control de la semilla fiscalizada, en principio estamos de acuerdo con ese objetivo. Hay que ver cómo se implementa y qué es lo que están pensando. Después hablaremos y daremos respuesta de lo que nos proponen”, sostuvo.
Sarnari remarcó que desde la entidad consideran central el fortalecimiento del Inase como organismo de control, con mayor presencia territorial y capacidad de fiscalización. En particular, mencionó la necesidad de avanzar sobre el control de la denominada “bolsa blanca”, a la que definió como “el problema histórico de la semilla de soja”. Según dijo, el uso propio es una práctica legal, mientras que el circuito informal de semillas responde a déficits en los controles.
Respecto de la posibilidad de transferir funciones de control al sector privado, una alternativa que sugirió el ministro Sturzenegger en un programa de televisión, Sarnari señaló que la FAA no tiene una posición cerrada, aunque advirtió que el organismo estatal no debería perder su rol central. “No estamos ni a favor ni en contra. Puede haber acuerdos puntuales con privados, por ejemplo en materia de laboratorios, donde el Inase no tiene infraestructura. Pero el contralor en el territorio lo tiene que seguir ejerciendo el Inase”, manifestó.

Sobre ese punto dijo que el organismo tiene la capacidad de contralor en territorio, sobre los cultivos, la producción y la comercialización. “Lo ha hecho y es capaz de seguir haciéndolo. Hay que fortalecerlo. No queremos que se desarme; que siga teniendo el control. Después, si hay que acudir a algún privado para alguna colaboración, se puede acudir", añadió.
Respecto de las palabras del ministro Sturzenegger de que la “Argentina no está protegida por la propiedad intelectual”, la dirigente sostuvo que en la Argentina existe protección de la propiedad intelectual y que el pago por tecnología ya se realiza a través de la compra de semilla fiscalizada. “En la Argentina hay propiedad intelectual, está resguardada y se paga en la compra de la bolsa. Después hay uso propio, que es legal, y también hay un abuso de la bolsa blanca por falta de control del Inase”, explicó.
Recordó también que el organismo de control de semillas carece desde hace dos décadas de un consejo directivo previsto por ley. “Nunca se conformó. Solo se designa al presidente desde la Secretaría, pero el esquema institucional quedó incompleto”, afirmó.

Sobre el esquema de “uso propio”, la dirigente indicó que la propuesta de las entidades es mantener el pago de la tecnología en la compra de semilla y permitir el uso propio sin costo en una primera instancia, para luego evaluar mecanismos de pago sobre incrementos productivos. “Hasta ahí llegamos las entidades de productores. Sin eso no tuvimos respuesta”, señaló.
Advirtió, además, sobre la falta de previsibilidad en el sistema actual y la existencia de contratos entre privados que, según indicó, exceden lo establecido por la normativa vigente. "Alguien tiene que poner un límite y ese es el Estado. Estamos pidiendo que la ley sea de orden público para que esos límites se cumplan”, explicó.
En tanto que la propuesta del ruralismo busca equilibrar el reconocimiento de la propiedad intelectual con el uso propio. El esquema plantea que el productor pueda guardar semilla adquirida legalmente (como soja o trigo) pero pagando una retribución acordada por hasta tres multiplicaciones, con la opción de cancelar ese monto desde el inicio al comprar la bolsa. Al mismo tiempo, introduce un umbral de hasta 500 hectáreas con uso propio gratuito durante tres campañas y un sistema “incremental”, donde si se amplía la superficie sembrada más allá de la original, solo se paga por ese excedente.
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